S i se busca similitudes, Colombia, en la realidad verificable del Plan Colombia, ya es el "gran portaaviones" del Comando Sur en América del Sur, como lo es Honduras -en menor escala- en América Central.
Esa posición se reforzó con información difundida este miércoles precisando que serán siete las bases militares en ese país que contarán con la presencia de oficiales y personal estadounidense, en el marco de un convenio que el Gobierno de Álvaro Uribe adelanta con las autoridades norteamericanas y que ha generado una fuerte polémica en la región.
En un comienzo, el Ministerio de Defensa colombiano había mencionado la posibilidad de utilizar cinco bases, pero finalmente decidió incluir otras dos, según informó este lunes el jefe del Ejército, Freddy Padilla.
En el marco del acuerdo, EEUU tendrá acceso a tres bases aéreas, dos navales y dos del Ejército ubicadas en Cartagena, Larandia (departamento de Caquetá), Tolemaida y Palanquero (Cundinarca), Málaga (región del Pacífico), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico).
"Se trata de profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con el acceso a bases militares colombianas", indicó Padilla, al aclarar que "no son bases norteamericanas, son colombianas".
Padilla hizo este anuncio momentos antes de comenzar la Conferencia de Seguridad de Suramérica (SouthSec) en la ciudad colombiana de Cartagena, organizada por el Ejército colombiano y el Comando Sur de Estados Unidos.
En este encuentro, que culminará mañana, también participan generales y altos mandos militares de Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Chile y México.
En la conferencia, Padilla aprovechará la oportunidad para "explicar" los alcances del acuerdo que suscribirán Colombia y Estados Unidos, que ha generado fuertes polémicas especialmente en los países vecinos como Ecuador y Venezuela.
Tanto los presidentes de "izquierda" como los del sector "liberal" coinciden en que el acuerdo militar entre EEUU y Colombia podría transformar al país latinoamericano en un reducto de operaciones militares estadounidenses en América del Sur.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, general Jim Jones, de visita en Brasil, escuchó impávido la "postura" del gobierno brasileño sobre la existencia de bases militares estadounidenses en Colombia.
"Expresamos nuestra percepción de que las bases no contribuyen a la distensión" de las relaciones en la región y parecen "resquicios de la Guerra fría", dijo el asesor de asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, luego de un encuentro con el alto funcionario estadounidense.
Durante la conversación, García también recordó a Jones que "la guerra fría ya acabó" y que la región "está inmersa en un proceso de revolución democrática pacífica muy grande".
Precisamente, el jueves, llegará a Brasil el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, como parte de una "ofensiva diplomática" regional que busca explicar el acuerdo militar con Estados Unidos a varios gobiernos.
Tal como se esperaba antes de comenzar su gira por siete países sudamericanos para explicar el pacto militar entre Bogotá y Washington, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo una "escala difícil" en Bolivia y una buena estadía en Perú.
"Permitir bases militares en Latinoamérica es una agresión a los gobiernos y democracias de Latinoamérica. Vamos a defender la soberanía de Latinoamérica", dijo el presidente boliviano, Evo Morales, tras entrevistarse con su par colombiano, haciendo referencia al posible uso de bases colombianas por parte del ejército estadounidense.
Morales fue más allá y anunció que su gobierno planteará una resolución para el rechazo a bases militares extranjeras en la cumbre de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tendrá lugar el próximo lunes en Ecuador.
Horas antes, en Lima, el presidente colombiano recibió un rotundo respaldo de su par peruano, Alan García, quien dijo que "la historia va a reconocer mucho y muy pronto cuánto se ha hecho en favor no sólo de Colombia sino del modelo democrático de nuestro continente gracias al esfuerzo desplegado por el presidente Uribe y su gobierno".
García lamentó además que Colombia sufra "situaciones enojosas" y Uribe le agradeció "su permanente amistad profunda y prolongada con Colombia y sus instituciones democráticas.
El "gran portaaviones" USA
Colombia reviste un valor estratégico de primer orden en el diseño del control geopolítico y militar de América Latina.
En Colombia, tanto como en Honduras, las fuerzas y los militares del Comando Sur se mueven y actúan como un virtual ejército de ocupación encubierto.
Los estados mayores del ejército, la policía y los servicios de inteligencia colombianos se reportan "naturalmente a los oficiales y operativos de inteligencia USA plantados como "asesores" en los distintos niveles funcionales del Plan Colombia.
En los albores del Plan Colombia, en 1998, la administración Clinton lanzó la iniciativa asistiendo con US$ 330 millones y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las fuerzas armadas y policía colombianas. Estas sumas, así como la presencia de personal militar y técnico, se fueron incrementando gradualmente.
En octubre del 2004, el Senado estadounidense aprobó una "ley de compromiso", incrementando el número de "asesores" militares (léase oficiales operativos del Comando Sur) estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia.
En el 2001, el gobierno de George W. Bush expandió el programa con una partida de US$ 676 millones, y hasta el 2007, de los US$ 5.000 millones que EEUU aportó al Plan Colombia, unos US$ 4.000 millones se utilizaron en el componente militar de la iniciativa.
Estas aportaciones convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda militar de los EEUU (puesto conservado hasta antes de las invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak).
Estas sumas multimillonarias se extraen de los presupuestos anuales del Departamento de Defensa de EEUU, y permite al Pentágono una ascendente "militarización" de las relaciones con Colombia y una subordinación creciente de sus fuerzas armadas a la estrategia regional de EEUU.
Esta realidad (de dependencia financiera bélica), descripta y probada por una multitud de informes, pone de relieve una ingerencia excesiva del Pentágono en los "asuntos internos" de Colombia, por encima del Departamento de Estado y de su representación diplomática.
Cuando el gobierno de Uribe, rompiendo el status de convivencia acordado después de la crisis regional de 2008, acusa nuevamente a Chávez de armar al "terrorismo" de las FARC, la sombra de Honduras empieza a posarse sobre Venezuela.
La suscripción del nuevo acuerdo militar es de fundamental importancia para la comprensión del proceso que se avecina en las relaciones de Colombia con Venezuela, marcadas por una insólita (y novedosa) guerra por "áreas de influencia" entre el Pentágono y el Departamento de Estado.
Con el nuevo acuerdo suscripto por Uribe con el Pentágono, Colombia, prácticamente bajo ocupación militar encubierta de EEUU, pasa a desempeñar el rol de una "Corea del Sur" en Latinoamérica.