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Después del 15-F, el autoritarismo bolivarista ha radicalizado su proceder en contra de esos amplios sectores del país que le adversan. La marcha redoblada ha sido tan avasallante como descarada, y el propósito no es otro que despejar el camino del continuismo, ante reales o potenciales obstáculos.
Pero la manera de hacerlo es acaso más refinada que en los regímenes políticos dictatoriales que han sido característicos en Venezuela y otros países de América Latina. Así, la dictadura tradicional suele prohibir e ilegalizar la política opositora, y punto final. La neo-dictadura, en cambio, acosa, enjuicia e inhabilita a los principales dirigentes políticos de oposición. El objetivo es el mismo pero los medios son diferentes.
En Venezuela, los derechos políticos democráticos están formalmente reconocidos, pero en la práctica se encuentran sometidos a un régimen despótico y habilidoso que los anula en lo material. Los profusos capítulos de la Constitución de 1999 dedicados a los derechos y garantías políticas y civiles, se interpretan y aplican de forma acomodaticia a los intereses de la parcialidad oficialista, lo que en pocas palabras significa que terminan siendo letra muerta.
Se permite la existencia de partidos políticos críticos a la "revolución bolivarista" y, sin embargo, su desenvolvimiento está severamente restringido a través de mecanismos de control y castigo para sus figuras connotadas. Mecanismos que son resueltos por el propio señor Chávez, aunque sean implementados por cualquiera de los otros "poderes públicos", sea la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República o la Fiscalía.
UNT, PJ, AD, Copei, PV o ABP pueden tener "vida legal" y tratar de ganarse la voluntad de la población, pero siempre que ello se circunscriba a una suerte de "zona de tolerancia", es decir que no se ponga en peligro el funcionamiento del proyecto de dominación nacional que encarna el señor Chávez.
En este sentido, y a diferencia de las realidades típicas de los países sojuzgados por dictaduras convencionales, estos partidos pueden convocar eventos, formular declaraciones públicas, e intentar participar en los procesos electorales o referendarios... Pero eso sí: basta que sobresalga un determinado vocero o dirigente, y que se le considere acreedor de simpatías sociales de importante alcance, para que le caiga encima una suerte de "molienda institucional" con el fin de destruirlo políticamente. Es el modo de operar de la neo-dictadura.
En consecuencia, el Estado "revolucionario" ejecuta las llamadas "inhabilitaciones políticas" con el fin de eliminar candidaturas populares e intervenir directamente en la determinación de los liderazgos independientes. Con esto no sólo anula los derechos políticos del "inhabilitado" sino también quebranta los del ciudadano común. ¿Cómo pueden haber elecciones libres si la libertad de escogencia depende de que el Estado decida quiénes pueden ser o no candidatos?
Por otra parte, si un candidato opositor llega a ganar una elección regional o municipal, el oficialismo le "reconoce" el triunfo más no le reconoce su efecto esencial o el derecho que tiene el nuevo gobernador o alcalde a ejercer las atribuciones constitucionales y legales del cargo. Lo acontecido en esta materia a partir del 23-N del 2008 es un monumento al desconocimiento craso de la voluntad popular.
Es más, si el nuevo mandatario estadal o local "se pone cómico", o sea, si sale en defensa a su derecho a gobernar, entonces lo amenazan con un juicio o se lo abren con cualquier pretexto y violentando la legalidad formal. Es el caso del alcalde marabino Manuel Rosales, actualmente sometido a un acoso implacable, y de otros que están siendo colocados en la fila del paredón. Al respecto, ya se anuncia la "apertura de causas" contra Capriles Radonsky.
Incluso se apela al expediente de la denuncia por "fraude electoral" --vaya extremo de cinismo-- a fin de eventualmente obtener una decisión judicial que le desproclame y ordene la repetición de los comicios, en una operación de cirugía electoral que favorezca la opción rojilla. Es el caso del gobernador Pérez Vivas, cuya victoria ha sido "impugnada" ante el TSJ.
Y más todavía, se modifica el sistema de distribución territorial del poder público, para recentralizarlo por encima de la Constitución, y hasta para eliminar instancias como la Alcadía Metropolitana de Caracas, por el mero hecho de que su titular sea considerado un "enemigo de la revolución". ¿Qué otra cosa implica la "nueva" Ley del Distrito Capital que ya está en "discusión" en la Asamblea Nacional?
En la dictadura tradicional las formas democráticas no tienen cabida, y en la neo-dictadura se hace un estratégico esfuerzo de simulación para conservar la silueta de elecciones, participación política y actividad opositora, al tiempo que se refuerzan todos los instrumentos concretos de concentración de poder que garanticen su continuismo. Quizá por ello a muchos se les hace difícil de aceptar la naturaleza neo-totalitaria del régimen que impera en Venezuela.
Por todo esto, la lucha para superar la actual hegemonía es mucho más ardua. Una dictadura tradicional en pleno siglo XXI sería impresentable e indefendible, pero la neo-dictadura cuenta con el beneficio de combinar la ambigüedad decorativa y el despotismo habilidoso.
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