Los recursos para adelantar esa actividad salen a través de canales del sistema financiero y también mediante el envío en físico de fuertes sumas de dinero en moneda estadounidense. Los recursos se envían por intermedio de la fundación de un banco actualmente con graves problemas, y luego son distribuidos entre los beneficiarios “luchadores pro la libertad y la democracia”.

Las nuevas formas de financiamiento a la desestabilización del continente tienen como objetivo burlar los controles instalados no solo por el gobierno venezolano, sino también por los de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene absoluta certeza de que la National Endowment for Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.

Para abastecer financieramente a la oposición venezolana, por ejemplo, el dinero es colocado en el banco Davidendo, en cuentas pertenecientes a colombianos testaferros, reclutados especialmente para ellos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Los miembros de la oposición venezolano viajan hasta la limítrofe ciudad colombiana de Cúcuta a fin de buscar el dinero, aprovechando  la amplia frontera de más de dos mil kilómetros entre ambos países y las facilidades existentes para cruzar la línea limítrofe utilizando solamente la cédula de identidad.

Los testaferros colombianos retiran el dinero de la cuenta, se lo entregan a los venezolanos, y los custodian hasta su cruce a los estados venezolanos de Táchira y Zulia, gobernados por la oposición. Precisamente fue el 28 de mayo último cuando dirigentes estudiantiles opositores recibieron por esta vía la suma de 40 mil dólares para preparar acciones desestabilizadoras presumiendo que el gobierno bolivariano iba a cerrar la planta televisora Globovisión e intervenir la Universidad Central de Venezuela.

Pero nada de eso se dio, y el dinero aparentemente fue utilizado en actividades tendientes a provocar al gobierno constitucional. Nadie cree que el dinero haya sido devuelto a la NED.

Estas actividades corresponden a una gigantesca operación continental destinada a contener y a revertir los procesos de transformación social en la región. El golpe de estado en Honduras, el primero bajo la administración del presidente Barack Obama, representa un punto de quiebre de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.  

Se trata de un verdadero globo de ensayo de toda una operación contra la izquierda latinoamericana del nuevo gobierno demócrata, cuyos próximos escenarios de acción serían Paraguay, Bolivia y un incremento de la desestabilización en Venezuela para colocar a la defensiva al gobierno de Hugo Chávez, donde las actividades coordinadas desde Colombia marcarán los tiempos.

Apenas terminada la reunión de la OEA, el gobierno de Estados Unidos, anunció la instalación de una base militar en Colombia, para sustituir a la de Manta, Ecuador, de donde serán desalojados en breve.

En Colombia, las bases militares estadounidenses siempre han cumplido una función clara, que muy poco tiene que ver con la tergiversación oficial de su cometido, la del combate al narcotráfico. La militarización constituye el armazón primario sobre el que se monta el proceso de colonización de los Estados Unidos en la región, que se complementa con el andamiaje el económico.

Las actuales bases de Tres Esquinas y Larandia, en el departamento de Caquetá, y de Villavicencio, en el departamento del Meta, que operan con la presencia de aviones y la inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo apoyando el combate a los grupos subversivos, vigilando las fronteras. Las nuevas instalaciones, según lo reveló la revista colombiana Cambio, son las cinco principales bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga, las que harían parte de la nueva “arquitectura del teatro” del Comando.

El gobierno de Estados Unidos perfeccionó durante la última administración de George Bush un método de injerencia que logra penetrar e infiltrar todos los sectores de la sociedad en los países de su interés económico y político, a través de la NED y la apertura de lo que en Venezuela se dio en llamar oficina de transición (OTI, por sus siglas en inglés) de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

Desde hace al menos seis años, los organismos de inteligencia eligieron a grupos estudiantiles –alumnos de “institutos privados de elite como la prominente universidad católica de Caracas”, según el diario- como cabeza de playa para la desestabilización en Venezuela. De la denuncia se ha encargado el diario Washington Post (03-12-2007) que confirmó la intervención económica de la USAID en ayuda de estos grupos opositores.

La nota, firmada por el corresponsal en Latinoamérica, Juan Forero, citaba al investigador de la National Security Archive de la Universidad George Washington, quien en base a documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, afirmó que grupos estudiantiles venezolanos recibieron desde 2003 considerables sumas de dinero de USAID para su “promoción de la democracia” y “otros programas”.

El diario citaba también a una portavoz de la embajada estadounidense en Caracas, Jennifer Rahimi, quien señaló que Estados Unidos apoya “actividades no partidistas de la sociedad civil”, pero que no financia a los movimientos de oposición. “No hay ninguna conspiración para influenciar el resultado del referendo constitucional”, dijo dos años atrás.

Pero las cifras de “ayudas” que figuran en la propia página web de la NED confirma este financiamiento (que se remonta a 1993, dice) a casi cuatro centenares de grupos estudiantiles, partidos políticos de oposición, supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas “defensoras de derechos humanos” y “defensoras de la libertad de prensa” en Venezuela.

En Bolivia, la USAID contrató la empresa Casals & Associates, Inc (C&A) para manejar decenas de millones de dólares que se otorgaron también a casi 400 organizaciones, partidos políticos y proyectos, sobre todo los que tienen que ver en el respaldo al secesionismo de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Y ahora, en el derrocamiento de Manuel Zelaya, aparecen las pruebas del financiamiento de quienes implantaron la dictadura con dinero estadounidense.

(*) Allan G. Greenberg, Archives for Democracy.
Traducción de Theresa Pardez