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MONTEVIDEO (AFP) — El presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetó la despenalización del aborto bajo el argumento de que esa práctica "ha aumentado" en los países donde se legalizó y de que "no se puede desconocer la existencia de vida humana en la etapa de gestación".

"Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado", dice el veto, firmado el jueves por Vázquez y la ministra de Salud Pública María Julia Muñoz, y remitido este viernes al Parlamento.

"En los Estados Unidos en los primeros diez años (el aborto) se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España", añade el documento, divulgado en la página web de la Presidencia.

Asimismo, señala que "la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia".

"El verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más, a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia", agrega el mandatario, oncólogo de profesión.

Asimismo, señala que la despenalización del aborto, contenida en la ley de salud Sexual y Reproductiva, "afecta el orden constitucional (...) y compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales, entre otros Pacto de San José de Costa Rica (...) y Convención Sobre los Derechos del Niño".

Vázquez señala que la ley regula "la objeción de conciencia de manera deficiente", pues "genera una fuente discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más".

"De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías", indica el texto.

"Es menester atacar las verdadera causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica", afirma.

La Asamblea General del Parlamento (reunión de ambas cámaras) tiene 30 días para levantar el veto, para lo que requiere 3/5 de los votos, aunque de antemano se sabe que no alcanzará esa mayoría especial.