Rebelión
El pasado 6 de abril, el diario Público difundió un mapa mundial con datos procedentes de la organización Wildlife Conservation Society y el Center for International Earth Science Information Network. Se trata del Mapa de la huella humana e índice de biocapacidad.
El documento permite apreciar, por países, el “índice de biocapacidad”, que es la comparación entre las hectáreas existentes por habitante y las que serían necesarias, también por habitante, para cubrir los recursos consumidos en cada país. El reportaje recurre a este cálculo para dar la voz de alarma sobre el hecho de que la media mundial es de 1,8 hectáreas por habitante, mientras que el consumo es de 2’2, lo cual muestra que la evolución es claramente insostenible para el planeta.
Si estudiamos el mapa por países, podremos apreciar que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 4â7 hectáreas por habitante, pero consume lo equivalente a 9â5; España posee 1â7 y consume 5â3; Japón tiene 0â7 y gasta 4â3. Es evidente que sólo resulta posible consumir tres o cuatro veces más los recursos de que dispone un país si lo hace a costa de otros, donde se consuma por debajo de los recursos que poseen. Así, continuando con nuestro mapa, encontramos que en Gabón disponen de 19â2 hectáreas por habitante, pero consumen 1â4; o en Bolivia, donde si bien cuentan con 15 sólo utilizan 1â3, y en Brasil, que posee 9â9 pero consume 1â1.
Por supuesto, el mapa no permite percibir las desigualdades dentro de cada país, pero sí ofrece una fotografía absolutamente desideologizada y objetiva de cómo los países desarrollados se están “comiendo” la riqueza de los países pobres. Si en Gabón se mueren de hambre porque cada ciudadano consume sólo los recursos de 1’4 hectáreas, a pesar de que tienen 19’2 hectáreas por cada gabonés, es porque la riqueza de dichas hectáreas se la están comiendo en el Reino Unido o en Japón, donde consumen cuatro veces más recursos que los correspondientes a sus hectáreas disponibles. Y si en Bolivia, el segundo país más pobre de América Latina, poseen catorce veces más hectáreas de las que están consumiendo es porque quizá esos recursos terminan utilizados en Estados Unidos o en España, que utilizan el doble o el cuádruple, respectivamente.
Aunque, como diría el Che Guevara, desgraciados los tiempos en que hay que explicar lo obvio.
Declaración de San Justo
âPor una comunidad saludable en un ambiente sustentableâ
En la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de octubre de 2008, ciudadanos comprometidos en las Campañas â¡Paren de Fumigar!” y “Basta de Desmontes, Paren las Topadoras!”, pertenecientes a más de 30 organizaciones sociales, instituciones educativas, agrupamientos políticos y culturales reunidos en Asamblea en el 1er. FORO REGIONAL CONTRA LAS FUMIGACIONES Y LOS DESMONTES , denunciamos que:
- La aplicación de un modelo de agricultura industrial ha demostrado su fuerte impacto negativo en el territorio y en las comunidades. En tan sólo una década, la deforestación, el monocultivo, el uso indiscriminado de venenos agrícolas, la erosión del suelo y la destrucción de las cuencas hídricas han hecho más vulnerables a las poblaciones humanas y a la biodiversidad. Estas transformaciones ya tienen sus consecuencias visibles en la aparición de enfermedades, la desertificación y la pérdida de la fertilidad de los suelos, la desaparición de los cordones frutihortícolas, el encarecimiento de los alimentos, el agravamiento de los ciclos de sequías y inundaciones, el éxodo rural, la pérdida casi total de nuestros bosques nativos, la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, entre otras.
La expansión de la frontera agropecuaria a costa de los montes nativos, prioriza la obtención de ganancias, tanto del Estado como de los particulares, por encima del bien común, y evidencia la pérdida de saberes e incapacidad de nuestros productores agrícolas para realizar explotaciones sustentables en los millones de hectáreas existentes que deberían garantizar alimentos sanos al alcance de toda la población santafesina.
-La existencia de normas específicas, como la Ley Provincial N째 11.273 de Fitosanitarios, la Resolución N째 55/07 de la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Ley Nacional N째 26.331/07 de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos, tiene su contrapartida en la ausencia de políticas concretas de intervención del Estado y de los organismos encargados de hacerlas cumplir. Estas ausencias nos ratifican una virtual complicidad entre el poder político y el poder de los agronegocios, por encima de los intereses de las comunidades.
Por lo tanto, proponemos:
1째) En virtud de lo normado por la Ley Provincial N째 11.273 de Fitosanitarios y su decreto reglamentario, ejercer nuestro derecho para reclamar por la demarcación de la línea agronómica en ciudades y pueblos.
2째) La reclasificación del herbicida glifosato, en cualquiera de sus presentaciones comerciales, de la actual "producto que no ofrece peligro" a "producto sumamente peligroso", puesto que ya existe evidencia científica nacional e internacional suficiente al respecto.
3째) No permitir la deforestación de una sola hectárea más de monte nativo: la propuesta de zonificación debe tener como premisa la conservación de la escasa superficie forestada original que aún queda antes que decidir el reparto en parcelas de escaso tamaño, inviables para el sostenimiento de la vida.
4째) Promover instancias participativas de desarrollo local basados en las propuestas agrosilvopastoriles, evitando la migración rural y fortaleciendo el empleo rural y la producción sustentable de alimentos sanos y económicos.
5°) Elevar esta declaración a todos los pueblos afectados por las fumigaciones y los desmontes en la provincia de Santa Fe para su difusión y adhesión, así como a las autoridades provinciales competentes y con relación al tema, específicamente al Sr. Gobernador, al Ministerio de la Producción, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Municipios y Comunas y la Defensoría del Pueblo, presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, al Procurador de la Corte Suprema de Justicia y a los medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
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