(IAR Noticias) 28-Septiembre-09

Si no fuera porque tienen detrás al Pentágono y a los republicanos USA, se parecerían al régimen de Birmania que en el año 2007 expulsó de su territorio a la ONU y a todas las instituciones controladas por el eje USA-UE. En Honduras, el régimen de Micheletti se endureció al extremo: Advirtió a Brasil que podría quitarle el status diplomático a su embajada (con lo cual Zelaya quedaría sin protección), expulsó a representantes de la OEA de su territorio y decretó el estado de sitio previendo nuevas movilizaciones de Zelaya y de su aparato político.

Informe
IAR Noticias / Agencias

Militares hondureños cerraron este lunes dos medios de comunicación leales al derrocado presidente Manuel Zelaya, mientras sus seguidores se aprestan a lanzar una "ofensiva final"  para intentar su restitución.

En una conferencia de prensa desde la embajada de Brasil, donde está atrincherado desde que regresó clandestinamente a Honduras el 21 de septiembre, Zelaya dijo que militares podrían irrumpir pronto en la sede diplomática, sitiada por centenares de soldados.

"Temo que en las próximas horas asalten esta sede diplomática", expresó Zelaya. "La comunidad internacional debe actuar (...) pido protección al mundo", agregó.

El régimen que controla Honduras anunció este domingo que retirará el estatus diplomático a la embajada brasileña en Tegucigalpa si Brasil no entrega o da asilo político al derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya.

"Si en 10 días no se ha definido el status de Manuel Zelaya la sede perderá su condición diplomática, pero por cortesía no se está planteando invadir el local", dijo el ministro de Asuntos Exteriores Carlos López Conteras en una rueda de prensa ante los medios hondureños.

El sábado por la noche, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, dio un ultimátum de 10 días a Brasil para que definiese el "status" de Zelaya, refugiado desde el lunes 21 en su embajada, pero no precisó que medidas se tomarían contra Brasilia si no cumplía con lo exigido.

López Contreras explicó que Brasil perdería su derecho a tener embajada en Tegucigalpa si no cumple con el plazo, aunque se comprometió a respetar la soberanía del edificio durante ese periodo, desmintiendo así que existan planes para allanar la sede diplomática y arrestar allí a Zelaya.

Desde que el presidente derrocado entrara por sorpresa en Honduras y se refugiase en la sede diplomática brasileña, cientos de militares y policías mantienen cercado el edificio, tratando de controlar también las concentraciones de los seguidores de Zelaya en los alrededores de la embajada.

En otro frente del conflicto, el  gobierno provisorio de Honduras impidió este domingo la entrada de una misión de avanzada de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

La comitiva de la OEA no pudo salir del aeropuerto porque sus integrantes fueron retenidos por agentes de la Dirección de Población y Política Migratoria, informó la agencia de noticias mexicana Notimex.

El acto fue calificado de "acción de barbarie" por el embajador de Honduras en Washington, Enrique Reina, leal al depuesto presidente Manuel Zelaya, en declaraciones a una televisora local.

La policía y los militares que custodian el aeropuerto impidieron el paso de los periodistas que trataron de entrar en la sección de Migración, donde están retenidos los miembros del equipo de la OEA.

El grupo de funcionarios de la OEA viajaba al país centroamericano para preparar la agenda de una misión de ministros de Exteriores de la OEA que visitaría esta capital para trabajar en el diálogo entre el gobierno derrocado de Zelaya y las autoridades del régimen de facto de Roberto Micheletti.

La base de la negociación sería el Acuerdo de San José, elaborado con la mediación del presidente costarricense Óscar Arias, y que establece el retorno de Zelaya al poder.

En otra línea ofensiva,  el régimen que controla Honduras  suspendió 45 días las garantías constitucionales según un decreto revelado por la agencia  EFE y que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.

El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.

La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada el sábado, en La Gaceta Oficial, confirmó a EFE una fuente del gobierno.

La medida se tomó, según el decreto, con el fin de "mantener la paz y la seguridad interior" del país ante la "perturbación grave de la paz" ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresara al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.

"Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros" de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, dice el texto.

También se prohíbe, agrega, "toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares".

Otra prohibición es "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), "a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones", indica el decreto.

Establece la detención de "toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes" y "aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos".

"Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos", agrega.

Se ordena, asimismo, "el desalojo de toda instalación pública que haya sido tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley".

El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, "poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones".

El ministerio de Exteriores hondureño dijo además que no permitirá el regreso de los embajadores de Argentina, España, México y Venezuela, retirados tras el golpe, a menos que esos países reconozcan antes al gobierno de facto.