.- La guerra abierta entre grupos paramilitares creados y financiados en su día por el estado colombiano, ha llevado al presidente Uribe y a la familia Santos (vicepresidente y ministro de defensa) a crear nuevos
para combatirlos. Al mismo tiempo los entresijos de la
empiezan a aclararse evidenciando un desprecio total por las leyes internacionales, por las que regulan el derecho humanitario, y por los acuerdos para la liberación de rehenes. Algunas organizaciones de periodistas independientes y de organizaciones humanitarias empiezan a protestar por el uso de identificaciones de Canal Sur, de la Cruz Roja, y de otras organizaciones humanitarias por los militares de Uribe.
, sin embargo, no dice una palabra de protesta por prácticas que ponen en riesgo a los profesionales de la prensa, y por acciones que han puesto en riesgo grave la vida de los rehenes.
Bogotá, 29 jul (PL) La muerte de un importante ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a manos de sicarios, reavivó aquí las preocupaciones sobre el desarrollo de una guerra entre bandas paramilitares emergentes.
Antonio López, alias Job, fue muerto la víspera a tiros en un lujoso restaurante de la ciudad de Medellín.
López fue un activo vocero de las ilegales AUC para impulsar el proceso de desmovilización de esas fuerzas y era considerado líder político del Bloque Cacique Nutibara, que dirigía Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de los más connotados jefes paramilitares.
No obstante, según informó el diario El Tiempo, Job mantuvo un fuerte poder en Medellín entre los paramilitares que no se desmovilizaron.
La fuente señaló que la muerte de Job puede formar parte de la guerra entre nuevos grupos paramilitares y de narcotraficantes que se disputan el control de los juegos de azar, extorsiones y rutas de narcotráfico.
La víspera se conoció que el gobierno desplegará fuerzas élites por todo el país para combatir a decenas de grupos paramilitares que proliferaron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esos grupos especiales estarán formados por miembros del Ejército, cuerpos de inteligencia y la Fiscalía.
La medida parece ser un reconocimiento tácito por las autoridades del resurgimiento de los grupos paramilitares, pues hasta ahora el ejecutivo sólo había insistido en que esas fuerzas ilegales se habían desmovilizado.
El resurgimiento de esas bandas, denunciado reiteradamente por organizaciones sociales y de derechos humanos, ha disparado los índices de violencia en por lo menos siete departamentos del país.
En los últimos dos años las autoridades informaron haber desmantelado 17 de por lo menos 33 bandas que se formaron después de la desmovilización de las AUC.
Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en la costa del Pacífico, Córdoba y Antioquia, en el norte, y Meta, en el centro, son los territorios con mayores cifras de homicidios por las disputas territoriales.
Periodistas estadounidenses preocupados por declaraciones de ministro Santos
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) - www.aporrea.org
29/07/08
Caracas, 29 Jul. ABN.- La organización estadounidense defensora de la libertad de prensa, The Committee to Protect Journalists (CPJ), expresó preocupación ante el hecho que fuerzas de seguridad colombianas se hayan hecho pasar por periodistas, específicamente de la televisora Telesur, durante la llamada 'Operación Jaque'.
En una misiva dirigida al ministro de la Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, el CPJ alerta sobre los riesgos que esta práctica puede causar a los periodistas, 'en particular para aquellos que cubren el conflicto civil de cinco décadas en regiones que son controladas por los grupos ilegales armados. En las áreas rurales, los periodistas son a menudo amenazados por guerrillas y paramilitares y presionados por autoridades civiles y militares'.
Indica que esta práctica afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra.
'Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público'.
A continuación la misiva enviada al ministro Santos:
29 de Julio de 2008
Juan Manuel Santos
Ministro de Defensa
Carrera 54 No. 26-25 CAN
Bogotá, Colombia
Estimado Señor Santos:
Tras la exitosa operación de rescate de rehenes del 2 de julio que culminó con la liberación de 15 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le escribimos para expresar nuestra preocupación por el hecho que fuerzas de seguridad se hayan hecho pasar por periodistas durante la misión. Nos alarma que fingir ser periodistas pueda hacer peligrar aún más a la ya asediada prensa colombiana.
Durante el rescate, dos soldados colombianos fingieron ser periodistas de la cadena de televisión estatal Telesur mientras otros pretendieron pasar por trabajadores humanitarios, como su gobierno luego reconoció. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Freddy Padilla De León, también afirmó que los soldados que participaron en la operación habían tomado clases de actuación para saber como hacerse pasar por guerrilleros, trabajadores humanitarios y periodistas.
El 23 de julio, durante una conferencia de prensa en Washington, usted aseguró que el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación. Entendemos lo que estaba en juego y reconocemos que 15 personas fueron rescatadas durante la operación, pero existen riesgos significativos al emplear dicha táctica:
Fingir ser periodistas eleva el riesgo para todos los reporteros, en particular para aquellos que cubren el conflicto civil de cinco décadas en regiones que son controladas por los grupos ilegales armados. En las áreas rurales, los periodistas son a menudo amenazados por guerrillas y paramilitares y presionados por autoridades civiles y militares, según la investigación del CPJ.
Afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra.
Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público.
Colombia sigue siendo uno de los países donde más periodistas han caído en cumplimiento de su trabajo en el mundo, y tiene el índice más alto de asesinatos de periodistas por porcentaje de población en toda América Latina, según el Índice de Impunidad elaborado por el CPJ. Más aún, los asesinatos y otros actos de violencia cometidos por todos los actores del conflicto han conducido a muchos periodistas y medios a autocensurarse mientras cubren temas sensibles, como lo documentó el CPJ en un informe especial de 2005.
Creemos que el hecho de hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías.
Instamos al gobierno de Colombia a considerar detenidamente las implicaciones de este tipo de práctica y a no minimizar las potenciales consecuencias que tiene para la prensa.
Le agradecemos su atención sobre estos temas urgentes. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo
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