La trasnacionalización y sus efectos

Los desafíos que plantea el tercer milenio a la antropología latinoamericana están íntimamente relacionados con las transformaciones que por más de cuatro décadas ha provocado en el ámbito mundial la transnacionalización neoliberal de la actual etapa de mundialización capitalista. Muchos de los procesos, actores y sujetos sociales que han sido de interés de la antropología: la desigualdad y la exclusión; los pueblos indígenas y sus autonomías que integran la cuestión étnico nacional; las dinámicas e identidades socioculturales; la relación entre lo local y lo global; la profundización de la violencia, el racismo y la xenofobia contra los migrantes; la cuestión agraria-campesina, --entre otros-- han sido marcados por los efectos de esta mundialización, que también ha significado un cambio notable en la naturaleza del Estado-nación y una verdadera transformación geopolítica del mundo. El desmantelamiento del Estado Benefactor y su transnacionalización ante la crisis de acumulación de los años 70, marca el inicio de las políticas neoliberales, junto a la revolución informática y de las comunicaciones que tiene lugar en estas décadas, así como la apertura de los mercados del antiguo bloque socialista, incluyendo China y Vietnam, por lo que no debe extrañarnos que la globalización misma se convierta en un tema especifico de la investigación antropológica por colegas como Marc Abélés2 o Arjun Appadurai3, quienes desarrollan temas como Estado-nación, ciudadanía, sociedad civil, terrorismo, violencia etnocida, entre otros. Por su parte, nuestros vecinos sociólogos refieren incluso a una mutación de las ciencias sociales.4

Se ha utilizado el término de “ocupación integral” para describir ese proceso globalizador y privatizador a través del cual de manera abierta o silenciosa las economías de nuestros países, todos los sectores y las ramas del Estado, el patrimonio cultural, los recursos naturales y estratégicos de nuestras naciones van siendo integrados a los tratados de “libre comercio”; a los planes como el Puebla Panamá, reciclado en el Proyecto Mesoamérica; a los intereses y condiciones impuestos por las grandes corporaciones transnacionales, bajo la protección y hegemonía política-militar de lo que Samir Amin denomina como “imperialismo colectivo”, que hoy predomina en el ámbito planetario encabezado por Estados Unidos de América5. Pablo González Casanova considera, precisamente, que la globalización actual es un proceso de dominación y apropiación del mundo.6

Teniendo un sustrato económico que abre las fronteras nacionales al capital transnacional, particularmente a su fracción financiera especulativa, para garantizarle condiciones óptimas de rentabilidad, la mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado. Contrario a lo que afirman los ideólogos neoliberales, el actual Estado nacional de competencia no se debilita; por el contrario, se fortalece en sus funciones e instituciones represivas para garantizar la estabilidad social a través del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo, y la criminalización de la protesta social.

El Estado transnacionalizado realiza reformas sustanciales en los marcos jurídicos para permitir la extraterritorialidad de las leyes de los países hegemónicos, particularmente, de Estados Unidos. Por exigencias de la Casa Blanca, por ejemplo, sin razón aparente y sin que se haya cometido un solo acto terrorista en México, el Senado mexicano, con obsecuencia, tipificó el delito de “terrorismo internacional”, sin que se incluyese en esta reforma la clasificación de “terrorismo de Estado”, que es el crimen en los espacios nacional e internacional más recurrente en los casos de las dictaduras militares del pasado y, en los últimos años, consumado por agentes de inteligencia, militares y mercenarios principalmente estadounidenses. Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y como resultado de la llamada “lucha contra el terrorismo”, se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar origen a procesos de militarización, paramilitarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población emigrante con y sin documentos, sobre vigilancia de la ciudadanía, detención de personas sin órdenes de arresto, utilización masiva de la tortura, secuestro de personas y traslado a prisiones clandestinas, cambios en los marcos jurídicos, como la llamada “Ley GESTAPO, en México, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de resistencias y disidentes políticos.

Morris Berman refiere en un reciente libro a la legalización de la tortura por parte del gobierno de Estados Unidos. Afirma:

“Desde Abu Ghraib, han habido revelaciones periódicas en la prensa sobre cómo la tortura americana es peor, y esta más extendida de lo que se pensaba. Empezaron a aparecer artículos con encabezados como el “El archipiélago militar de Estados Unidos” o “El mundo secreto de los interrogatorios de Estados Unidos”. Estos valerosos informes incluyen frases como “constelación mundial de centros de detención”, “compleja infraestructura de la CIA y militar” y “sistema global de detención dirigida por el Pentágono.” (Edad oscura americana. La fase final del imperio. México: Sexto Piso, 2006, p. 22.)

Recientemente la revista Proceso publicó un artículo de Leonardo Boix, “Prisiones Flotantes” en el que se denuncia que:

“Al menos unos 17 buques militares de Estados Unidos han sido utilizados, en su “guerra contra el terrorismo”, como “prisiones flotantes”. Un informe de la ONG londinense Reprieve identificó a casi una veintena de esos barcos en los que, dice, han sido retenidos, interrogados y torturados miles de “sospechosos” de actividades terroristas. El organismo calcula que por esas embarcaciones, que hasta ahora mantienen recluidos a un número indeterminado de “desaparecidos”, han pasado una 80 mil personas.” (Proceso, número 1652, 29 de junio de 2008, p. 46)

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El llamado “estado de derecho” en el capitalismo neoliberal se encuentra crecientemente determinado por los intereses generales del poder político-económico, en el contexto de la especificidad histórica del agravamiento de la lucha de clases y la exacerbación de las contradicciones entre el carácter mundial de la acumulación y la forma nacional de la dominación burguesa, que siempre han sido inmanentes al capitalismo. 7

A mayor conciencia y conflicto sociales, correlacionados con un mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, mayor violación de los derechos humanos y deterioro del estado de derecho. La desestructuración permanente del derecho público, privado, civil y penal, y sobre todo del derecho constitucional, proviene fundamentalmente de los poderosos que pueden operar las leyes, tienen el control real del aparato judicial, orientan la actuación del “constituyente permanente” (los congresos o parlamentos) y detentan el monopolio de la violencia considerada legal. En la actual etapa neoliberal, destaca el quebranto por parte de las propias autoridades en el cumplimiento de los marcos jurídicos vigentes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las cartas constitucionales, expresión formal de una determinada correlación de fuerzas sociales, casi siempre producto de cruentos procesos revolucionarios o de eclosiones socio-políticas, han sido sistemáticamente modificadas en los últimos 30 años en función de los intereses corporativos trasnacionales y los de sus socios que en el interior de nuestros países trabajan diligentemente para reformar o violentar las leyes, si es necesario, para hacer prevalecer la ganancia privada y mantener un entorno estable para el capital transnacional. Son paradigmáticos los ejemplos mexicanos de reforma al artículo 27 constitucional que pone en venta las tierras ejidales y comunales, y las actuales propuestas legislativas de privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La violación al estado de derecho tiene un efecto hacia abajo y asume características corporativas y clientelares. Al ser el Estado, la clase política y empresarial en general, y los llamados poderes fácticos, los primeros en violar el estado de derecho, ciudadanos, grupos gremiales, sindicatos, instituciones, asumen con frecuencia una práctica de violación de la ley: ocupan espacios públicos para provecho propio, incumplen las disposiciones administrativas elementales para la convivencia citadina y rural, corrompen y son corrompidos. La supremacía de los intereses privados por sobre los colectivos ocupa el lugar de la responsabilidad civil y el empoderamiento colectivo; se construye una cultura popular de la corrupción en la que honestidad es sinónimo de estupidez. Esta realidad inducida por el poder no tiene una intencionalidad moral sino política. Se trata de combatir a las resistencias a través no sólo de la represión sino también de la cooptación. Esta doble política busca que los movimientos populares antineoliberales se atemoricen o se vuelvan cómplices y aliados menores en la ocupación de nuestros países.

Esta globalización neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, reduciéndola a sus aspectos procedímentales, con la correspondiente crisis y descrédito de los procesos electorales mismos, las instituciones y los partidos políticos, incluyendo a los de la llamada “izquierda institucionalizada” que devienen útiles y funcionales al poder capitalista; pierden toda capacidad contestataria y trasformadora, son incapaces de sustraerse a su lógica, y asumen finalmente un papel de legitimación del sistema político imperante.8 Esta democracia se encuentra acotada y bien podría ser calificada como democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos e, incluso, cada vez mayor grado, por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Ana María Rivadeo plantea de esta manera la problemática de la democracia en la globalización neoliberal:

“El estado nacional actual se encuentra estructuralmente atravesado y dominado por la transnacionalización del capital, así como por la desarticulación, la exclusión y la violencia. Y en esta situación, el universalismo que se impone no es el de la democracia, sino el del capital que se globaliza.”9

Las políticas culturales de los Estados y la transnacionalización corporativa neoliberal a través de los medios masivos de comunicación, los monopolios turísticos y las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El patrimonio cultural, como memoria de las naciones en resistencia y de todos sus pueblos y componentes regionales; soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las elites políticas y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que frecuentemente habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo. En México, el gremio de antropólogos adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participa en una lucha en contra del vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que ha guardado esta institución cultural, y del despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por las políticas privatizadoras.

De esta manera, los antropólogos han profundizado, en el marco de las transformaciones de la transnacionalización neoliberal, en los avatares de la cuestión nacional, por ejemplo, a partir de la cual, la nación continua siendo el espacio de las luchas de resistencia y liberación social. Se desarrolla en esa línea de investigación uno de los conceptos, el de nación, que es fundamental para la investigación de la cuestión étnica contemporánea. Es imposible comprender el complejo y multifacético proceso de origen, desarrollo y características de las etnias o los pueblos originarios desde una perspectiva histórica, si no se parte del estudio de los procesos nacionalitarios que tienen lugar a partir del triunfo y consolidación de la burguesía como clase dominante en los países capitalistas metropolitanos y la extensión del fenómeno nacional a nivel planetario.

La antropología de este milenio que se inicia, cuenta –sin duda-- con los instrumentos analíticos para estudiar los medios de comunicación masiva y la forma como ellos conforman, metafóricamente, las “tropas ideológicas” que intentan someter a la opinión pública con la desinformación, la contra información y la propaganda abiertamente sistémica; se transforman en tribunales de facto en los que comunicadores, locutores, editorialistas, expertos y analistas políticos condenan sumariamente toda oposición al orden establecido. A esto se le ha denominado “dictadura o terrorismo mediáticos”, y a los mercenarios de los medios, “sicarios mediáticos”.

El compromiso social de los antropólogos

Me he extendido en la descripción de fenómenos que caracterizan la actual etapa de mundialización neoliberal, por la necesidad de identificar algunas de las temáticas en las que incursionan, o podrían interesarse los jóvenes antropólogos en la actualidad, a partir de una posición de compromiso social. Ya en otras participaciones recientes frente a estudiantes de antropología y sociología he planteado el dilema que se presenta a los científicos sociales en este momento crucial que nos ha tocado vivir. En esa dirección, uno de los supuestos básicos que guió la investigación del proyecto sobre las autonomías indígenas en América Latina, Latautonomy, sostiene que la antropología, como toda ciencia social, puede convertirse en un instrumento de dominación al servicio del Estado, siguiendo la lógica del poder; o, desde la perspectiva opuesta de la lógica de la resistencia, como un instrumento liberador de las clases subalternas.10 Partimos de la idea que el antropólogo, el científico social son --antes que nada-- intelectuales, definido este término en su sentido mínimo como un “individuo con capacidad crítica o de antagonismo en relación a cualquier tipo de poder. Lo que distingue a los intelectuales es su comportamiento radical y anticonformista.”11. Marx tenía como lema: “duda de todo”. Norberto Bobbio también considera que la crítica es uno de los atributos definitorios del intelectual12; mientras que Gramsci distingue, como es sabido, entre el intelectual del poder, el intelectual tradicional, y el intelectual orgánico que se desempeña en función de los intereses de los grupos subalternos y el cambio social: el dilema o disyuntiva se expresa entre: ex parte populi o ex parte principi13. Samir Amin lo plantea de esta manera:

“Tenemos a las personas que sostienen que nuestra sociedad necesita imperiosamente un pensamiento crítico que proporcione la comprensión de los mecanismos de cambio, un pensamiento capaz a su vez de influir en ese cambio en una dirección que libere a la sociedad de la alienación capitalista y de sus trágicas consecuencias. En la medida en que tal cosa compete a la inmensa mayoría de la humanidad (los pueblos de Asía, África y América Latina), esta necesidad resulta vital, puesto que esos pueblos experimentan en el presente el capitalismo como una forma pura y simple de depredación. Por consiguiente, propongo distinguir entre aquellos que denomino operadores mentales, que sirven al aparato ideológico establecido, y los que pueden considerarse genuinamente parte de la intelectualidad”14

También, Esteban Krotz llama a recuperar la dimensión ética desde y para la antropología15, criticando la “fascinación con que ciertos enfoques llamados “postmodernos” celebran la “diferencia” exactamente donde se incrementan día a día la desigualdad y la exclusión” – y se pregunta-- ¿Podemos simplemente registrar esta situación y construir conocimientos científicos, instituciones académicas y carreras profesionales sobre ella sin dejarnos interpelar por ella, sin intervenir en ella?16 Krotz, sin embargo, advierte con razón sobre los excesivos grados de politización o ideologización de la antropología que se dieron en las últimas décadas del siglo pasado en México.

En otro trabajo17, me referí a la influencia en un sector de nuestra generación de antropólogos de la opción por una disciplina comprometida con su realidad social, y describí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de los años sesenta:

“Como un espacio político en el que tenía lugar una confrontación directa con el Estado mexicano no sólo por la participación mayoritaria de sus estudiantes en el Movimiento Estudiantil de 1968 (hasta su dramática culminación represiva en Tlaltelolco, hace ya 40 años) y por la presencia notoria de células del Partido Comunista Mexicano y otras organizaciones revolucionarias de variada naturaleza, si no también por la acalorada reacción y debate del alumnado frente a lo que considerábamos como corrientes oficialistas de la antropología, representadas en muchos casos por algunos de nuestros profesores, o por referentes próximos en las instituciones del Estado.”18

Estos antropólogos en ciernes criticamos la utilización de la antropología definida por Manuel Gamio como “la ciencia del buen gobierno”. En contraste, la antropóloga Katthleen Gough la calificó en 1967, de “hija del imperialismo occidental”19. En consecuencia, tuvo lugar una ruptura generacional con las corrientes indigenistas imperantes en esos años20, así como con la concepción de nuestra disciplina como un catálogo minucioso de conductas exóticas, una descripción monográfica de instituciones, imaginarios y anécdotas de los grupos explotados y colonizados del mundo.21

Este sector crítico de nuestra generación participó, por ejemplo, en investigaciones colectivas tendientes a denunciar el trabajo de penetración ideológica, política e incluso de inteligencia, del Instituto Lingüístico de Verano (ILV)22 en las comunidades indígenas de México; organizó el Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas (CLALI), un primer esfuerzo para apoyar desde la antropología a las resistencias de los pueblos indígenas. Asimismo, se participó en investigaciones relacionadas con acciones concretas de procesos revolucionarios en Centroamérica23, con luchas específicas de los pueblos indios y con sus movimientos autonómicos en México y América Latina.

La utilización mercenaria de la antropología

En el otro polo equidistante tenemos un ejemplo muy reciente de la utilización de la ciencia social por parte del complejo militar de Estados Unidos, mismo que analicé en un artículo publicado bajo el título de “Antropología, contrainsurgencia y terrorismo global”24. Este trabajo da cuenta de los equipos integrados por antropólogos y otros científicos sociales para su utilización permanente en unidades de combate de las tropas de ocupación de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Este singular involucramiento de las ciencias sociales en el esfuerzo bélico estadounidense no es el primero en su género25. Recordemos que durante la segunda guerra mundial, Ruth Benedict y otros antropólogos estadounidenses trabajaron para la Oficina de Información de Guerra, antecesor de la CIA, en un contexto diferente pues se trataba de la lucha contra el eje nazi fascista. De esta relación con el aparato de inteligencia de Estados Unidos resulta el conocido libro de Benedict, El Crisantemo y la espada, que versa sobre la cultura japonesa.

En el proceso de investigación sobre los pueblos indios como objeto de las estrategias de contrainsurgencia por parte del Estado, algunos antropólogos estudian a las fuerzas armadas en la actual globalización neoliberal, y como éstas son cuidadosamente preparadas para la “guerra interna”, creando incluso grupos paramilitares que realizan el trabajo de la guerra sucia.26 Desde los tiempos de las escuelas militares panamericanas dirigidas por Estados Unidos, los ejércitos han pasado a ser verdaderos fuerzas de ocupación emplazadas en vastas regiones de nuestros países y en prácticamente todas las regiones indígenas. Muchos de sus altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al gran capital, en formas directas o indirectas. La dependencia y vinculación de las fuerzas armadas mexicanas, por ejemplo, con las estrategias militares y de inteligencia de Estados Unidos, en el marco del Acuerdo para Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la recientemente decretada “Iniciativa Mérida” (una versión del Plan Colombia para México y Centroamérica), y a través de la asistencia, entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país a sus contrapartes locales, han cerrado el círculo de la dependencia de México en el terreno militar, de seguridad e inteligencia.

Conclusión

Lejos están los practicantes de la antropología de sustraerse a los imperativos éticos que como ciudadanos y científicos sociales nos determinan en un mundo que no avanza en la solución de los problemas seculares que asolan a la mayoría de los seres humanos. Por el contrario, la transnacionalización neoliberal ha agravado a tal grado las condiciones de la vida en el planeta, que muchos analistas consideran que estamos al borde mismo de una crisis o colapso civilizatorio que pone en riesgo la existencia misma de la humanidad.

Hace cuatro decadas, Kathleen Gough expresó:

“la ciencia social, como toda ciencia, deviene moral y socialmente sin sentido o dañina, si sus habilidades y conocimientos no son periódicamente referidos a la pregunta: ¿Con que propósito la ciencia y para quien? Si nosotros dejamos de lado este interrogante, abandonamos la búsqueda de sabiduría y renunciamos a ser intelectuales en el sentido significativo del término. Con la perdida de responsabilidad para nuestro aprendizaje, dejamos también de ser sociales, y por consiguiente humanos” 27

Esta reflexión, esta más vigente que nunca.