Se ha dicho con razón que una oportuna charla entre presidentes consigue lo que en ocasiones no pueden años de tarea diplomática. Con el conflicto con Caracas por la nacionalización de empresas argentinas en Venezuela asistimos a la perfecta inversión de esa premisa.

La infidencia que el martes Hugo Chávez hizo a Lula fuera de micrófono sobre el proceso de estatizaciones en su país, con la aclaración de que dejaría a salvo a compañías de origen brasileño, provocó una fuerte sacudida en el Gobierno y amenazó con una escalada diplomática con Caracas. Nada más lejos, al final del día.

En la cuestión se había involucrado la Presidenta. "Una afirmación de ese tenor -por la de Chávez- es "discriminatoria y discrecional" y atenta contra la asociación entre Venezuela y la Argentina, dijo temprano Cristina Kirchner, según un inusual cable de Telam. Según la agencia, Cristina había hablado la noche anterior con Chávez reclamando que aclarara su diálogo con Lula, reproducido por diarios de Argentina y Brasil, entre ellos Clarín (ver El diálogo...). Pidió, de ser necesaria, una desmentida pública.

La posición venezolana llegó horas más tarde. Un comunicado de la Cancillería de ese país acusó a "algunos medios de la prensa argentina" de haber manipulado un comentario "en tono de broma" de Chávez a Lula. El texto habló además de una "feroz campaña de difamación" de la prensa argentina contra Caracas, en línea con recientes declaraciones de Chávez.

El Gobierno esperó durante la tarde de ayer que Chávez diera a conocer sus aclaraciones.
Fuentes del primer nivel oficial prometían una respuesta enérgica, en el caso de que las disculpas de Chávez no conformaran; se hablaba incluso de una bisagra en la relación con Venezuela. La aclaración llegó y fue el ministro Florencio Randazo quien habló: "Sin comentarios. Las relaciones exteriores las maneja la Presidenta. Y para nosotros este es un tema terminado", le dijo a Clarín.

¿Dónde había empezado todo? El viernes pasado, en una decisión que no comunicó al gobierno argentino, Venezuela anunció la estatización de un grupo de empresas siderúrgicas, entre ellas tres ligadas al grupo argentino Techint, en el marco de un proceso de recuperación de industrias consideradas estratégicas para el proyecto de Chávez. "No hay nada que discutir: estas empresas deben estar bajo control obrero", dijo entonces el caudillo venezolano.Todo indica que el gobierno argentino ignoraba la decisión de Chávez, aunque no su programa de nacionalización en el área siderúrgica. Apenas un año atrás, Venezuela había expropiado la empresa Sidor, también de Techint, por la que pagó –después de una negociación que incluyó al gobierno argentino– casi 2.000 millones de dólares.

Las novedades en Caracas provocaron una respuesta en bloque de la corporación empresaria, cuyo destinatario no fue sólo el Palacio de Miraflores de Caracas, sino la Casa Rosada.
Las principales cámaras empresarias expresaron su "repudio" por la expropiación de las empresas argentinas en Venezuela, pero también su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno del matrimonio Kirchner siga el camino de Chávez, esto es, avance sobre el sector privado. Finalmente, los empresarios reclamaron represalias: que se impida el ingreso de Venezuela al Mercosur, decisión que depende de la ratificación de los parlamentos de Brasil y de Paraguay.Nadie en el Gobierno dio sin embargo por satisfactoria la respuesta de Caracas. "No la tomamos seriamente. No es este el momento para dar un giro. Pero esto impone un replanteo en la relación con Chávez", dijo una calificada fuente oficial.
El Gobierno sigue tragando sapos con Chávez. Lo viene haciendo desde el escándalo de la valija de Antonini Wilson y el remate de bonos argentinos en Caracas. Cualquier replanteo demanda una profesionalización de la relación entre los dos países, su despersonalización y encauzamiento por los canales diplomáticos naturales. Pero hay mucho dinero en juego entre los dos países. ¿Se atreverán los Kirchner a hacerlo?