Bajo el titular “Exiliados no pierden la esperanza de recuperar propiedades”, un reportaje del Nuevo Herald aborda las intenciones de quienes salieron de Cuba tras el triunfo de la revolución y reclaman sus lujosas propiedades repartidas por el gobierno entre los ciudadanos o utilizadas para servicios públicos como colegios o centros sanitarios.

Recoge el diario el caso de Mario Sánchez y su antigua casa cerca del Zoológico de La Habana. Sánchez no ha olvidado la dirección, y puede mirar el techo usando imágenes de satélite en su computadora en su hogar de la Florida, a 230 millas de distancia.

"Mi esperanza y mi sueño son que algún día yo podré recuperar mi propiedad', dijo Sánchez, profesor de Ciencias Computacionales en el Miami Dade Community College, durante una entrevista telefónica.

Ante la perspectiva de mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Sánchez cree que ya no falta tanto para ese día.

El no es el único. Algunas compañías de EEUU y algunos cubanoamericanos no han perdido la esperanza de recuperar propiedades, o de recibir compensación por lo que perdieron a principios de la década de 1960, cuando Fidel Castro nacionalizó fábricas, fincas, hoteles, edificios de oficinas, tiendas por departamentos, centrales azucarerons, minas, tierras cultivables y viviendas.

Los intentos de acercamiento del gobierno de Obama a La Habana, su relajamiento de algunas facetas del embargo comercial de 47 años de duración, y la disposición del gobierno cubano a discutir cómo mejorar las relaciones han despertado esperanzas de los antiguos propietarios.

"Es temprano todavía, pero yo me siento optimista', dijo Robert Muse, abogado de Washington que representa a dos de los demandantes que certificaron las propiedades más considerables ante el Departamento de Justicia de EEUU. "Cualquier tendencia a la mejoría de relaciones es positiva, porque estas demandas no se pueden resolver si no existe un acercamiento a Cuba'.

Muchos otros propietarios intentan mantener el anonimato, pero no por ello aparcan sus pretensiones Muse, quien pidió que sus clientes no sean nombrados en letra impresa, dijo que las leyes internacionales reconocen el derecho de dueños extranjeros a recibir compensación por propiedades confiscadas.

En 1972, cerca de 6,000 compañías estadounidenses e individuos que eran ciudadanos americanos en el momento en que sus propiedades fueron confiscadas presentaron reclamaciones ante el gobierno de EEUU por propiedades que entonces valían más de $1,800 millones y que se estima que valgan ahora unos $7,000 millones.

Entre los demandantes se encuentran General Electric, General Motors, Ford, Sears, Coke, Pepsi, Citicorp y Goodyear. Texaco perdió su refinería en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. A ITT se le arrebataron sus acciones en la compañía telefónica de Cuba.

Ninguna de las numerosas compañías de EEUU que fueron contactadas para este artículo quisieron comentar sobre las demandas, alegando razones legales. Pero Muse dijo que las "demandas siguen siendo valores activos en los libros de las compañías'.

Los 10 demandantes de mayor importancia son empresas de EEUU que incluyen casi $1,000 millones de las pérdidas originales, dijo.

Cuba expropió también propiedades a cientos de firmas no estadounidenses, y ha firmado acuerdos de compensación con Canadá, Suiza, Francia, Gran Bretaña, España y México.

Estados Unidos negoció compensación por las propiedades estadounidenses confiscadas por el gobierno comunista de Vietnam, con Irán después de la revolución islámica y con los países de Europa Oriental que quedaron bajo la órbita soviética después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero no con Cuba. En 1960 el gobierno de Castro ofreció compensación en forma de bonos o exportaciones de azúcar a Estados Unidos. Pero las autoridades estadounidenses se negaron e impusieron el bloqueo un año después y congeló las cuentas del gobierno cubano en los bancos estadounidenses. A finales del 2005 el Departamento del Tesoro dijo que en esas cuentas quedaban $268.3 millones, aunque no se sabe exactamente cuánto queda ahora.

Parte del dinero fue a parar a familias que demandaron a Cuna en tribunales estadounidenses sobre la base de una ley de 1996.

Cuba ha dicho desde hace mucho que está dispuesta a compensar los intereses estadounidenses pero a cambio pide restitución por los daños causados por el embargo económico, que La Habana calcula en $93,000 millones. El gobierno cubano está menos dispuesto a pagar por las propiedades perdidas por cubanos que posteriormente se naturalizaron norteamericanos.

Ese grupo incluye a Sánchez, el profesor de Ciencias Informáticas, que salió de la isla a los 6 años y no vio a sus padres durante seis años más. La tierra, vivienda y casa playera de su familia fueron incautadas por el estado para el que trabajaría su padre. Sánchez, que ahora tiene 53 años, sigue considerándose propietario de ambas viviendas y todavía puede recitar de memoria la dirección exacta de su casa en Nuevo Vedado, en La Habana: "Oeste 818 entre Conill y Santa Ana'. Por lo que ha visto en imágenes de satélite, "el techo parece en buen estado'.

Toda esta situación hace pensar que, tras el discurso estadounidense de “democratización y derechos humanos” para la isla, se esconden muchos estadounidenses que aspiran a volver a ser dueños de mansiones, latifundios e industrias que la revolución repartió entre cubanos necesitados o socializó para convertir en instalaciones para uso social de los ciudadanos.