Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y señalados en Colombia

2009-02-24



Intervención de Antonio Menéndez de Zubillaga, Coordinador Área Jurídica, durante el lanzamiento del Informe de Human Rights First


En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de su Representante encargado, Javier Hernández Valencia, agradezco a Human Rights First la invitación para participar en este evento. La Oficina considera de suma importancia las iniciativas que en el seno de la sociedad civil se desarrollan para promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas y, en especial, de las y los defensores de derechos humanos.

La Oficina quisiera saludar la oportuna elaboración y publicación de este Informe de Human Rights First sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos colombianos, realizado con base en el estudio detallado de un significativo número de casos. El Informe pone de manifiesto un aspecto esencial relacionado con las dificultades que éstos enfrentan en el desarrollo de sus legítimas actividades: detenciones arbitrarias y/o ilegales de las cuales son víctimas.

Como es de su conocimiento, la Oficina, a través de sus informes anuales no ha permanecido ajena a esta realidad. Hemos constatado que hay condiciones de inseguridad e intimidación que afectan al libre ejercicio de las actividades de las y los defensores de derechos humanos. Esto hace que, frecuentemente, sean víctimas de amenazas y hostigamientos, así como de atentados a la vida, a la integridad personal y a la libertad.

Desde el año 2003, la Oficina ha registrado un aumento en el número de casos de detenciones arbitrarias y/o ilegales cuyas víctimas pertenecen a este colectivo. La Oficina ha manifestado, en no pocas ocasiones, que la aplicación de la potestad judicial del Estado en materia de investigación y juzgamiento de conductas punibles, continúa presentándose como factor de hostigamiento. En muchas ocasiones, se sindica a personas por delitos contra el régimen constitucional y la seguridad pública sin bases jurídicas sólidas. Como resultado, estas personas permanecen detenidas sin justificación aparente por largos periodos de tiempo, que pueden llegar hasta 2 años. En estas situaciones, cuando las investigaciones son apropiadamente revisadas o se enfrentan al escrutinio judicial, las personas son liberadas sin cargos. Miembros de ONG, líderes sociales y sindicalistas también son víctimas de detenciones arbitrarias por delitos de rebelión. Además, varias de estas personas contaban, al momento de su detención, con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o eran beneficiarios del Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior.

La situación de las y los defensores de derechos humanos se ha visto también perjudicada por declaraciones públicas de algunos altos funcionarios del Gobierno, que realizaron cuestionamientos muy generales e indiscriminados sobre la naturaleza de su labor y la de sus organizaciones.

La Oficina ha observado que los atentados contra la vida, la integridad y la libertad de las y los defensores de derechos humanos, así como los ataques a su honra, han provocado un retraimiento en su trabajo, una mayor reserva en la expresión de sus opiniones, y una autolimitación en el desarrollo de sus actividades.

La Oficina ha formulado una serie de recomendaciones al Estado para prevenir y reprimir estas situaciones injustas, que tienden a asegurar la vigencia de mecanismos normativos y políticos adecuados que deben contribuir al ejercicio de las actividades en defensa de los derechos humanos en condiciones de plena libertad y seguridad.

De manera constante se ha solicitado que la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de revisar los archivos de inteligencia militar y policial.

La Oficina ha solicitado también a la Procuraduría General de la Nación que sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

Las actuaciones de Fiscalía General de la Nación en materia investigativa, y de la administración de justicia en general, han arrojado escasos resultados que permiten que estos delitos queden en la impunidad. Por ello, la Oficina ha recomendado a esa entidad el desarrollo de una estrategia especial para el esclarecimiento de estos casos.

Al reconocer tanto los avances alcanzados, como los desafíos persistentes, se ha recomendado al Gobierno y las y los defensores de derechos humanos que desarrollen, institucionalicen y favorezcan espacios estables de interlocución respetuosa.

Por su parte, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, en el marco del reciente Examen Periódico Universal, exhortaron al Gobierno colombiano a adoptar medidas políticas que garanticen el goce de su derecho a defender y promover los derechos humanos en condiciones plenas de libertad y seguridad.

Desearía aprovechar esta ocasión para recordar que la labor de las y los defensores de derechos humanos no sólo es legítima, sino que resulta indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de derecho.

Para finalizar, considero muy pertinente citar aquí las palabras de la señora Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al concluir su vista a Colombia en octubre pasado. Expresando su preocupación por la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y servidores públicos, la señora Pillay dijo que “debemos todos asegurar su protección y públicamente reconocer su invaluable trabajo”. Y añadió que el Gobierno y la sociedad civil deberían unir esfuerzos para enfrentar más eficazmente los desafíos del país.