Aceptar la tortura de un ser humano por no importa cuál razón, no es más que una ignominia y una aberración. Pero legalizarla, intentar cobijarla con un marco jurídico, no alcanza otro calificativo que el de crimen de lesa humanidad, delito expresamente señalado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué se entiende por tortura? De acuerdo a un Convenio firmado por los propios EE.UU., es un acto "por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión... cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas".

Y fue eso, para el resto de la humanidad con nombre propio de tortura, lo que autorizó el presidente Bush durante su administración como método de interrogación, y lo que recientemente denominara el Presidente Obama como un "extravío moral" de la nación más poderosa del mundo. Ahora, tras su autorización para la desclasificación de algunos documentos que hacían referencia a este procedimiento investigativo -disfrazado bajo el nombre de "Técnicas de interrogatorio ampliadas"-, no cabe duda de que han quedado abiertas las puertas para un eventual proceso penal en contra de los responsables de formular estas macabras "ideas" dándoles algún tipo de legitimación jurídica. Y en ello estaban, por supuesto, en medio de la ebriedad del poder, dándole su beneplácito y aval a aquellas monstruosidades, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld y Richard Cheney, entre otros.

¿Qué podría estar sucediendo hoy de haberse dado la continuidad de los republicanos en el poder teniendo en cuenta la nefasta y persistente influencia de Bush en su partido? Seguramente, porqué no, hubiera terminado institucionalizándose la tortura en la nación que se precia de ser símbolo y guardián en el planeta de los conceptos de libertad, justicia y democracia.

Y es que no hay que olvidar que, una vez que las prácticas coercitivas en interrogatorios (léase, torturas) fueron aprobadas, luego de que el 7 de febrero de 2002 George W. Bush firmara un memorando anulando el Artículo 3 de la Convención de Ginebra (el cual se refiere al tratamiento de prisioneros de guerra), las "técnicas" pasaron a ser el soporte de los interrogatorios "no sólo en las prisiones secretas de la CIA, sino también en campos del Departamento de Defensa como Guantánamo, en Cuba, y los existentes en Afganistán e Irak.", dice un informe de The New York Times.

Asfixia simulada con agua, es decir, el aterrador "submarino" en el cual al sospechoso se le impide respirar hasta llevarlo casi a una condición agonizante; la desnudez total de un detenido para hacerlo consciente de su miserable estado de indefensión, mientras se le golpea en la cara y el abdomen; llenar de insectos las cajas en las que se introducía a los interrogados; privarlo del sueño durante largas jornadas; lanzarlo reiteradamente contra las paredes y, en fin, reducirlo a "posiciones estresantes" mientras se manipula su alimentación, son sólo algunas de las pavorosas y perversas prácticas de esta modalidad de "tortura contemporánea" que ahora con pruebas irrefutables podemos identificar como "made in USA".

Pero no podíamos escribir sobre este ominoso escándalo sin volver también la mirada -y la conciencia- sobre nuestra propia Colombia adolorida. Aunque acá naturalmente no se sabe de marco legal alguno que la ampare, para nadie es un secreto que se dan casos de tortura desde la época nefasta del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay hasta nuestros " célebres " días de la Seguridad Democrática del presidente Uribe. Pero y si no fuera así, si no se dio o se ha dado esta aberración como trato individual a sospechoso alguno de terrorismo u opositor político "peligroso" en aquel o este gobierno, ¿acaso no se ejerce en nuestra patria la tortura -made in "Colombia es pasión"-, o no puede llamársela como tal la que sufren por la ineficacia del estado, el paramilitarismo, la corrupción política y administrativa, o por las acciones u omisiones de la Fuerza Pública los millones de desplazados que deambulan por las grandes ciudades? ¿Las víctimas de la violencia huérfanas, además, y por añadidura, de verdad, justicia y reparación? ¿Los confiados ahorradores DMG y "piramidales" sacrificados por un rencoroso arrebato presidencial? ¿Los mártires del sistema UPAC? ¿Las familias de los caídos en los "falsos positivos?

Ah, y el largo etcétera que por razones de espacio dejamos a la urgida percepción, seguramente indignada, de cualquier lector objetivo.

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