El Senado uruguayo aprobó ayer, con 17 votos a favor sobre un total de 30, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva (con las modificaciones realizadas la semana pasada por Diputados), que incluye la despenalización del aborto. "Así, Uruguay es el primer país de América Latina en tomar esa medida", comentó a Clarín Mariana Romero, médica e investigadora de Centro de Estudios de Estado y Sociedad e investigadora del Conicet.

Pero para que esta ley sea promulgada precisa contar con la anuencia del presidente Tabaré Vázquez, quien varias veces -apoyándose en su condición de médico- anunció que la vetaría. Su firma para un eventual veto, que tendría que efectivizarse en los próximos diez días, deberá ser acompañada por la aprobación del Consejo de Ministros o por la rúbrica de por lo menos un secretario de estado vinculado con el tema. La titular de la cartera de salud, María Julia Muñoz, ya expresó que firmaría el veto si el presidente se lo solicitase.

"El de ayer fue un paso histórico", dijo eufórica a Clarín Alejandra López, directora de la ONG MISU (Mujer y Salud en Uruguay). "Es la primera vez -en estos 70 años en que el aborto constituye un delito en Uruguay- que, después de varios intentos, las dos Cámaras aprueban una ley que lo despenalice".

El aborto no constituirá delito siempre y cuando la mujer lo haga antes de las doce semanas de gestación y por circunstancias derivadas de las condiciones en que se desarrolló la concepción, "de penuria económica, sociales, familiares o etarias". Fuera de este plazo, la interrupción del embarazo estará permitida en caso de riesgo de vida de la mujer o riesgo grave de salud, y en caso también de que se aprecie una malformación fetal incompatible con la vida extra uterina.

El único mecanismo constitucional para dejar sin efecto el eventual veto del presidente es convocar a la Asamblea General y obtener 3/5 votos a favor en cada cámara. Hoy, en Senadores estarían en esos votos, no así en Diputados ya que, según anteriores pronunciamientos, faltarían unos diez votos.

Aunque ese escenario podría cambiar con el desarrollo de la campaña preelectoral. También, y ante la posibilidad de que la ley no sea promulgada, legisladores de la coalición gobernante Frente Amplio (FA), y algunos políticos de la oposición, comenzaron a alzar sus voces para que el mandatario cambie su postura o deje, al menos, el camino abierto para un plebiscito. Eso podría hacerse a la par de las elecciones generales de octubre de 2009, aunque parecería difícil que un tema tan sensible y que genera tanta polarización, pueda formar parte de los próximos comicios.

"Sería un buen camino para tomar", sostuvo el diputado frenteamplista Edgardo Ortuño. "Así Tabaré podría expresar su pensamiento y hasta hacer campaña en contra, si aún sigue convencido", añadió, en clara señal para que el presidente se decida a promulgar la ley porque si la veta y la Asamblea General no se pronuncia en contrario, la constitución uruguaya no habilita la posibilidad de que la ciudadanía se exprese.

De promulgarla, en cambio, quienes están en contra deberían juntar firmar para un plebiscito, con el que sí podrían derogarla.

                                                           SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                         (Gran Papiyo)