Un holguinero recupera tejas de zinc tras el paso de Ike. (REUTERS)
Los cargos van desde la procedencia ilícita, la especulación, el acaparamiento, el encubrimiento, hasta la receptación. Todos giran en la misma cuerda del abuso de poder de la policía y el sistema judicial de Holguín y del resto del país.
Desde que esta provincia fue afectada por Ike, hace tres meses, el poder político tuvo la iniciativa de "acabar con los estafadores del pueblo", según palabras del líder local del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel.
Así comenzó una cruzada en la que, como es típico del proceder judicial y represivo, se han cometido todo tipo de violaciones y se han ejecutado variados métodos extrapenales.
Para complacerse y ejecutar sin rivalidad los procedimientos penales, se apoyan en los juicios sumarios, alegando que "estamos en estado de sitio", como recalcara Díaz-Canel en la Mesa Redonda, al hacer referencia a las conductas adoptadas en la llamada "fase de recuperación" tras los huracanes.
Ataviados con sus uniformes verde oliva, los máximos dirigentes del país instruyen a jueces y oficiales operativos en su tarea de exterminar "las lacras de la sociedad".
Casos y causas
Un botón serviría de muestra. ¿Son antisociales todos los ciudadanos juzgados? ¿Todos han cometido delitos?
Con el contubernio de la prensa oficialista, se publican los casos procesados por los tribunales municipales, pero nunca se mencionan los nombres de los enjuiciados, ni tampoco los argumentos de las causas.
Documentos clasificados de la Dirección Provincial de Justicia, a los cuales tuvo acceso CUBAENCUENTRO.com, revelan aristas de la imparcialidad con que se ha obrado en los juicios de marras.
Ante el desabastecimiento que existe en Holguín, muchas personas se ven obligadas a comprar productos de primera necesidad, "cuando aparecen". Así lo relató Maribel Batista a un fiscal del municipio Rafael Freyre, pero el letrado consideró una falta grave que a la acusada se le ocuparan 11 paquetes de detergente, de 250 gramos, y 19 jabones de tocador.
Instruida de cargos por el delito de "acaparamiento", esta mujer de 34 años de edad tendrá que pagar 500 pesos de multa y permanecerá un año bajo limitación de libertad. Una posible atenuante no se tuvo en cuenta: la acusada padece una afección severa de salud.
Así, José Matos Medina, del municipio Antilla, ha sido condenado a un año de prisión por vender siete paquetes de refresco instantáneo y cinco máquinas de afeitar. El "delito" de este joven es "especulación", pero el detalle curioso es que el Estado ofrece estos productos a quienes reciclan materiales.
Otro tanto sucedió en Sagua de Tánamo a Víctor Roble, a quien se le ocuparon dos frascos de refresco que había adquirido en la tienda de la Empresa de Materias Primas. Permanecerá un año con trabajo correccional sin internamiento.
Por el delito de hurto, el Tribunal Municipal de Holguín impuso igual sanción a Graciliano Espinosa Hernández, trabajador de la fábrica de refrescos de San Rafael. Al acusado se le ocuparon dos litros de sirope y 47 jugos de melón. En la fábrica, "la administración vende a los trabajadores esos productos", declaró Espinosa, pero en el juicio no lo tuvieron en cuenta.
Idelmar Zaldívar también fue procesado por especulación y tendrá que pagar una multa de 200 pesos, más un año de trabajo correccional sin internamiento. En el juicio sumario se supo que "se le ocuparon tres paquetes de galletas de sal, proponiendo su venta en la calle". Y aunque ni siquiera había consumado el supuesto delito, esto no sirvió de atenuante.
Las huellas del huracán
Los órganos represivos la han emprendido, con especial saña, con las personas que se apropiaron de algunos materiales constructivos tras el paso de Ike por tierras holguineras.
Para el Estado resulta ofensivo que "personas inescrupulosas" tomen en la vía pública, potreros, o en los patios de las viviendas, tejas de zinc retorcidas que sobrevivieron a la devastación.
Aldo Meriño permanecerá siete meses recluido en un centro penitenciario, porque el jefe de sector de la policía encontró en su vivienda cinco tejas de zinc. Según el oficial, "el material ocupado pertenece a la UBPC (Unidad Básica de Producción Cooperativa, agrupación campesina controlada por el gobierno) de Cañadón".
El acusado planteó que encontró las tejas en plena vía pública y se las llevó para reparar su vivienda, arrasada por los vientos.
La represión
En medio de las calamidades por el desabastecimiento y la falta de recursos para reparar las viviendas, los órganos represivos de la dictadura se empeñan en evitar la más mínima expresión de economía informal, en momentos en que la tambaleante economía puede despertar la chispa del descontento y la desobediencia civil.
El régimen está concentrado en dar muestras de poderío: detiene a opositores, intimida a los "críticos" de los métodos de dirección y viola todo tipo de derechos humanos, al realizar registros domiciliarios y en la calle sin las debidas autorizaciones y garantías.
Los juicios sumarios confirman que el binomio órganos represivos-poder judicial permite al régimen totalitario perpetuarse en el poder.
Son los vientos de un huracán que no ha cesado de afectar a los holguineros desde hace tres meses. Como otro procedimiento, también de moda por estos días, de colocar cámaras ocultas en los principales parques de la ciudad, con el objetivo de "sorprender a todos aquellos individuos que merodean las tiendas de recaudación de divisas", según publicó la televisión local. Se trata de un nuevo episodio orweliano, donde todos somos sospechosos.
"Entre cielo y tierra no hay nada oculto, y aquí todo se ve y todo se sabe", enfatizó ante las cámaras un comentarista de Tele Cristal.
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