Mientras que la opinión internacional se preocupa, y con razón, de la liberación de Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de la República de Colombia y se alegra de la liberacián de Clara Rojas y de Consuelo González de Perdomo, muy poca atención ha sido acordada al fenómeno masivo de personas desplazadas en ese país.

Después de Sudan (Darfour) y de Somalia, Colombia es el país más afectado por dicho problema, calificado por la Naciones Unidas de “crimen contra la humanidad”.

Hace poco tiempo, se realizó en el Parlamento colombiano, una sesión de un Tribunal Internacional de Opinión, que tuve la ocasión de presidir en colaboración con la Comisión de derechos humanos del Senado. Preparado por cinco sesiones regionales y acompañado de una abundante documentación, la sesión final del Tribunal pudo constatar el carácter dramático y masivo de una situación que afecta a más de un colombiano sobre ocho.

Los testimonios se sucedieron, todos ellos cargados de emotividad, los más conmovedores fueron los de aquellas personas que provenían de las poblaciones rurales: campesinos, comunidades indígenas y afro descendientes.

La guerra interna explica sin lugar a dudas el estado de la situación, pero de lejos la causa mas extendida es la concentración de las tierras en manos de los grandes terratenientes antiguos o nuevos o de empresas nacionales o multinacionales: monocultivos (especialmente la palma africana para los agro carburantes), minas (como la Anglogold Ashanty), petróleo (como Repsol, BP Oxy).

Los desplazamientos forzados se realizan con la ayuda del ejército y sobre todo de paramilitares y de las sociedades privadas de mercenarios, como en Irak. El número de personas masacradas se cuenta por miles.

La violencia del proceso es inaudita. Tuve la ocasión de verificarlo en la región del Chocó, cerca de la frontera panameña y también en la región de Arauca a lo largo de la frontera con Venezuela. A los campesinos que rechazan abandonar sus tierras, se les dice: “si no aceptan nuestras propuestas, negociaremos con sus viudas.” Los miembros del jurado del Tribunal Internacional fueron también amenazados de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras.

El preámbulo del veredicto del Tribunal explica el origen de ese fenómeno. El carácter masivo de desplazamientos forzados en Colombia fue escrito, enfatizando sobre el aspecto estructural de la crisis humanitaria que afecta a más de cuatro millones de personas, cifra ésta mucho más elevada que la de las estadísticas oficiales, que sólo toma en cuenta a aquellas personas que se han hecho registrar.

A partir de mediados de la década de los años 80, los narcotraficantes colombianos decidieron repatriar sus divisas al país y legalizarlas comprando grandes extensiones de las mejores tierras, las cuales fueron adquiridas de manera dudosa, recurriendo generalmente a la intimidación o a la expulsión.

Los carteles de los narcotraficantes como ciertos sectores de la oligarquía agraria, de la clase política y de los militares, crearon una nueva versión del paramilitarismo, argumentando la necesidad de luchar contra la guerrilla. Nace así una alianza, gracias a la cual los paramilitares eliminan los miembros de los partidos de oposición de izquierda y de los movimientos cívicos que luchan por una mejoría del nivel de vida de las poblaciones menos favorecidas, pudiendo continuar sus actividades ilícitas que financian una gran parte de las actividades políticas.

La apropiación ilegal de las tierras provoca su concentración y también la transformación de su uso. Así grandes extensiones de tierras agrícolas y de bosques fueron transformadas en campos ganaderos.

La oleada de desplazamientos forzados conoció una fuerte aumentación durante la primera mitad de la década de los años 90, cuando entraron en el juego las políticas neoliberales, facilitándole la entrada a las inversiones de las sociedades multinacionales que exigían la libertad de apropiarse de los espacios necesarios a los megaproyectos de tipo agrícola, minero, petrolero, portuario, turístico.

So pretexto de luchar contra las incursiones de la guerrilla, ya que en realidad se pretendía poder ejercer el control económico y político en ciertas regiones del país, fue creado en 1977 el “Plan Colombia”, estrategia militar financiada por los Estados Unidos. El numero de desplazados alcanzó cifras record. Bombardeos, arrestaciones masivas, criminalización de los movimientos sociales, fuerte presencia militar en ciertas regiones nos permiten comprender un tal crecimiento y la magnitud de la tragedia.

Al comienzo de este decenio, las cifras disminuyen pero siguen siendo elevadas. Ello se explica por el hecho de que inmensas extensiones de tierra han sido desocupadas de sus pobladores y que las necesidades no son tan grandes. El gobierno colombiano ha promocionado una legislación que legaliza las expropiaciones de los desplazados y asegura la impunidad a los nuevos propietarios: ley de desarrollo rural, ley de justicia y paz, ley de minas y petróleo, etc.

Tres series de actores fueron condenados por el Tribunal: el gobierno colombiano, como culpable de lo que se revela ser una política de Estado; los grandes propietarios de la tierra y las empresas nacionales e internacionales, implicadas en ese modelo de crecimiento económico; los gobiernos extranjeros, que directa o indirectamente apoyan al Estado colombiano, es decir los Estados Unidos con su ayuda militar y económica, la Unión Europea con sus programas de cooperación y otros estados que apoyan sus empresas nacionales en Colombia, como Canadá, España, Suiza, Francia.

El presidente Uribe explicó su solución, el mismo día del juicio del Tribunal, durante la visita de los miembros del Parlamento latinoamericano, declaro que “los problemas serán resueltos caso por caso”, lo que individualiza no solamente un problema estructural y marginaliza los movimientos sociales ya que el proceso será administrativo y no judicial, sino que conlleva igualmente a la impunidad de los responsables quienes además verán sus títulos de propiedad legalizados mediante otras disposiciones legales.

Claro que hay que liberar a Ingrid Betancourt inmediatamente. Pero la comunidad internacional podrá también ayudar a liberar los otros millones de colombianos que no tienen nombre.

Francios Houtart es sacerdote y sociólogo, profesor emérito de la Universidad de Lovaina La Nueva (Bélgica) y co-fundador del Forum Social Mundial.