HONDURAS... VIOLACIONES DE LEY - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Ante lo sucedido en Honduras lo lógico e irrenunciable es condenar enérgicamente cualquier ruptura de la institucionalidad democrática y la violación del Estado de Derecho, pero también se debe condenar con la misma firmeza si el presidente de la República con sus acciones rompe la institucionalidad democrática y viola el Estado de Derecho.
Más preocupante y condenable es la intromisión externa, que viola la soberanía hondureña, en la cual reside fundamentalmente el origen de lo sucedido en Honduras.

La interrupción de la gestión del presidente Manuel Zelaya se da en medio de una serie de violaciones de ley. No se siguió el debido proceso, permitiendo a los países del ALBA liderar una acusación de “golpe”, vendida con eficiencia comunicacional en todo el mundo, con lo que se logró ocultar que el presidente Zelaya había incumplido la Constitución e ignorado los llamados de atención de diferentes instituciones del Estado.
Es condenable que un presidente de la República, que debe dar ejemplo, hable de democracia y su gestión no coincida con los fundamentos democráticos.

Se acusa a Zelaya de violar la ley al destituir al jefe de las Fuerzas Armadas por incumplir una orden que violaba la Constitución, en tanto que solo lo puede remover el Congreso hondureño. Luego, se le acusa de enviar personas, muchas de ellas extranjeras, a presionar e irrumpir en una Base Militar para extraer el material que se usaría en “la encuesta” (léase consulta, que viola la Constitución), el cual había sido confiscado por el Tribunal Nacional de Elecciones por ser “ilegal”. Ya los otros dos órganos del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, habían advertido de la ilegalidad de la pretendida consulta y Zelaya hizo caso omiso, cayendo en una situación de desobediencia. Decidió estar sobre la ley y seguir el libreto dictado desde Venezuela, como que Chávez, en un exabrupto, que nadie ha condenado, amenazó con “derrocar” a cualquier presidente que se juramente en Honduras en lugar de Zelaya.

Un mal procedimiento se convirtió en cortina de humo para tapar la actuación ilegal de Zelaya, y pasar a demandar su regreso a la Presidencia de la República, por razones de procedimiento, no porque esté exento de culpa. Así se entró en otro problema. Se puede argumentar que el presidente Micheletti debe irse porque su ascenso no fue apegado a derecho; y el otro, que Zelaya no debería volver por ser un violador de la Constitución y el Estado de Derecho.

Luego viene otro error y claro doble estándar de los miembros de la OEA. Hace unos días acordaron terminar con la aberración de la expulsión de Cuba de la OEA. Ahora, amenazan con suspender todos los derechos de Honduras en esa institución e incluso de las organizaciones que sustentan la integración centroamericana. Es difícil entender la inconsistencia: ¿por qué en el caso de Cuba es una aberración y, días más tarde, está bien amenazar con aplicar una sanción similar a Honduras?

También, el embargo comercial a Cuba es malo y se debe terminar con él. Pero cerrar las fronteras con Honduras y suspender los desembolsos de los organismos multilaterales está bien. Esta ambivalencia de fundamento ideológico, sin duda, es carente de seriedad y coherencia de principios.

En el caso de El Salvador, la suspensión temporal del comercio con Honduras asemeja el berrinche de un hombre que llega a su casa, grita e insulta a su esposa y deja a los niños sin cenar, en castigo por lo sucedido en ese país. La vehemencia ideológica no permitió ver que las exportaciones salvadoreñas que cruzan la frontera hacia Honduras no necesariamente están destinadas a ese país, ya que, en gran medida, van en tránsito hacia el sur de Centroamérica, a la Costa Este de EUA y a Europa, creándose un problema comercial de gran envergadura. Es irracional tomar una decisión así cuando las exportaciones salvadoreñas han caído 16% hasta mayo de 2009 y las de maquila se desploman 23.5%. Nadie reparó que Honduras desde abril es el segundo socio comercial de El Salvador. Señores, no tiene sentido “castigar” al sector privado productivo por algo que no es responsabilidad de ellos.

Indudablemente, se debe aplicar a cabalidad la Carta Democrática Interamericana de la OEA, firmada en Lima en septiembre de 2001, tal como lo demandan todos los gobiernos miembros de esa institución, pero es difícil porque este documento fue calificado por Zelaya como “una babosada” hace unas semanas. Desconciertan tantas inconsistencias, emanadas de visiones ideologizadas que se apartan de la racionalidad democrática que debe imperar.