“La magnitud del control que han adquirido a los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social, y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no es resulta exagerado de hablar de una progresiva paramilitarización de Colombia”.

Fueron las primeras frases de un editorial del diario El Tiempo que en varios sectores gubernamentales y del poder político colombiano causaron gran malestar. No era para extrañarse ya que en el congreso colombiano, el 35 por ciento es controlado por los paramilitares, según lo dicen ellos mismos.

La modalidad de obtener semejante poder es ejercer el terror, erradicar físicamente a toda oposición popular. Pero no ha sido posible sin la participación o la omisión del Estado colombiano.

En el mes de mayo Medellín fue una ilustración de cómo el poder paramilitar ha cobrado dimensiones que ese día sacudió la sociedad colombiana. El jefe narcoparamilitar “Don Berna” iba a ser detenido por ser sindicado por la fiscalía de haber ordenado el asesinato de un diputado liberal en el departamento de Córdoba, solo a unos kilómetros del lugar en donde se negocia el futuro de cuatro millones de hectáreas cuyos dueños son los once jefes paramilitares que están en la mesa de negociación con el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez.

Por eso paró Medellín en un-dos-por-tres. Ninguno de los transportistas sabían porqué Medellín se paró pero que si, la orden había llegado “de un grupo ilegal”. Sobra decir de quien.

El mismo proceso que Medellín pasó los últimos diez años se esta viviendo en Bogotá.

Los “reinsertados” paramilitares y los activos están creando redes y una estructura paramilitar en gran parte de la capital colombiana. Dos de estas localidades son Ciudad Bolívar y Alto de Cazuca, en el sur de Bogota, anteriormente bastiones de la guerrilla colombiana.

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Llegan con guantes blancos. Son los verdugos y si los ves con esos guantes sabes que ya han venido para matar.

Son más de 600 los que han sido asesinados desde 2003, solamente en la localidad de Cazuca que tiene 40.000 habitantes en 43 barrios ubicado en el municipio de Soacha.

Su vecino es Ciudad Bolívar con más de 700.000 habitantes. Casi cada noche es asesinado un joven, porque ser joven es equivalente de ser miliciano guerrillero o “pandillero”.

En el lujoso Hotel Tequendama, curiosamente propiedad del ejército colombiano, la organización de derechos humanos Justicia y Paz, ha convocado a una rueda de prensa que llena el gran local con más de 200 personas. Habla un representante franciscano de Ciudad Bolívar.

“En la localidad 19 de la Ciudad Bolívar 2004 ante la inmensa pobreza y la amenaza de los paramilitares el gobierno declara a diez barrios de alto riesgo. En mi Ciudad Bolívar existe una extraña y sádica forma de ver y entender la vida. Para la población de mi Ciudad Bolívar se ha vuelto normal que a los jóvenes que aparecen con problemas de adicción, indocumentados o por el simple hecho de ser jóvenes los hagan correr esposados delante de una moto ante la mirada de la policía con el temor de ser atropellado.”

“Se ha vuelto normal que a los jóvenes sean golpeados en cualquier CAI (puesto de policía), o se les amarren esposados al asta de la bandera nacional expuestos al escarnio publico.”

Dice el dirigente religioso con un marcado tono de tristeza en su voz.

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El gobierno del presidente Alvaro Uribe lo niega.

“Aquí no hay estructura para (militar)”, declaró categóricamente Juan David Angel director por el Programa de Reinserción de los grupos armados del Ministerio del Interior y de Justicia el 11 de mayo del 2005 para el diario El Tiempo.

La alcaldía de Bogota bajo el ex comunista (ahora socialdemócrata) Lucho Garzón no dice absolutamente nada pero llama a la gente de Ciudad Bolívar y Cazuca a tener confianza en las fuerzas militares y policiales e instala dos bases militares más en las dos localidades de Bogotá. Estos centenares de barrios necesitan inversiones sociales y sobre todo, fuentes de trabajo en vez de presupuesto militar que no genera ni trabajo ni bienestar sino una sociedad de miedo y de terror estatal, como expresa el dirigente franciscano.

¿¡Y como es posible gastar millones de dólares en más pie de guerra cuando un problema y derecho humano tan esencial como el derecho a la fuente de la vida, el agua, solo llega cada doce (12) días a la localidad de Cazuca!? donde han sido asesinados más de 600 jóvenes desde 2003.

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Para ver y conocer el tema más al fondo me fui a Cazuca con dos periodistas y guiados por funcionarios de la organización Justicia y Paz, dirigida por la Doctora Liliana Solano y el padre jesuita Javier Giraldo. Dos de mis guías hacen trabajo comunitario con los niños en Cazuca y me preguntan “¿Cuántos años crees tienen esas niñas”? y me indican tres niñas que calculo tienen más o menos 5-6 años.

“Tienen 9 años y están, como la mayoría de los niños y jóvenes en Cazuca muy desnutridos”, me responden y me dejan perplejos ante el hecho de que estas niñas deberían tener por lo menos 15 centímetros más de altura y talvez 10-15 kilos más de peso.

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Los graffiti avisan la muerte. Y los que no existen, según Juan David Angel, el encargado de Uribe, si existen, según los que viven en esos 40 barrios que el señor “Angel” jamás ha vivido en su ilustre infancia de la oligarquía antioqueña, rodeado de lujo, padres adinerados que lo colocaron en las mejores y más caras escuelas, colegios y universidades que tiene Colombia. Jamás se acostó en la noche, como las tres niñas y miles de otros niños en Cazuca y Ciudad Bolívar, con el estómago gritando y pidiendo un plato de arroz con huevo.

El crecimiento del señor Angel fue más que normal. Para el emisario de Uribe, igual como todo los personajes que rodean al presidente de “Gran corazón y mano dura”, la vida de Cazuca es algo extraño, casi folclórico pero que le toca negar cualquier tipo de actividad paramilitar en la zona que puedan cruzar los planes del presidente en su política de “seguridad democrática” y de “reinserción paramilitar”.

Basta de problemas que han causado periodistas atrevidos e investigadores que han desenmascarado los nexos para-estatales con los once jefes paramilitares que negocian su suerte en Santa Fe de Ralito. Allá no tiene ni tendrá una agenda política como la guerrilla sino solamente cómo se quedarán con la mayoría de las cuatro millones de hectáreas y la gran influencia política que ahora poseen y ejercen en Colombia. Olvídense de una propuesta de reforma agraria como fue el segundo punto en los doce puntos de la agenda en el proceso de paz FARC-Pastrana en la zona del despeje.

Pero los habitantes de Cazuca no entienden mucho de la “carreta” del representante uribista que dice que no hay estructura paramilitar en Bogota.

“No se puede salir por la tarde y nos toca acostarnos a las 8 de la noche y en donde todo tiene que estar apagado. Todos tenemos miedo de salir a la calle”

Lo dice una joven madre de 25 anos con dos hijos que tiene el coraje de hablar con nosotros, cosa peligrosa entre los aterrorizados pobladores. Esta lloviendo fuerte y el frío en los altos de Cazuca es cruel. La pobreza brilla en cada calle y esquina. Niños con gripe, desnutridos en estas localidades donde 90 por ciento de la gente pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, viven en la extrema pobreza.

Contrasta con la militarización que notamos cuando desviamos de la autopista sur donde hay tropa contraguerrillera apostada cada 30 metros y en donde entramos al barrio Julio Rincón, un legendario barrio construido por Provivienda, organización barrial del Partido Comunista Colombiano, PCC.

Esta organización ha construido más de 250 barrios en toda Colombia, legendaria por la toma de terreno en pleno centro de Bogota en la semana santa el 1966 donde la gente sin techo se vieron obligados a recorrer la última alternativa que tenían; ocupar para legalizar un terruño a seis cuadras de la sede presidencial.

Y resistieron la brutal contra-agresión estatal, mujeres obreras tirando baldes de agua hirviendo a la policía antimotines que venia ese viernes largo de la semana santa. Fue y es un bastión rojo del PCC desde esa época, dirigida por el legendario líder Mario Upegui, ahora alcalde por en la localidad de San Juan de Sumapaz.

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Para la mujer en Cazuca no hay duda alguna que los asesinos de sus barrios son los paramilitares. Para ella no cabe la menor duda que lo que existe es una estructura paramilitar.

“Hace poco mataron como a diez ahí abajo”, dice e indica donde. “Pueden llegar en cualquier momento y sacarte de la casa y matarte”, agrega.

¿Y la policía, pregunta la colega del Noticiero Uno?

“La policía viene cuando han pasado las cosas, ¿y para que?”, dice resignada la mujer.

El papel de la policía y el ejército en el sur de Bogotá despierta muchas inquietudes. Según un informe confidencial que un funcionario de la alcaldía de Lucho Garzón me facilitó, se ve un hilo común con lo de la militarización de los barrios altos de Ciudad Bolívar y de la localidad de Cazuca: El nexo para-estatal.

Es decir; donde han llegado las fuerzas militares-policiales ahí han llegado también los paramilitares con un dramático aumento de los homicidios de jóvenes.

Dice el informe “Ciudad Bolívar información de seguridad”:

“El 1º de abril del 2004 se instaló la Fuerza de Tarea de la Brigada XIII del Ejercito Nacional en Sierra Morena. El 1 de junio del 2004 el Cuerpo Elite de Acción contra el delito de la Policía Metropolitana entró en funcionamiento”

Las cifras que muestra este informe desenmascaran al fondo la “política de seguridad democrática” de Alvaro Uribe, intentando de convencer a la población colombiana, que entre más uniformados más seguridad personal. Cuando es lo contrario en el sur de Bogota.

Porque en el 2003 fueron asesinados 48, cifras que aumentaron a 63 personas los tres primeros meses el 2004. Los tres primeros meses del 2005, es decir bajo la “protección” de la FFAA en Ciudad Bolívar fueron asesinados nada menos que 87 jóvenes.

El informe interno de Lucho Garzón espanta:

“El 2005 es el trimestre más violento desde 1997 cuando se registraron 91 homicidios”, dice y se refiere a una época en cuando la policía fue acusada por asesinar indiscriminadamente a la juventud en Ciudad Bolívar, acusada por ser “auxiliadores a la guerrilla” o ser simples delincuentes.

Cuando el responsable, un coronel de la policía nacional, interrogado por los congresistas en octubre del 2004 se defendía diciendo que los homicidios son simples ajusticiamientos entre pandillas juveniles y que no existe para nada estructuras paramilitares.