Lo último es la revelación de que el Washington Post se ha convertido en una especie de intermediario para lobistas empresariales, organizando discretos almuerzos con funcionarios claves de la Casa Blanca, almuerzos a los que los lobistas pueden asistir por el módico precio de 25.000 dólares. Mike Allen, de Politico, ha publicado este (excelente) scoop:

Por una cantidad oscilante entre los 25.000 y los 250.000 dólares, el Washington Post ofrece a lobistas y ejecutivos acceso discreto y no confrontativo “al pequeño puñado de poderosos”: funcionarios de la administración Obama, miembros del Congreso y los propios periodistas y editores del periódico.

La estupefaciente oferta se detalla en un folleto que el pasado miércoles llegó a manos de un lobista de los servicios de asistencia médica, quien lo puso en conocimiento de un periodista porque, dijo, consideraba que había un conflicto de intereses cuando un periódico cobraba por facilitar el acceso a, como decía el folleto, sus “periodistas especializados en asistencia médica y su personal editor”.

La oferta –que, en substancia, convierte a una institución periodística en una entidad facilitadora de encuentros entre lobistas y funcionarios públicos– es un nuevo indicio de los extremos a que pueden llegar las empresas propietarias de medios de comunicación para hacerse con ingresos en una época en que la mayoría de los periódicos está bregando por la supervivencia.

Y es un signo del cambio de los tiempos el que un lobista regañe al Washington Post, afeándole éticamente sus prácticas.

Hasta ahora, el grueso de las críticas se han centrado –correctamente– en el Washington Post, pero lo que yo querría saber es lo siguiente: ¿quién tenía pensado asistir en la Casa Blanca? Y quien fuera que tuviera pensado asistir, ¿era consciente de que se trataba de una sesión de cabildeo excelentemente remunerada? Y si así fuera, ¿no deberían exigirse responsabilidades por permitir la puesta en la moneda del acceso a funcionarios?