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Se desconoce el paradero de Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), pero sobre él pesa una orden captura. Por su parte, el Gobierno peruano no descarta que la movilización de Aidesep sea apoyada y financiada desde el exterior.
De 43 años, Pizango fue elegido presidente de Aidesep en la ciudad de Iquitos el pasado 14 de diciembre de 2008 para un periodo que culmina el 31 de diciembre de 2011, año en el que se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú.
El líder indígena pertenece al pueblo Shawi-Campu Piavi de la región Loreto y hasta su elección se desempeñaba como profesor de escuela en la ciudad de Yurimaguas, ubicada en la misma región y muy cerca de la vecina San Martín.
En sus presentaciones, Pizango suele usar un tocado de plumas, de la misma forma que sus compañeros en la dirigencia visten túnicas típicas de la selva peruana.
Actualmente, en el Consejo Nacional de Aidesep están representados, además de su etnia, los pueblos Yine, Awajun y Machiguenga.
La asociación selvática reúne a 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a 1.350 comunidades, donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas, según la información de su página web.
Pizango, que es casado y con hijos, ofreció su última rueda de prensa, acompañado por otros dirigentes, el pasado viernes en Lima, cuando salió escoltado por políticos de izquierda, ante la amenaza de una orden de captura.
El representante amazónico ha contado en sus acciones de protesta con el respaldo del principal partido de oposición en el Congreso, el Partido Nacionalista Peruano, y del mayor gremio laboral, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Dada la cercanía del nacionalismo con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, el Gobierno peruano ha deslizado la versión de que la movilización de Aidesep está apoyada y financiada desde el exterior.
El ministerio de Justicia presentó una denuncia por “sedición” contra Pizango en mayo último, a raíz de la convocatoria del líder para desconocer la autoridad del presidente peruano, Alan García, tras la negativa del Gobierno de derogar las leyes que las comunidades selváticas rechazan.
Aidesep promueve un paro indefinido de las comunidades selváticas desde el 9 de abril, que ha incluido cortes de carreteras, tomas de yacimientos petroleros y gasísticos y bloqueo de ríos.
La fiscalía citó a Pizango y a otros dirigentes a declarar sobre esa acusación, que estaba en curso de ser archivada, según adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, la semana pasada.
Sin embargo, la investigación contra Pizango fue ampliada con los delitos de “homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas”, a raíz de los enfrentamientos en Bagua el pasado viernes que dejaron al menos 33 muertos, entre policías y civiles.
Las acusaciones vertidas contra Pizango podrían ser sancionadas con hasta 35 años de cárcel, según juristas locales.
El sábado último, el Poder Judicial dictó una orden de captura a nivel nacional e internacional contra el presidente de Aidesep y dos congresistas del Partido Nacionalista Peruano lo condujeron hacia el sur del país, según declararon las legisladoras Yaneth Cajahuanca y Juana Huancahuari a la prensa.
No obstante, la vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata Fasabi, negó hoy la versión de que Pizango había huido del país y aseguró que permanece en Lima en coordinación con sus colegas del Consejo Nacional de Aidesep.
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