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General: Puro cuento del caballito de Troya.
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| De: matilda (Mensaje original) |
Enviado: 24/09/2008 05:01 |
Human Rights Watch: la verdad socavada
 La Democracia / inSurGente.- Human Right Wartch lleva décadas centrando el grueso de sus críticas y campañas en los países no alineados a Washington. Este artículo indaga en las raíces de HRW, su supuesta independencia al gobierno de EEUU y algunas de sus más polémicas campañas.
La Democracia/ inSurGente.-
El 18 de septiembre, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) emitió un informe titulado “Una década de Chávez”, cuyo objetivo es cumplir con la misión tarifada de validar las acusaciones norteamericanas sobre los derechos humanos contra el gobierno bolivariano. Los autores de un extenso informe sobre derechos humanos en Venezuela son expulsados del país; tal acción se corresponde en una respuesta del gobierno nacional ante dicha agresión a la soberanía nacional. Tras la rueda de prensa que dieron en Caracas, José Miguel Vivanco, encargado para América Latina de la organización, y Daniel Wilkinson, responsable del informe, han sido expulsados de Venezuela por la Cancillería y por el Ministro del Interior y Justicia. Como se les dio a conocer al conducirles al aeropuerto internacional de Maiquetía, no podrán regresar al país para replicar sus mentiras, al haber violado sus derechos legales como turistas, para violentar la soberanía nacional e insultar a las instituciones constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Un apéndice de la injerencia imperial En un voluminoso libro de casi 300 páginas, la organización estadounidense pretende retratar una década de revolución bolivariana, bajo el “equilibrado” subtítulo de Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, se trata de un nuevo ejercicio orientado a atacar sin fundamento el proceso revolucionario, mediante la manipulación deliberada de la realidad y del propio derecho internacional. Con su divulgación, Human Rights Watch pone una vez más al descubierto que no es más que uno de tantos apéndices de la injerencia estadounidense, que opera bajo la mascarada de ONG. Para replicar la eterna cantinela del gobierno de Bush, la supuesta organización independiente revisa y refuerza las acusaciones e infamias que a diario llenan los titulares de la prensa de oposición, así como los pronunciamientos y reportes de Washington. En esta ocasión, las baterías se enfilan hacia la presunta discriminación política, la independencia de poderes, la libertad de expresión y los medios de comunicación y la libertad sindical. Para ello, la “ONG” traza un retrato deliberada y grotescamente desfigurado de la realidad nacional, pretendiendo acomodarla al guión impuesto por Washington y su agenda de intervención. Cabe destacar que la publicación del informe coincide con la expulsión de Venezuela del embajador norteamericano y, al igual que en ocasiones anteriores, es dado a conocer en vísperas de un nuevo proceso electoral. Expulsión y regreso al comando central Mediante un breve comunicado, el Gobierno ha informado en la noche del jueves a los responsables de la rueda de prensa su decisión de expulsarlos del país, luego de que agredieran a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país. La decisión, tomada en base a los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, incluye la prohibición de retorno para ambos personajes de la injerencia imperial. Mediante un ajustado retrato de la realidad, la Cancillería y el Ministro del Interior informaron a los sujetos que la medida se ajustaba a la política de Estado de defender a la nación de las “agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América” –aunque actúen bajo la falsa mascarada de defensores de derechos humanos. La distorsión deliberada de la realidad Venezuela presenta en la actualidad uno de los récords de derechos humanos más impresionantes. Aunque queda mucho por hacer, la mayoría de las garantías de la Constitución de 1999 han sido implementadas, particularmente en relación con las necesidades fundamentales de los ciudadanos – como lo son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo y a la participación. Como sucede con todas las organizaciones que comparten y defienden la visión capitalista, HRW omite toda referencia a estos progresos, desconociendo los informes internacionales que los certifican. Entre otros avales negados por la organización, destacan la certificación por parte del PNUD del progreso general y el logro adelantado en el cumplimiento de varias Metas del Milenio – de manera particular, la certificación de que la pobreza extrema disminuyó en un 54% respecto de 1998, y la disminución de la pobreza en general en un 34%. Asimismo, HRW omite otras numerosas fuentes internacionales de derechos humanos, cuyos métodos de evaluación no responden a los intereses del gobierno, pero que sin embargo han certificado ampliamente los progresos logrados por el gobierno bolivariano. Entre ellos, cabe destacar la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por parte de la UNESCO; la evaluación positiva por parte de la Organización Mundial de la Salud del programa de salud primara Barrio Adentro; la certificación de los avances en materia de refugio por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio; el respaldo de la Organización de las Naciones para la Alimentación a las políticas en materia de seguridad y soberanía alimentarias; y el reconocimiento de los avances en materia de derechos de pueblos indígenas por parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. El cuento de la independencia de poderes Entre otros señalamientos, HRW asegura que el gobierno de Chávez irrespeta el principio de la separación de poderes –específicamente, en relación con el Poder Judicial. La propia organización escribió en un reporte anterior que cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó un poder judicial plagado por años de interferencias políticas y corrupción, que calificó de “en bancarrota” bajo la perspectiva de la credibilidad. No obstante, reconoció que bajo Chávez, el acceso a la justicia se había visto mejorado, gracias a la expansión de las cortes. También el Banco Mundial señaló que la reforma judicial había permitido progresos significativos, destacando que el Tribunal Supremo de Justicia era “más moderno y eficiente”. Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un reciente fallo que no hay indicio alguno de que el Poder Judicial carezca de independencia – el principal argumento político sobre el que se ha sustentado toda la estrategia de acoso a la República en materia judicial, y que se quedó huérfana de justificación por mandato del alto organismo interamericano. No obstante, HRW, que se califica a sí misma de organización de derechos humanos, parece no haberse enterado. En materia de independencia electoral, las innumerables consultas electorales que han tenido lugar en el país han sido sistemáticamente calificadas de transparentes por observadores internacionales de toda la geografía mundial – incluyendo los de organismos como la Organización de Estados Americanos. Otra prueba incontrovertible de la vigorosidad de la independencia de poderes en la Venezuela bolivariana fue la derrota que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el propio presidente sufrió en el referendo del pasado mes de diciembre – así como su escrupuloso reconocimiento por parte del mandatario. La presunta discriminación política La organización señala que la discriminación política es una de las “características principales” de la presidencia de Hugo Chávez. Considera correctamente que el golpe de 2002 contra el gobierno democrático fue el ’retroceso más dramático’ de derechos humanos en la década pasada. No obstante, critica la condena que el propio Presidente Chávez ha realizado de su derrocamiento y califica sus opiniones de ejemplos de “discriminación política” contra la oposición. Con la replicación de este lugar común de los sectores que se oponen al primer mandatario, la organización contradice sus declaraciones de años pasados, cuando reconoció ampliamente el derecho del Presidente y sus seguidores de responder al lenguaje desproporcionado de sus adversarios políticos. Asimismo, parece señalar que la forma de “respetar” los derechos de la oposición es mediante la negación del derecho de libre expresión del primer mandatario. Por otra parte, la organización omite la promulgación de un Decreto presidencial que a finales del año pasado perdonó a los participantes del golpe de abril de 2002, así como del resto de intentonas orientadas a derrocar al gobierno democrático, que no hubieran incurrido en violaciones a derechos humanos. “Se trata de pasar la página”, señaló en esa ocasión Chávez. ’Queremos que haya un debate político e ideológico fuerte, pero pacífico.” La cantinela de la libertad de expresión Recogiendo una acusación ya consuetudinaria en los informes de organizaciones afines a los intereses del Departamento de Estado, HRW asegura que Chávez ha afectado el balance de los medios de comunicación a favor del gobierno, presionando a los medios opositores críticos. No obstante, al igual que durante el golpe de 2002 contra Chávez, la mayoría de medios de comunicación en Venezuela sigue bajo el dominio de sectores de oposición. Los medios “antigubernamentales” a los que se refiere HRW siguen ostentando la mayoría de las frecuencias radioeléctricas, y la práctica totalidad de diarios nacionales siguen llenando los kioscos del país de titulares amarillistas y antigubernamentales. En la mayoría de los casos, sus coberturas siguen incluyendo un esfuerzo permanente de desestabilización de los procesos democráticos, en desmedro de los principios básicos de la comunicación periodística. A su vez, la creación por el gobierno de nuevos canales de televisión de uso público responden a los objetivos de desarrollo de la oferta comunicacional, en base a los valores constitucionales. Su creación no ha evitado que los principales canales opositores sigan usando la frecuencia para atacar abiertamente al gobierno. Por otra parte, en 10 años de gobierno, no ha habido en Venezuela un solo caso de censura ni de cierre de medios opositores. En el caso del canal privado RCTV, el gobierno, en ejercicio de una prerrogativa legal como administrador del espectro radioeléctrico, negó la solicitud de renovación de la concesión de uso de la frecuencia radioeléctrica, luego de que los dueños de ese medio abusaran de manera permanente de sus derechos. Libertad de asociación sindical y de la sociedad civil HRW asegura que el gobierno de Chávez ha violado la libertad de asociación de los trabajadores, buscando controlar la organización sindical. No obstante, en los últimos diez años se ha promovido activamente la formación de sindicatos y la contratación colectiva, y en modo alguno el sector ha sido cooptado. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) fue fundada en abril 2003 por trabajadores que apoyan el proceso político impulsado por el gobierno, pero desde entonces han mantenido un liderazgo sindical independiente – como lo muestran sus múltiples pronunciamientos en conflictos laborales particulares. Por otra parte, las falsas acusaciones que presentó por años la Central de Trabajadores de Venezuela la Organización Internacional del Trabajo fueron finalmente desechadas. En la actualidad, no reposan casos sustanciales contra el gobierno nacional en dicho organismo. A su vez, el líder principal de esa organización se encuentra fugado de la justicia, luego de haber liderado por años la campaña de desestabilización de la democracia y la economía nacionales. Finalmente, HRW asegura que el gobierno de Chávez ha perseguido una política “agresiva” contra las organizaciones locales de derechos humanos y de la sociedad civil No obstante, bajo el gobierno de Chávez, las denuncias sobre derechos humanos se han vuelto pan diario en los medios de comunicación opositores. Complementariamente, la organización popular y comunitaria con fines sociales ha conocido un crecimiento desconocido en la historia nacional. El gobierno ha promovido la creación de consejos comunales para promover la participación directa de la población en la gestión pública, asegurando una democratización inédita del poder público. La población tiene ahora la oportunidad de incorporarse así mismo a las dinámicas de contraloría social de las políticas públicas conocidas como misiones, así como a la gestión de los servicios básicos locales. El Caballo de Troya En los inicios de la confrontación política, Human Rights Watch (HRW) fue la organización internacional no gubernamental de derechos humanos que informó de manera más balanceada sobre la situación en Venezuela. En sus informes y comunicados, reconoció la actitud antidemocrática y desestabilizadora de la oposición y sus medios de desinformación, refutó las acusaciones sobre la presunta vulneración de la libertad de expresión, y destacó en múltiples ocasiones la vigencia de la democracia. Abril 2002: HRW denunció el golpe pero avaló la dictadura El 12 de abril, HRW divulgó un comunicado reconociendo “el derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez Frías” y la amenaza que representaba para “los derechos humanos y el estado de derecho”, y manifestó su preocupación por “la posibilidad” de que Chávez no hubiera dejado el cargo voluntariamente. La condena al golpe de Estado se vio matizada por medio del reconocimiento de las “autoridades de transición” y por la demanda de que las mismas “respetaran” las normas de derecho en sus acciones – extremo legal que no estaban en condiciones de cumplir, luego de que sus acciones hubieran barrido con la legalidad democrática en el país. De dicho comunicado se deduce que la organización no consideraba conculcado el Estado de Derecho; y que no condenó “rotundamente” el atentado contra el orden constitucional del país, como pretendió hacer ver posteriormente. Cambio de seña En 2003, HRW adelantó una enérgica campaña en contra de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y convalidó las falsas acusaciones sobre sus supuestas amenazas a la libertad de expresión. Además de basar su análisis en una abierta manipulación del derecho internacional vinculado a la responsabilidad de medios de comunicación en el ejercicio de sus derechos, su actuación se orientó por el desconocimiento del principio de separación de poderes, al hacer llamados al Presidente a intervenir en un proceso del que se encargó el Poder Legislativo. Durante las acciones violentas de la oposición de febrero y marzo de 2004 (conocidas como “guarimbas”), HRW puso de nuevo en evidencia su parcialidad, al pronunciarse sin revisar el comportamiento violento de los manifestantes y los objetivos desestabilizadores de sus líderes, así como de los medios de comunicación opositores. Ese mismo año, con su “campaña” contra la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, HRW perdió completamente su pretendida condición de fungir de “observatorio de derechos humanos”, para convertirse en agente político de injerencia externa. Campaña contra la Ley del TSJ: la agenda del departamento de Estado En junio de 2004, HRW presentó un informe sobre la Ley del TSJ, en el que denunciaba la supuesta politización de la justicia y el supuesto poder de la nueva ley para “purgar y coptar” de adeptos el TSJ, a partir de argumentos desconocedores de los principios democráticos. Además de tergiversar completamente los contenidos de la ley y la realidad del Poder Judicial, el informe se orientó a promover la injerencia extranjera, al demandar la aplicación de la Carta Democrática y el bloqueo en las políticas de cooperación internacional por parte de las agencias multilaterales del capitalismo global. En ocasión de esta campaña, la agencia estadounidense Stratfor, de tendencia imperialista y ultraderechista, reconoció que la estrategia parcializada de HRW respondía a la agenda del Departamento de Estado. Para defenderse de las críticas, HRW afirmó ser uno de “los críticos más rigurosos de las políticas norteamericanas que afectan la protección de los derechos humanos”. Sin embargo, la organización nunca se ha pronunciado acerca del total sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo en esa república – incluido el nombramiento directo por parte del Presidente de los magistrados de la Corte Suprema y de las cortes federales, así como del Fiscal General y de los fiscales federales. |
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Enviado: 24/09/2008 08:52 |
Antonini confirma que había otra maleta con $4.2 millones en el avión language=Javascript> function PopupPic(sPicURL, sHeight, sWidth) { window.open( "/static/popup.html?"+sPicURL, "", "resizable=1,HEIGHT=" +sHeight+ ",WIDTH=" +sWidth); } AP Guido Alejandro Antonini Wilson abandona el tribunal federal de Miami el martes 23 de septiembre del 2008 en Miami. El testigo estrella del caso de la valija, Alejandro Antonini, declaró el martes en una corte federal de Miami que el avión en que aterrizó en un aeropuerto de Buenos Aires en agosto del año pasado, transportaba una segunda maleta con $4.2 millones, además del maletín de $800,000 que le fue confiscado. Antonini no reveló el destino del dinero, pero afirmó que un alto funcionario de Argentina le agradeció, en nombre de ese país, que se hubiera declarado formalmente dueño de la valija con los $800,000 ante funcionarios aduanales del aeropuerto Jorge Newbery, que lo retuvieron en la madrugada del 4 de agosto. Durante su esperado testimonio el martes, Antonini aseguró que no era el dueño del maletín con los $800,000 y que se enteró después que en el equipaje se había transportado más dinero en efectivo. El avión, que había salido de Caracas, transportó una comitiva de ejecutivos de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA y funcionarios argentinos entre quienes se encontraba Claudio Uberti, un importante enlace de ese gobierno con el de Venezuela en asuntos petroleros. "Claudio Uberti me ofreció todo lo que quisiera en Argentina y me dijo que yo le había hecho un gran favor a él y al país'', afirmó Antonini. La fiscalía federal del sur de la Florida y otro de sus testigos clave, el abogado venezolano Moisés Maiónica, han dicho que los $800,000 salieron del gobierno de Venezuela con destino a la campaña de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Aunque algunos testigos de la fiscalía habían revelado que hubo más envíos para la campaña de Fernández, hasta ahora el gobierno no había hecho ninguna alusión a los $4.2 millones. La revelación fue publicada hace dos semanas en el diario argentino La Nación basándose en fuentes no identificadas. Antonini se enteró de la valija adicional con los $4.2 millones al reunirse en Buenos Aires con Diego Uzcátegui, entonces director de PDVSA en Argentina, un día después del fiasco de la confiscación, explicó Antonini. En esa oportunidad Uzcátegui le preguntó dónde estaba "el resto del dinero'' a lo que Antonini respondió que no sabía de qué estaba hablando. "Los $4.2 millones, me dijo'', declaró Antonini. Uzcátegui le explicó que él ya estaba "harto'' de hacer viajes con dinero en maletas más grandes y que el problema lo deberían solucionar "los argentinos''. "Ellos [los argentinos] la embarraron y tienen que arreglarlo'', dijo Uzcátegui, según Antonini. Al explicar el tamaño de las maletas descritas por Uzcátegui, Antonini, quien estaba sentado rindiendo su testimonio, dio a entender que tenían una altura que llegaba casi hasta sus hombros. El testimonio de Antonini se produjo en la tercera semana de juicio contra al empresario venezolano Franklin Durán, acusado de actuar ilegalmente como agente extranjero de Venezuela, en una conspiración dirigida a silenciar a Antonini para que no revelara el origen ni el destino del dinero. Según Antonini, sus entonces amigos y socios Durán y el empresario venezolano Carlos Kauffman, acusado en la misma causa, le ofrecieron en Miami un avión ejecutivo para salir de Estados Unidos hacia Israel o España a raíz del escándalo. Antonini se quejaba de que estaba acosado por los medios de comunicación en Miami que lo buscaban para conocer su versión sobre la valija. "Yo no acepté [el ofrecimiento del avión] porque el dinero [de la valija] no era mío'', insistió Antonini. Aconsejado por su abogada Teresa Van Vliet, Antonini decidió cooperar con el FBI el 16 de agosto en una operación que culminó con el encausamiento de Durán, Kauffman, Maiónica, Rodolfo Wanseele y José Canchica. Con unos 30 kilos menos de peso en comparación con las fotografías de él que se han divulgado y vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata vino tinto, Antonini respondió en inglés al interrogatorio del fiscal del caso Tom Mulvihill. El fuerte acento del empresario y su bajo tono de voz, dificultaron la tarea de la transcriptora de la corte y provocaron varios reclamos del abogado de la defensa, Ed Shohat. De acuerdo con el testimonio de Antonini los hechos que rodearon la confiscación de la valija ocurrieron así: Antonini, quien se presentó en la audiencia como un hombre de negocios de ciudadanía estadounidense y residente de Key Biscayne, viajó a Caracas el dos de agosto del año pasado para asistir a un asado de un amigo en esa ciudad. Durante un almuerzo al día siguiente en un restaurante español con Uberti y funcionarios de PDVSA, la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, le comentó que se había abierto una licitación en Argentina para el suministro de tubería del Gasoducto del Sur, un proyecto del presidente Hugo Chávez, que pretende llevar gas desde el oriente de Venezuela a Argentina a través de Brasil. Bereziuk le explicó que sería una muy buena oportunidad para conocer los detalles del negocio que hablara con su jefe durante un vuelo programado para salir el día siguiente a Buenos Aires. Antonini, quien expresó interés en la licitación, aceptó la invitación y se embarcó en un avión ejecutivo Cessna Citation que salió alrededor de las 9 p.m. del hangar de PDVSA en el aeropuerto de Maiquetía con una comitiva de ambos países. Los demás pasajeros eran: Exequiel Espinosa, presidente de la petrolera argentina Enarsa; Diego Uzcátegui y su hijo Daniel de 19 años, y los funcionarios de PDVSA Nelli Cardozo, asesora jurídica; José Avila Driet, de protocolo y Ruth Behrens, empleada de las oficinas en Uruguay, además de Uberti y Bereziuk. Durante el vuelo Antonini no tocó el tema del negocio con Uberti debido a que el avión atravesó por una fuerte turbulencia casi todo el tiempo de vuelo. Luego se entretuvieron con una película. Al llegar en la madrugada al aeropuerto, los pasajeros fueron recogidos por un automóvil privado que los transportó a la zona de aduanas. Antonini llevaba consigo un maletín personal y una maleta en la bodega de la aeronave. A los 15 minutos de llegar a la zona de aduanas, los pasajeros recibieron en masa el equipaje. Antonini aseguró que cuando ayudaba a pasar uno de los maletines, una funcionaria le preguntó por su contenido. El respondió que no sabía pero que estaba pesado. La funcionaria le pidió que lo abriera sobre una mesa y cuando lo hizo, quedó a la vista el dinero en efectivo. "Uberti estaba al lado mío, yo lo miré, y el alzó los hombros como diciendo no sé'', relató Antonini. En ese momento los demás pasajeros estaban fumando unos y otros montados en un automóvil que los llevaría a la ciudad. Un policía dijo que quería inspeccionar todas las maletas, "pero nadie le prestó atención'', recordó Antonini, quien se quedó en el terminal en compañía de Daniel Uzcátegui, el hijo del alto funcionario de PDVSA. Los demás pasajeros se marcharon. Antonini fue trasladado a la terminal comercial del aeropuerto donde las autoridades iniciaron al conteo del dinero y le entregaron una formulario para que se hiciera responsable de los fondos incautados. "Yo le decía a ella [la funcionaria de Aduanas] que el dinero no era mío, pero ella estaba furiosa y me dijo que me callara'', relató Antonini. No es muy claro cómo ocurrió, pero Antonini relató que en un momento vio que Daniel Uzcátegui sacaba dinero del maletín y lo guardaba en su chaqueta. Antonini admitió que tomó $3,000 que luego entregó al FBI. El empresario firmó la declaración mediante la cual se responsabilizó del dinero confiscado. "Era la única manera de salir de allí'', aseguró Antonini. En el formulario consignó que vivía en Venezuela y escribió como dirección de su domicilio un apartamento de Durán en Caracas en el que solía hospedarse. Aceptó que mintió en la información porque no quería que las autoridades se enteraran de que era ciudadano estadounidense. Finalmente Antonini salió a Buenos Aires en compañía de Daniel Uzcátegui y se hospedó en el Hotel Sofitel. En el vestíbulo del hotel se reunió con Diego Uzcátegui, a quien le reclamó por el problema en el que lo había involucrado. "¿Como me metiste en esto?, le pregunté y me respondió que ‘yo sé como arreglarlo''. |
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De: matilda |
Enviado: 24/09/2008 12:39 |
A esta hora te toca hacer de troll?i,ji mati |
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De: matilda |
Enviado: 24/09/2008 16:26 |
Human Rights Watch: la verdad socavada
La Democracia / inSurGente.- Human Right Wartch lleva décadas centrando el grueso de sus críticas y campañas en los países no alineados a Washington. Este artículo indaga en las raíces de HRW, su supuesta independencia al gobierno de EEUU y algunas de sus más polémicas campañas.
La Democracia/ inSurGente.-
El 18 de septiembre, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) emitió un informe titulado “Una década de Chávez”, cuyo objetivo es cumplir con la misión tarifada de validar las acusaciones norteamericanas sobre los derechos humanos contra el gobierno bolivariano. Los autores de un extenso informe sobre derechos humanos en Venezuela son expulsados del país; tal acción se corresponde en una respuesta del gobierno nacional ante dicha agresión a la soberanía nacional. Tras la rueda de prensa que dieron en Caracas, José Miguel Vivanco, encargado para América Latina de la organización, y Daniel Wilkinson, responsable del informe, han sido expulsados de Venezuela por la Cancillería y por el Ministro del Interior y Justicia. Como se les dio a conocer al conducirles al aeropuerto internacional de Maiquetía, no podrán regresar al país para replicar sus mentiras, al haber violado sus derechos legales como turistas, para violentar la soberanía nacional e insultar a las instituciones constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Un apéndice de la injerencia imperial En un voluminoso libro de casi 300 páginas, la organización estadounidense pretende retratar una década de revolución bolivariana, bajo el “equilibrado” subtítulo de Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, se trata de un nuevo ejercicio orientado a atacar sin fundamento el proceso revolucionario, mediante la manipulación deliberada de la realidad y del propio derecho internacional. Con su divulgación, Human Rights Watch pone una vez más al descubierto que no es más que uno de tantos apéndices de la injerencia estadounidense, que opera bajo la mascarada de ONG. Para replicar la eterna cantinela del gobierno de Bush, la supuesta organización independiente revisa y refuerza las acusaciones e infamias que a diario llenan los titulares de la prensa de oposición, así como los pronunciamientos y reportes de Washington. En esta ocasión, las baterías se enfilan hacia la presunta discriminación política, la independencia de poderes, la libertad de expresión y los medios de comunicación y la libertad sindical. Para ello, la “ONG” traza un retrato deliberada y grotescamente desfigurado de la realidad nacional, pretendiendo acomodarla al guión impuesto por Washington y su agenda de intervención. Cabe destacar que la publicación del informe coincide con la expulsión de Venezuela del embajador norteamericano y, al igual que en ocasiones anteriores, es dado a conocer en vísperas de un nuevo proceso electoral. Expulsión y regreso al comando central Mediante un breve comunicado, el Gobierno ha informado en la noche del jueves a los responsables de la rueda de prensa su decisión de expulsarlos del país, luego de que agredieran a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país. La decisión, tomada en base a los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, incluye la prohibición de retorno para ambos personajes de la injerencia imperial. Mediante un ajustado retrato de la realidad, la Cancillería y el Ministro del Interior informaron a los sujetos que la medida se ajustaba a la política de Estado de defender a la nación de las “agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América” –aunque actúen bajo la falsa mascarada de defensores de derechos humanos. La distorsión deliberada de la realidad Venezuela presenta en la actualidad uno de los récords de derechos humanos más impresionantes. Aunque queda mucho por hacer, la mayoría de las garantías de la Constitución de 1999 han sido implementadas, particularmente en relación con las necesidades fundamentales de los ciudadanos – como lo son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo y a la participación. Como sucede con todas las organizaciones que comparten y defienden la visión capitalista, HRW omite toda referencia a estos progresos, desconociendo los informes internacionales que los certifican. Entre otros avales negados por la organización, destacan la certificación por parte del PNUD del progreso general y el logro adelantado en el cumplimiento de varias Metas del Milenio – de manera particular, la certificación de que la pobreza extrema disminuyó en un 54% respecto de 1998, y la disminución de la pobreza en general en un 34%. Asimismo, HRW omite otras numerosas fuentes internacionales de derechos humanos, cuyos métodos de evaluación no responden a los intereses del gobierno, pero que sin embargo han certificado ampliamente los progresos logrados por el gobierno bolivariano. Entre ellos, cabe destacar la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por parte de la UNESCO; la evaluación positiva por parte de la Organización Mundial de la Salud del programa de salud primara Barrio Adentro; la certificación de los avances en materia de refugio por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio; el respaldo de la Organización de las Naciones para la Alimentación a las políticas en materia de seguridad y soberanía alimentarias; y el reconocimiento de los avances en materia de derechos de pueblos indígenas por parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. El cuento de la independencia de poderes Entre otros señalamientos, HRW asegura que el gobierno de Chávez irrespeta el principio de la separación de poderes –específicamente, en relación con el Poder Judicial. La propia organización escribió en un reporte anterior que cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó un poder judicial plagado por años de interferencias políticas y corrupción, que calificó de “en bancarrota” bajo la perspectiva de la credibilidad. No obstante, reconoció que bajo Chávez, el acceso a la justicia se había visto mejorado, gracias a la expansión de las cortes. También el Banco Mundial señaló que la reforma judicial había permitido progresos significativos, destacando que el Tribunal Supremo de Justicia era “más moderno y eficiente”. Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un reciente fallo que no hay indicio alguno de que el Poder Judicial carezca de independencia – el principal argumento político sobre el que se ha sustentado toda la estrategia de acoso a la República en materia judicial, y que se quedó huérfana de justificación por mandato del alto organismo interamericano. No obstante, HRW, que se califica a sí misma de organización de derechos humanos, parece no haberse enterado. En materia de independencia electoral, las innumerables consultas electorales que han tenido lugar en el país han sido sistemáticamente calificadas de transparentes por observadores internacionales de toda la geografía mundial – incluyendo los de organismos como la Organización de Estados Americanos. Otra prueba incontrovertible de la vigorosidad de la independencia de poderes en la Venezuela bolivariana fue la derrota que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el propio presidente sufrió en el referendo del pasado mes de diciembre – así como su escrupuloso reconocimiento por parte del mandatario. La presunta discriminación política La organización señala que la discriminación política es una de las “características principales” de la presidencia de Hugo Chávez. Considera correctamente que el golpe de 2002 contra el gobierno democrático fue el ’retroceso más dramático’ de derechos humanos en la década pasada. No obstante, critica la condena que el propio Presidente Chávez ha realizado de su derrocamiento y califica sus opiniones de ejemplos de “discriminación política” contra la oposición. Con la replicación de este lugar común de los sectores que se oponen al primer mandatario, la organización contradice sus declaraciones de años pasados, cuando reconoció ampliamente el derecho del Presidente y sus seguidores de responder al lenguaje desproporcionado de sus adversarios políticos. Asimismo, parece señalar que la forma de “respetar” los derechos de la oposición es mediante la negación del derecho de libre expresión del primer mandatario. Por otra parte, la organización omite la promulgación de un Decreto presidencial que a finales del año pasado perdonó a los participantes del golpe de abril de 2002, así como del resto de intentonas orientadas a derrocar al gobierno democrático, que no hubieran incurrido en violaciones a derechos humanos. “Se trata de pasar la página”, señaló en esa ocasión Chávez. ’Queremos que haya un debate político e ideológico fuerte, pero pacífico.” La cantinela de la libertad de expresión Recogiendo una acusación ya consuetudinaria en los informes de organizaciones afines a los intereses del Departamento de Estado, HRW asegura que Chávez ha afectado el balance de los medios de comunicación a favor del gobierno, presionando a los medios opositores críticos. No obstante, al igual que durante el golpe de 2002 contra Chávez, la mayoría de medios de comunicación en Venezuela sigue bajo el dominio de sectores de oposición. Los medios “antigubernamentales” a los que se refiere HRW siguen ostentando la mayoría de las frecuencias radioeléctricas, y la práctica totalidad de diarios nacionales siguen llenando los kioscos del país de titulares amarillistas y antigubernamentales. En la mayoría de los casos, sus coberturas siguen incluyendo un esfuerzo permanente de desestabilización de los procesos democráticos, en desmedro de los principios básicos de la comunicación periodística. A su vez, la creación por el gobierno de nuevos canales de televisión de uso público responden a los objetivos de desarrollo de la oferta comunicacional, en base a los valores constitucionales. Su creación no ha evitado que los principales canales opositores sigan usando la frecuencia para atacar abiertamente al gobierno. Por otra parte, en 10 años de gobierno, no ha habido en Venezuela un solo caso de censura ni de cierre de medios opositores. En el caso del canal privado RCTV, el gobierno, en ejercicio de una prerrogativa legal como administrador del espectro radioeléctrico, negó la solicitud de renovación de la concesión de uso de la frecuencia radioeléctrica, luego de que los dueños de ese medio abusaran de manera permanente de sus derechos. Libertad de asociación sindical y de la sociedad civil HRW asegura que el gobierno de Chávez ha violado la libertad de asociación de los trabajadores, buscando controlar la organización sindical. No obstante, en los últimos diez años se ha promovido activamente la formación de sindicatos y la contratación colectiva, y en modo alguno el sector ha sido cooptado. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) fue fundada en abril 2003 por trabajadores que apoyan el proceso político impulsado por el gobierno, pero desde entonces han mantenido un liderazgo sindical independiente – como lo muestran sus múltiples pronunciamientos en conflictos laborales particulares. Por otra parte, las falsas acusaciones que presentó por años la Central de Trabajadores de Venezuela la Organización Internacional del Trabajo fueron finalmente desechadas. En la actualidad, no reposan casos sustanciales contra el gobierno nacional en dicho organismo. A su vez, el líder principal de esa organización se encuentra fugado de la justicia, luego de haber liderado por años la campaña de desestabilización de la democracia y la economía nacionales. Finalmente, HRW asegura que el gobierno de Chávez ha perseguido una política “agresiva” contra las organizaciones locales de derechos humanos y de la sociedad civil No obstante, bajo el gobierno de Chávez, las denuncias sobre derechos humanos se han vuelto pan diario en los medios de comunicación opositores. Complementariamente, la organización popular y comunitaria con fines sociales ha conocido un crecimiento desconocido en la historia nacional. El gobierno ha promovido la creación de consejos comunales para promover la participación directa de la población en la gestión pública, asegurando una democratización inédita del poder público. La población tiene ahora la oportunidad de incorporarse así mismo a las dinámicas de contraloría social de las políticas públicas conocidas como misiones, así como a la gestión de los servicios básicos locales. El Caballo de Troya En los inicios de la confrontación política, Human Rights Watch (HRW) fue la organización internacional no gubernamental de derechos humanos que informó de manera más balanceada sobre la situación en Venezuela. En sus informes y comunicados, reconoció la actitud antidemocrática y desestabilizadora de la oposición y sus medios de desinformación, refutó las acusaciones sobre la presunta vulneración de la libertad de expresión, y destacó en múltiples ocasiones la vigencia de la democracia. Abril 2002: HRW denunció el golpe pero avaló la dictadura El 12 de abril, HRW divulgó un comunicado reconociendo “el derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez Frías” y la amenaza que representaba para “los derechos humanos y el estado de derecho”, y manifestó su preocupación por “la posibilidad” de que Chávez no hubiera dejado el cargo voluntariamente. La condena al golpe de Estado se vio matizada por medio del reconocimiento de las “autoridades de transición” y por la demanda de que las mismas “respetaran” las normas de derecho en sus acciones – extremo legal que no estaban en condiciones de cumplir, luego de que sus acciones hubieran barrido con la legalidad democrática en el país. De dicho comunicado se deduce que la organización no consideraba conculcado el Estado de Derecho; y que no condenó “rotundamente” el atentado contra el orden constitucional del país, como pretendió hacer ver posteriormente. Cambio de seña En 2003, HRW adelantó una enérgica campaña en contra de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y convalidó las falsas acusaciones sobre sus supuestas amenazas a la libertad de expresión. Además de basar su análisis en una abierta manipulación del derecho internacional vinculado a la responsabilidad de medios de comunicación en el ejercicio de sus derechos, su actuación se orientó por el desconocimiento del principio de separación de poderes, al hacer llamados al Presidente a intervenir en un proceso del que se encargó el Poder Legislativo. Durante las acciones violentas de la oposición de febrero y marzo de 2004 (conocidas como “guarimbas”), HRW puso de nuevo en evidencia su parcialidad, al pronunciarse sin revisar el comportamiento violento de los manifestantes y los objetivos desestabilizadores de sus líderes, así como de los medios de comunicación opositores. Ese mismo año, con su “campaña” contra la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, HRW perdió completamente su pretendida condición de fungir de “observatorio de derechos humanos”, para convertirse en agente político de injerencia externa. Campaña contra la Ley del TSJ: la agenda del departamento de Estado En junio de 2004, HRW presentó un informe sobre la Ley del TSJ, en el que denunciaba la supuesta politización de la justicia y el supuesto poder de la nueva ley para “purgar y coptar” de adeptos el TSJ, a partir de argumentos desconocedores de los principios democráticos. Además de tergiversar completamente los contenidos de la ley y la realidad del Poder Judicial, el informe se orientó a promover la injerencia extranjera, al demandar la aplicación de la Carta Democrática y el bloqueo en las políticas de cooperación internacional por parte de las agencias multilaterales del capitalismo global. En ocasión de esta campaña, la agencia estadounidense Stratfor, de tendencia imperialista y ultraderechista, reconoció que la estrategia parcializada de HRW respondía a la agenda del Departamento de Estado. Para defenderse de las críticas, HRW afirmó ser uno de “los críticos más rigurosos de las políticas norteamericanas que afectan la protección de los derechos humanos”. Sin embargo, la organización nunca se ha pronunciado acerca del total sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo en esa república – incluido el nombramiento directo por parte del Presidente de los magistrados de la Corte Suprema y de las cortes federales, así como del Fiscal General y de los fiscales federales. |
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De: ▓▬↔▲▼§tår▼▲↔▬▓ |
Enviado: 24/09/2008 20:13 |
Al que le pique que se arrasque , y de troll no haces, eres!! |
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De: matilda |
Enviado: 24/09/2008 20:13 |
A confesión de partes...II, relevo de pruebas.. mati |
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De: maikohara4 |
Enviado: 25/09/2008 12:00 |
Ese cuento se parece a la super computadora,ahora despues de tantos meses,aparecio otra maleta...Pero lo que no cuenta (La tonina) es que el iba acompanado por su amante.....tan conservadores que son los gringos y sus peones,cuando otros lo hacen,ahora que diren del nuevo luc de la (Tonina)Aparte de mentroso,enganador. |
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De: maikohara4 |
Enviado: 25/09/2008 12:00 |
El amo de Vivanco y HRW, El Gob.Revolucionario de Venezuela tomo la soberanisima decision de expulsar del pais al encargado para America Latina de la OBG estadounidense Human Rights Watc(HRW)Jose Miguel Vivanco,quien vino al pais a presentar un sesgado informe titulado:Una Decada de Chavez,con el unico objetivo de satinizar a nuestro gob,ante la opinion publica mundial,sin fundamentacion. Ante esta acertada decision,aparecen las viudas del Pacto de Punto Fijo a tratar de justificar la deleznable conducta asumida por Vivanco,actitud que me obliga a refrescar la memoria colectiva de quienes son Jose.M.Vivanco y HRW. Vivanco fue representante diplomatico de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1986-1989,ironicamente ante la OEA,en la Comision interamericana de Drechos Humanos.Desde 1994 se desempena conmo director ejecutivo de la Division Americas de HRW,asumiendo una postura recalcitrate en contra de gobiernos progresistas del continente y de manera sistematica cada vez que hay un proceso electoral aparecen sus informes de HRW.Con estas dimaciones,el chileno nacionalizado norteamericano,asume la mas connotadas conducta de mercemario de la Agencia Central de Inteligencia (C I A). Los ONG de HRW,es una ONG y como tal es privada,sus fines obedecen a los intereses de sus miembros,creada en 1978 por la extrema derecha del partido democrata norteamericano,como un instrumento de propaganda antisovietica durante la Guerra Fria y hasta el presente,mantiene su contumaz postura aniizquierdista.Es financiada por George Soros,su verdadero ideologo,quien nacido en Hungria en 1930,emigra en 1947 a Inglaterra a raiz de la Segunda Guerra Mundial. En este pais conoce al filosofo anticomunista Karl Popper,de quien se hizo discipulo,quedando marcado para toda su vida con las ideas de este teorico.Es el mas grande especulador del planeta,siendo primera figura y actor destacado de las diversas crisis financieras que ha padecido la region asiatica. En 1987,por intermedio de las sociedades Harken Energy y Spectrum 7,salvo a George W.Bush de la quiebra de Caryle Group,que tiene como socio principal a la familia de Bin Laden. Actualmente dicha compania es la mas importante sociedad administradora de carteras financieras en el mundo,constituyendose en el octavo proveedor del Pentagono.Tiene en su record ser el principal financista a traves de la Open Society Institute del derrocamiento del presidente de Georgia Eduard Shevardnadze,aplicando la experiencia del movimiento Otpor financiado por el,con el cual ayudo a derribar al presidente serbio Slobodan Milosevic: esta fundacion paga los viajes a activistas de Otpor por el mundo entero,que imparten cursos a los estudiantes sobre como llevar a cabo una revolucion pacifica..Apoya a fundaciones y Organizaciones autonomas en mas de 50 paises,inicialmente en Europa central y del este y en la antigua Union Sovietica,y en los ultimos anos la red se ha expandido hasta alcanzar Africa,Latinoamerica y el sureste de Asia. Soros tambien financio iniciativas de la legalizacion de mariguana en Arizona y California que porteriormente fracasaron,ademas de ello financia Organizaciones como Drugs Estrategies y la America Civil Liberties Union con sumas millonarias dedicadas a fomentar la relajacion a traves del consumo de drogas. Despues de estas resenas es mas facil para nosotros entender el porque de la conducta de perro de presa que asume:Vivanco,HRW y los detractores,recientes movimientos juveniles de activismo politico. Pedro Carreno. aporrea. |
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