"El reordenamiento de los procesos de producción y circulación de mercancías y el reacomodo de las fuerzas productivas, producen un excedente peculiar: seres humanos que sobran, que no son necesarios para el "nuevo orden mundial", que no producen, que no consumen, que no son sujetos de crédito, en suma, que son desechables..."
Subcomandante Marcos (1)

Introducción

 

El 6 de Agosto, en Chaco, provincia del norte de Argentina, Maria del Carmen Moreyra, mujer de la comunidad indígena toba, moría a los 46 años de edad, en su humilde rancho, casi sin entender por qué. Quienes estuvieron con ella días antes cuentan que se la notaba muy mal, extremadamente cansada y que presentaba desnutrición y posiblemente anemia. La expresión en su rostro dejaba ver el dolor en vida de una mujer toba. Antes de ella, otros 10 indígenas fallecían por causas de desnutrición y enfermedades curables. Hasta el día de hoy, y desde mediados del mes de julio, se dio a conocer la muerte de por lo menos 14 indígenas en Chaco, Argentina. Catorce personas que seguramente pronto pasarán a ser un número olvidado, parte de la población sobrante para los reinados del mercado en nuestros países latinoamericanos.

Este artículo intenta describir la situación de abandono en que se encuentran las comunidades indígenas de la provincia de Chaco, enmarcándola en el contexto nacional y haciendo hincapié en las verdaderas raíces de tal realidad. En los últimos diez años, en Argentina, se ha venido profundizando un modelo de agricultura sin agricultores. Se trata del modelo de la soya, que a su paso va expulsando a hombres y mujeres de sus tierras, dejando en su lugar grandes desiertos verdes. De este modo, se fue configurando la gran paradoja argentina: a más producción, más hambre y exclusión.

El etnocidio silencioso

En Argentina, la situación de los pueblos originarios es crítica. Mientras siglos antes, durante la conformación del Estado-Nación, se daba un genocidio étnico abierto y explícito - como lo fue la Campaña del Desierto en 1878 que exterminó a más de 3000 indígenas y desplazó a otros miles a zonas periféricas-, hoy en día se da un genocidio pero de forma silenciosa. Mientras en el sur, cientos de comunidades mapuches son desalojadas por la construcción de represas, sus tierras y aguas contaminadas por empresas mineras y petroleras, en el centro y norte del país, comunidades kolla, wichi y toba sufren el éxodo rural, el saqueo de sus recursos, el hambre y la violencia estructural de un sistema arraigado en los capitales y el mercado externo, cuya cara más visible hoy es el negocio de la soya transgénica.

Según datos oficiales, en Argentina hay más de 600.000 indígenas y descendientes de indígenas, aunque para algunas ONG el dato asciende a entre 2 y 3 millones. La mayoría pertenece a las comunidades kolla, wichi, toba, guaraní y mapuche.

Alrededor de 60 mil indígenas viven en la provincia de Chaco. En su mayoría son tobas, wichis y mocovies. Los primeros viven en el monte sin ser propietarios de las tierras, y muchos habitan en barrios marginales de las ciudades. Los wichis también viven en las periferias urbanas y en tierras marginales y montes deteriorados. Los mocovies no tienen tierras, viven en caminos abandonados, en los cordones marginales de las ciudades o en campos donde son asalariados. De los indicadores sociales a nivel provincial, Chaco presenta los más alarmantes: el 67,8 % de la población vive en la pobreza, mientras que más del 36,3 % está por debajo de la línea de la indigencia. 28 de cada 100 chaqueños están desempleados. Los índices de mortalidad infantil superan el 30 %. Para la población indígena estas cifras son aun más alarmantes: el 98 % de los indígenas chaqueños vive en la pobreza y el 92 % se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

Es en este contexto que entre mediados de julio y fines de agosto se conoció la muerte de por lo menos 14 indígenas, entre ancianos, hombres y mujeres de mediana edad, y hasta bebes recién nacidos de madres con déficit nutricional. Asimismo, en tan sólo una semana se confirmó el estado de desnutrición severa de otras 92 personas en la zona. Pobreza extrema, hambre, desnutrición. La situación social en la que están inmersos deriva en el padecimiento de enfermedades típicas de la indigencia, como la tuberculosis y el mal de chagas. Esta última es transmitida por un insecto llamado vinchuca, que suele anidar en las humildes viviendas de barro y ramas donde habitan los pobladores. El mal de chagas provoca afecciones coronarias, que son una de las principales causas de muerte en Chaco. Sin embargo, se ha denunciado que en los últimos 30 años no se han hecho fumigaciones en contra de la vinchuca, salvo raras excepciones. La inversión destinada a la prevención y combate de este mal ha sido exageradamente baja en los últimos años, a pesar del bajo costo de la desinfección de los focos donde anidan las vinchucas. Los gobiernos, desentendidos de la situación, han dejado a las comunidades totalmente vulnerables al accionar de las vinchucas.

Los pobladores además denuncian la carencia de una adecuada alimentación, sumado a la falta de agua potable, ya que la que beben proviene de charcos y represas y es la misma fuente de la que beben lo animales de la zona. Todo ello deriva en condiciones infrahumanas de vida, y convierte a la expectativa de vida promedio en Chaco en una de las más bajas del país.

Existe un vacio político a nivel provincial y un retiro y abandono de las políticas publicas hacia las comunidades y sectores empobrecidos. La mayoría de los enfermos y desnutridos no reciben atención medica adecuada y a tiempo. Rolando Nuñez, del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela, denuncia el desastre sanitario: "Toda la red sanitaria es antigua; data de la década de los 60. El hospital cabecera Güemes-J.J. Castelli, está en verdadera situación de desastre hospitalario. Los puestos sanitarios, diseminados en localidades y parajes, también están desbordados". Como resultado del colapso de las instituciones sanitarias, muchos enfermos son atendidos cuando ya se encuentran en situaciones físicas extremas. A otros, cuando llegan a los centros hospitalarios con alguna enfermedad avanzada, se les da el alta medico rápidamente para que mueran en sus hogares. Nuñez señala que en estas poblaciones ha habido una "respuesta biológica, en el sentido que han desarrollado un genoma humano que les permite afrontar situaciones extremas, que pagan con horas de vida perdidas prematuramente u horas de vida vividas insatisfactoriamente. Sin embargo, como la tierra, el monte y los animales, están en severo riesgo de extinguirse."

Sin duda, los planes y campañas de asistencia sanitaria no están diseñados para que lleguen a las comunidades indígenas. Además, agrega Nuñez, "hay una medicina para blancos y otra para indígenas. Esto se advierte en la forma en que se los recepciona, asiste y la manera en que se les otorga el alta hospitalaria o médico. Existe discriminación tanto en el gobierno como en la sociedad".

Éxodo rural y expulsión

Si miramos más en profundidad podemos hallar las verdaderas raíces del problema. Cuando los pueblos originarios eran los únicos ocupantes de la región, vivían en equilibrio constante con su hábitat, sabían qué tomar de la naturaleza para alimentarse y desarrollaban sus actividades en armonía con el ecosistema y la tierra, porque ellos se sentían parte de ella. Sin embargo, con la conformación política del Estado y el avance de las actividades económicas sobre las provincias, las comunidades se vieron poco a poco desplazadas de sus tierras originarias. Así se dio inicio a un proceso de desplazamiento forzoso hacia tierras marginales que se continúa hasta nuestros días.

 

En el caso de la provincia de Chaco, las comunidades indígenas tuvieron que abandonar su hábitat original por la presión de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. La incorporación de nuevas tierras, sumado al desmonte y la deforestación, sumado a la venta de tierras estatales a compañías agrícolas, no dejó otra alternativa a las comunidades más que reubicarse en nuevas zonas, generalmente marginales. Con la diferencia que en los nuevos asentamientos las condiciones geográficas y ambientales eran diferentes, obligándolos a una reestructuración de sus costumbres y pautas alimenticias. En su hábitat natural, dependían de los bosques para su alimentación. De allí obtenían plantas alimenticias y medicinales, algunos frutos y miel. También podían cazar y pescar, y practicaban la agricultura en pequeña escala. Hoy, acorralados en zonas desfavorables, no tienen otra opción más que convertirse en asalariados, migrar a los cordones de pobreza de las ciudades, o simplemente morir de hambre. Muchos se convirtieron en banquineros: familias desplazadas que construyeron viviendas precarias en los márgenes de las rutas provinciales. Como lo señala Nuñez: "El éxodo se produjo por la pérdida de tierras y el deterioro del bosque nativo chaqueño, del cual obtenían alimentos, medicinas y los restantes elementos necesarios para su existencia. Amplios sectores de la comunidad indígena prefirieron trasladarse a los asentamientos urbanos que existen en torno a la capital provincial y a las ciudades más importantes del Chaco".

Pero en la ultima década, en Argentina y más específicamente en Chaco, ha comenzado un proceso que viene a acentuar estas tendencias hacia los desalojos y el empobrecimiento de las comunidades. Se trata de la "soyización" del país, el avance desmedido de los cultivos de soya a lo largo y ancho del territorio argentino.

Soya: pan para hoy, hambre para mañana

En otros tiempos Argentina era conocida como "el granero del mundo", así llamada por su extensa producción de cereales, trigo y maíz, carnes, leche, entre otros, con lo cual se alimentaba no sólo a los argentinos sino a habitantes de varios países del mundo. Sin embargo hoy, el país no está pudiendo alimentar ni a su propia población. ¿Qué ha pasado? Sucedió que Argentina pasó a formar parte de un gran engranaje mundial cuyo motor es la lógica neoliberal globalizadora y excluyente, que lo alejó de la sustentabilidad social y lo encauzó dentro de un modelo útil sólo para los grandes actores económicos. El poder de decisión pasó a estar en manos de las grandes empresas, y desde entonces el pueblo no ha hecho más que sufrir las consecuencias.

En el año 1976, bajo la última dictadura militar, se abrió en Argentina el camino de la desindustrialización nacional y la modernización agraria. Fue así como comenzó a sembrarse comercialmente la soya, debido a la gran demanda internacional y por la necesidad de generar divisas para sanear la enorme deuda externa contraída. Luego, los programas de ajuste estructural de corte neoliberal provocaron un repliegue del Estado que dejó desamparados a miles de pequeños productores, al tiempo que generó el favor gubernamental hacia los grandes actores económicos. Así fue como, en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, se aprobó la siembra comercial de semillas transgénicas. Empresas como Monsanto y Cargill comenzaron la producción y comercialización de sus semillas modificadas genéticamente, en especial la semilla RoundUp Ready, variedad transgénica propiedad de la transnacional Monsanto, resistente al herbicida glifosato, también de Monsanto. En pocos años, el país se convirtió en un gran desierto verde: las plantaciones de soya arrasaron con montes y ecosistemas, dejaron en la ruina a miles de pequeños productores y campesinos, y terminaron con la tradicional riqueza y biodiversidad del país.

Hoy en día, los cultivos de soya ocupan cerca del 55% del total del área sembrada, y las ganancias relacionadas a la soya y sus derivados generan el 30% de las divisas que se generan en el país. Argentina hoy se posiciona entre los primeros exportadores de soya a nivel mundial.

Durante la campaña 2006/2007 la producción de soya batió un nuevo record histórico en el país: se cosecharon 47,5 millones de toneladas. La superficie sembrada de soya pasó de 10.664.000 hectáreas en la campaña 2000/01 a 15.200.000 en 2005/06. Y se espera que para el año 2014 la superficie cultivada llegue a los 22 millones de hectáreas.

Mientras aquellos beneficiados por el boom soyero festejaban los records de cosecha, se conocían datos alarmantes en el país. Argentina produce la mayor tasa de alimentos por habitantes del mundo: aproximadamente unos 3.500 kilos de alimento por habitante cada año. Sin embargo, en los 13 años que van de 1990 a 2003 se conoció la muerte de cerca de 450.000 personas por causas que tienen que ver con el hambre. Hoy, de cada 100 argentinos, unos 27 viven bajo la línea de la pobreza y no pueden cubrir sus necesidades alimenticias básicas. En las provincias del norte argentino esta cifra asciende al 40%.

Paradójicamente, son estas provincias norteñas las que en los últimos 10 años percibieron un mayor avance de la frontera agrícola del monocultivo de la soya sobre sus territorios.
Cuando se advirtió que las provincias centrales, correspondientes a la región pampeana, ya estaban saturadas de cultivo de la soya, se inició un proceso de expansión de la frontera agrícola hacia zonas tradicionalmente no aptas para este tipo de cultivos, principalmente las provincias del norte del país, como lo es Chaco. Esta "pampeanización" consistió en la imposición del modelo agrícola de exportación característico de la pampa hacia otras regiones del país. El resultado: la profunda modificación de los paisajes rurales regionales en favor del avance del monocultivo de la soya orientado al mercado externo.

En la provincia de Chaco, la superficie sembrada de soya creció de 50.000 hectáreas en 1990 a 410.000 en 2000. El área sembrada fue incrementándose aún más hasta llegar a las 700.000 hectáreas en la última campaña 2006/07. Y se estima que para 2014/15 el área cultivada de soya en la provincia será de 1.088.000 hectáreas.

Chaco: los costos sociales de la fiebre de la soya

 

Con el avance de la soya, en la provincia se fue perfilando un escenario de exclusión y concentración. Muchos pequeños productores no pudieron adaptarse a los requerimientos de los altos insumos y los paquetes tecnológicos impuestos por el modelo de la soya transgénica. Asimismo, este modelo de producción emplea a sólo una persona cada 500 hectáreas, lo cual se tradujo en la pérdida de 4 de cada 5 puestos de trabajo en el campo. "El modelo de producción en el Chaco, además de ser excluyente por ser un paquete de agro negocios y no generar trabajo y mano de obra, generó un PBI (producto bruto interno) de U$S 650.000.000 que no se transformó en ingresos para los chaqueños", señala Rolando Nuñez, del Centro Nelson Mandela.

El tradicional cultivo de algodón, que en 1997 representaba más del 70% de la superficie cultivada en la provincia, cayó al 9,9% en el año 2001, a expensas del avance de la soya. En los últimos 10 años, la superficie cultivada con algodón pasó de 700.000 a 100.000 hectáreas, es decir que las posibilidades que tenían indígenas y campesinos de conseguir trabajo como jornaleros mermaron drásticamente.

La pérdida de biodiversidad fue denominador común en todas las provincias devenidas soyeras. En Buenos Aires, en los últimos 6 años desaparecieron 17.000 granjas lecheras, al tiempo que mermó la producción de maíz y de algunas variedades de trigo. El cultivo de arroz se redujo más del 44% y el de girasol un 34%. En localidades donde antes se sembraban batatas, papas, lentejas, alcauciles, arvejas, hoy se siembra sólo soya. Y estos alimentos actualmente deben ser importados.

Por otro lado, la concentración de tierras alcanza proporciones desmesuradas en Chaco: el 7% de los propietarios concentra el 70% de las tierras. A su vez, el 80% de la producción se encuentra en manos del 20% de los productores. La venta espuria de tierras estatales en la provincia ha acelerado este proceso de concentración. Este tipo de tierras solía ser propiedad ancestral de los pueblos originarios, pero hoy son vendidas por el gobierno provincial a precios irrisorios - desde 6 dólares la hectárea - a grandes productores nacionales y del extranjero. De 4 millones de hectáreas en 1995, las tierras estatales pasaron a ser sólo 660.000 en la actualidad. Mientras la Constitución Provincial asigna como destinatarios a ocupantes tradicionales para uso familiar - indígenas y gente local - la mayoría de las tierras está siendo regalada a los empresarios soyeros.

La masiva privatización de tierras también conlleva al cierre de pasos y caminos por donde campesinos e indígenas solían circular con sus animales en el traslado hacia pastizales comunes. Es decir, la invasión privatizadora también acabó con sus prácticas tradicionales de circulación entre distintas zonas y a través de caminos vecinales.

Asimismo, la defensa de los intereses del agrobusiness de la soya genera un cuadro de violencia sistemática en contra de las poblaciones rurales e indígenas que se traduce en desalojos, detenciones, persecuciones y amenazas a quienes se resisten. La presión para que abandonen sus tierras se traduce en hostigamientos que van desde la contaminación intencional de fuentes de agua hasta el robo o matanza de animales. El uso intensivo de agroquímicos y las fumigaciones en cultivos de soya muchas veces terminan contaminando a población de zonas aledañas, a sus cultivos, animales y fuentes de agua.

El avance de la frontera agropecuaria de la soya, además de socavar las bases de la agricultura campesino-familiar, a su paso va levantando montes enteros. Quienes celebraron los records en la cosecha de soya este año también obviaron los records mundiales que su país bate en deforestación. Se calcula que la tasa de deforestación en Argentina es seis veces mayor que el promedio mundial. En los 4 años que van de 1998 a 2002, la destrucción de montes nativos aumentó un 42%. Las más de 250.000 hectáreas de monte talados por año son dedicados mayoritariamente a la siembra de soya transgénica. En la actualidad las provincias argentinas que más sufren del desmonte son Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. En Chaco, varias organizaciones denuncian que la ley provincial de Bosques 5.285 sufrió una modificación, la cual quita todas las trabas hacia la tala indiscriminada del monte nativo, lo cual favorece profundamente la desaparición y el genocidio de los pueblos originarios. El resultado: tierras devastadas, fronteras que avanzan corriendo a los pueblos de su hábitat y acorralándolos donde ya no pueden alimentarse por si mismos.

Voces que se hacen oír en el campo

Frente a la imposición del modelo neoliberal soyero en el mundo rural, y el consecuente reacomodo de los territorios y estructuras agrarias, los campesinos y pueblos originarios comenzaron a agruparse, como también tomaron fuerza aquellas agrupaciones ya conformadas con anterioridad. Su común denominador es la lucha por la tierra y el territorio. Al ser los desalojos, los desplazamientos forzosos y arrinconamientos las principales amenazas a las comunidades indígenas y campesinas, la cuestión de la territorialidad y la recuperación de tierras tomaron centralidad.

El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es claro ejemplo de la lucha contra el despojo de tierras. Es un movimiento que aglutina 9 mil familias campesinas que trabajan sus tierras y comercializan sus productos de forma cooperativa. Defienden sus territorios contra los sistemáticos desalojos por el avance de la frontera agrícola. En esta línea también se encuentran el Movimiento Campesino de Córdoba y la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza. El MOCAFOR (Movimiento Campesino Formoseño) agrupa a pequeños productores agropecuarios y obreros rurales desocupados, campesinos e indígenas, que reivindican la vida campesina y hacen frente a la devastación provocada por el avance de la soya y la contaminación con agrotóxicos de sus cultivos.

 

Mas allá de las situaciones de conflicto en torno a la tierra, estas organizaciones intentan recuperar prácticas campesinas desarrollando experiencias de reproducción social y construcción de alternativas. Cabe destacar las experiencias en torno a nuevas formas de intercambio: las ferias campesinas de la Red Puna en la norteña provincia de Jujuy, o las ferias francas del Movimiento Agrario Misionero, provincia de Misiones, que busca el comercio directo entre consumidores y productores. También se dan redes de comercio justo y solidario, donde se debaten los precios, se establecen las formas de traslado de los productos y se establecen criterios comunes de calidad. Vale mencionar también las ferias de semillas que se dan en Chaco, Misiones y Buenos Aires, donde los productores pueden intercambiar libremente semillas provenientes de regiones diversas. Su objetivo: el mejoramiento genético de las semillas entre las mismas familias y la conservación de la biodiversidad que es pilar de la agricultura campesina. Otra práctica que ha cobrado fuerza es la educación de los jóvenes por parte del MOCASE, a través de la Universidad Campesina, donde gente de diferentes comunidades llega para realizar practicas de convivencia y tomar cursos acerca de formación agropecuaria, sustentabilidad y recursos naturales.

En Chaco, comunidades indígenas y campesinos se han agrupado para hacer frente al modelo que los empobrece y así crear alternativas y planes de lucha. La Unión de Campesinos Poriajhu - "pobres" en lengua guaraní- es un movimiento integrado por 200 familias de Chaco, que forman parte de la CLOC, que a la vez es integrante de la Vía Campesina. Todos los meses de julio, organizan un encuentro para reflexionar acerca del futuro de la agricultura familiar y campesina y proponer acciones concretas por la Soberanía Alimentaria. Asimismo, la Organización Unión Campesina, aglutina comunidades indígenas y campesinos que fueron expulsados de sus tierras. Su lucha se centra en la recuperación de sus territorios perdidos y en una reforma agraria profunda e integral que no sólo resuelva la problemática del uso y tenencia de la tierra sino que además apoye la agricultura familiar y reconozca a la tierra como un bien social. Existe también en la provincia el Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, el cual lleva adelante luchas de acción directa, como la toma de dependencias estatales de las que se espera respuesta a sus reclamos, y la ocupación de tierras improductivas. A su vez el MTD desarrolla emprendimientos productivos como criaderos de cerdo y otros animales de granja.

Frente a la situación de desastre humanitaria que se vive en Chaco, los primeros días de agosto de este año, cientos de delegados de las comunidades indígenas llegaron marchando a Resistencia, la capital provincial, para exigir la renuncia del Ministro de Salud chaqueño, Ricardo Mayol, a quien responsabilizaron por la situación de abandono total y el colapso sanitario y alimentario en que se encuentran las comunidades indígenas al interior de la provincia. Un año antes, comunidades tobas habían acampado frente a la sede municipal denunciando que el gobierno local no distribuía los alimentos y la ayuda alimentaria proveniente del gobierno nacional para asistir a familias afectadas por fuertes inundaciones. Al no recibir respuesta, se sumaron a la protesta wichis y mocovies.

Fueron cortadas rutas provinciales y se realizo una huelga de hambre por 33 días, para protestar contra la venta irregular de tierras estatales, y el modelo que reproduce pobreza extrema y discriminación para las comunidades indígenas. En agosto fueron firmados acuerdos con el gobierno, que se comprometió a entregar tierras con escrituras, con lo cual se puso fin a la movilización. Pero las promesas no fueron cumplidas y a finales de 2006 se suspendió el dialogo entre los indígenas y el gobierno. Frente a la indiferencia gubernamental y el avance de los procesos económicos, las comunidades han optado por organizarse con un doble objetivo: hacer frente al avasallamiento que el actual modelo de producción representa para sus derechos y formas de vida, y construir alternativas que dignifiquen su ser y permitan la recuperación de prácticas y saberes ancestrales.

A modo de conclusión...

El actual modelo soyero imperante en Argentina ha arrebatado a la población, y sobretodo a las comunidades indígenas, su soberanía alimentaria, sus tierras y montes. Los territorios donde vivieron por generaciones y eran fuente de vida, han sido saqueados e invadidos y hoy, cercos y alambres impiden su paso. Los montes y bosques han sido arrasados por topadoras, y aquellos que no, sufren un continuo deterioro de los suelos por los métodos de siembra directa e intensiva, más la contaminación de tierras y aguas por parte de los agrotóxicos incluidos en los paquetes tecnológicos. Además, el desequilibrio ambiental que ha provocado el monocultivo de la soya es responsable de que la provincia pase frecuentemente de grandes inundaciones a sequías extremas.

Un sistema que genera cada vez más producción para el mercado externo y menos comida para la población no puede provocar más que el hambre generalizada y la desnutrición de generaciones enteras. Una población con déficit nutricional, aparte de padecer de sus derechos más elementales insatisfechos, al no poder pensar más que en su subsistencia inmediata, pierde su potencialidad plena para crear alternativas diferentes al modelo. Así, queda atrapada en la dependencia extrema.

La muerte de indígenas en Chaco parece responder en un primer momento a la indiferencia gubernamental, al colapso de las instituciones y las prácticas de corrupción y discriminación instaladas en el gobierno. Pero sus raíces están ancladas en un modelo de fondo, aquel que busca porfiadamente las ganancias para unos pocos y deja a su paso hambre, pobreza extrema y desarraigo.

El modelo de la soya no da cabida a ninguna concepción de mercado interno, por el contrario, representa un avasallamiento de cualquier forma de organización digna y auto-sustentable. El monocultivo de la soya no hace más que promover la dictadura de las multinacionales.

De este modo se va minando las bases de la agricultura campesino-familiar, de raíces ancestrales, diversa y auto-sustentable. Valiosos saberes y técnicas tradicionales van quedando en el olvido. El repliegue de las economías regionales y la expulsión de comunidades indígenas y campesinas de sus tierras va dejando espacios de pauperización, erosión ambiental y vaciamiento cultural. Todo ello frente al silencio negador de una sociedad que no da cuenta de la aniquilación de los derechos más elementales. www.ecoportal.net

* Mariela Zunino. Nacida en Río Negro, Argentina, estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es cooperante de CIEPAC. Boletín CIEPAC num. 544 - , San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. http://www.ciepac.org