Facsímiles del reclutamiento compulsivo de profesionales y docentes.
Militantes eran los de antes, podrían decir los punteros del oficialismo porteño. Es que ante la idea de hacer campaña casa por casa, a último momento faltó quien ponga el cuerpo para tocar los timbres, repartir propaganda partidaria y hacer encuestas. Por eso, en algunas reparticiones del Gobierno de la Ciudad se obligó a los empleados contratados a integrar los equipos de “timbreado” para recorrer los barrios en las últimas semanas de campaña. La denuncia fue realizada por varios de estos empleados –algunos son profesionales o docentes– en la Defensoría del Pueblo porteña, donde ya se instruye una actuación que podría terminar, como mínimo, en un sumario a los funcionarios que participaron de esta campaña compulsiva, pero también en una denuncia penal, ya que se utilizaron fondos públicos. En su gran mayoría, las denuncias están hechas bajo identidad reservada, ya que por su condición de precarizados, los trabajadores corren el riesgo de ser cesanteados.
Entre las dependencias denunciadas está la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, a cargo de Francisco Irarrazábal. Desde esa dependencia, se convocó a través de correo electrónico a profesores, técnicos deportivos y coordinadores. Debían concentrarse en Moreno 1170, sede de la Subsecretaría, desde donde eran trasladados en combis a los puntos fijados para hacer la actividad. Por participar en esa tarea proselitista, a los participantes se les prometió un franco compensatorio por cada día de timbreado.
“Su asistencia es de suma importancia y se valorará mucho”, dice uno de los correos electrónicos que llegaron a la Defensoría. “Recuerden que habrá ‘francos compensatorios’ que luego lo arreglarán con sus respectivos responsables. Recuerden que se tomará lista (de asistencia)”, se enfatiza la comunicación.
Los correos electrónicos fueron enviados desde a casilla hotmail de Teresita Otegui, quien se presenta como secretaria del director general de Deportes, Ramiro Giménez. La Subsecretaría de Deportes depende del Ministerio de Desarrollo Económico, cuyo titular es Francisco Cabrera.
Las denuncias llegaron a manos del defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, quien inició la actuación por “la utilización de personal contratado en tareas proselitistas”. Ahora el expediente está en manos de la defensora general, Alicia Pierini, quien lo girará para su instrucción a la oficina técnica de la Defensoría.
Una de las denuncias fue acompañada por una seguidilla de correos electrónicos –algunos de los cuales se publican en esta página– en los que desde la Subsecretaría de Deportes se convoca a unas cincuenta personas para participar del operativo “timbreado”.
Las convocatorias fueron para los días jueves 18, viernes 19, lunes 22 y martes 23. Debían presentarse en las oficinas de Moreno 1170 a las 14 para ser trasladados en combis en distintas direcciones. La misión era realizar “timbreados, volanteadas y encuestas para la campaña de la candidata a diputada, Gabriela Michetti”. En los correos aparece el numero de teléfono de la oficina de Deportes (el 4124-3400) y el celular de la mujer que los reclutaba.
“Desde ya, con las más variadas excusas, no nos hemos prestado a semejante barbaridad”, le dijo uno de los denunciantes al defensor adjunto Gómez Coronado. Los empleados hicieron la denuncia a pesar de la vulnerabilidad de su situación: todos son contratados bajo el régimen establecido por los decretos 948/2005 y 959/2007, de empleo público. Sus cargos son renovados anualmente, por lo que temen una posible cesantía como represalia. Por eso, en la Defensoría se aplicó la figura de declaración como “testigos de identidad reservada”.
El sumario podría desencadenar un pedido de sumario administrativo para los funcionarios que hicieron la convocatoria y hasta en una denuncia penal por el mal uso de los fondos públicos.
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