Público

Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional. 

La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".

 

Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.

1.300 euros por ‘guerrillero' 

El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.

Asesinatos impunes o falsos positivos

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.