CIDH: Gobierno de facto tiene obligación de investigar y juzgar a responsables por violaciones
La CIDH presentó antes de partir de Honduras, un informe preliminar de sus conclusiones tras recibir por una semana cientos de denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. Entre sus denuncias destacan la del uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes al régimen y "tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención.
TeleSUR _ Fecha: 22/08/2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar de su visita a Honduras en el que insta a las autoridades de facto a atender su deber de "investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos".
El informe, que fue leído por la presidenta del ente, Luz Patricia Mejía, indicó que en caso de que las autoridades hondureñas omitan estas obligaciones, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es un organismo autónomo, deberá emprender las acciones pertinentes para proteger la vigencia de esas garantías.
El reporte destaca el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las manifestaciones contrarias al gobierno de facto, la mayoría de las cuales, reconoce, fueron pacíficas.
La misión constató "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", que se ha manifestado en contra de la instalación de un gobierno de facto, surgido luego del golpe de Estado contra el presidente legítimo de ese país, Manuel Zelaya.
Añade como un factor preocupante el empleo de las fuerzas armadas en las acciones contra las marchas opositoras, junto a cuerpos especializados para estas funciones, como la Policía.
La misión del organismo denunció además que el gobierno ilegal dirigido por Roberto Micheletti ha aplicado arbitrariamente toques de queda, ha detenido a miles de personas y ha practicado "tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención".
Los delegados también comprobaron que "la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil".
Se refirió igualmente a la suspensión de garantías constitucionales a través de la implementación de un toque de queda "que no cumple con los estándares del derecho internacional y la irregularidad en la eficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas".
De igual manera, recogió informes sobre maltratos especiales a mujeres, entre ellas violaciones sexuales, como el caso de una mujer, ultrajada por cuatro policías en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
La misión de la CIDH inició el lunes pasado su labor en el terreno en Honduras para verificar la situación de las libertades civiles tras el derrocamiento de Zelaya y entrevistó a víctimas de los abusos policiales así como diversos actores de la sociedad hondureña, como organismos de derechos humanos, movimientos sociales, víctimas de excesos y autores del golpe de Estado, entre ellos el ministro de defensa de facto, congresistas y la Policía.
También fueron interrogados algunos periodistas que denunciaron falta de libertad de expresión.
Durante su visita de evaluación, los enviados de la CIDH, encabezados por Mejía, dialogaron con el alto mando de las Fuerzas Armadas de facto, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez y el ministro de defensa de facto Ángel Edmundo Orellana.
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