Honduras divide a la OEA
La unidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) parece haber sufrido un notable quiebre este lunes al no llegar a un acuerdo sobre si reconocer o no el resultado de las venideras elecciones en Honduras.
Tras varias horas de discusiones, el Consejo Permanente de la OEA no pudo suscribir una resolución expresando su posición sobre los últimos acontecimientos en la crisis política de Honduras.
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La sesión especial del Consejo fue convocada originalmente para rechazar la expulsión de varios integrantes de una avanzada de la OEA que debía preparar una eventual visita de una comisión ministerial del organismo.
Pero la reunión que se esperaba que durara pocas horas, terminó mostrando algunas diferencias entre los países sobre qué pasos tomar para manejar la crisis hondureña y, sobre todo, el resultado de las elecciones convocadas para noviembre.
En la sesión de este lunes se cuestionó incluso la capacidad de la organización de mantener un rol decisivo en la situación.
Al final, los 33 países miembros no pudieron llegar al consenso pese a que todos expresaron tanto su rechazo a la expulsión como su "preocupación" por las medidas de excepción adoptadas por el gobierno interino que preside Roberto Micheletti.
¿Un papel para la ONU?
La OEA aspiraba emitir un texto que advirtiera a Tegucigalpa que el estado de excepción resta aún más legitimidad a las elecciones convocadas para noviembre, con las que algunos esperan resolver la crisis política.
Sin embargo, las observaciones de varios embajadores forzaron un cambio de enfoque y de redacción en el documento que se iba a presentar, lo que exigió varias horas de las finalmente frustradas negociaciones.
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Brasil, en cuya embajada está “refugiado” desde la semana pasada el depuesto presidente Manuel Zelaya, pidió que se convoque a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
El gobierno brasileño considera que la “amenaza” que existe de una posible irrupción en su embajada en Tegucigalpa constituye una “amenaza a la paz internacional” y que el gobierno de Michelleti “no tiene ninguna disposición de negociar”, según dijo el embajador brasileño ante la OEA, Rui Casares e Silva.
“No me cabe duda de que existen las condiciones para decir que hay una amenaza a la paz internacional y en este contexto la comunidad internacional debe responder de manera inequívoca, de forma absolutamente tajante”.
Sin embargo, el secretario Insulza aseguró que la crisis hondureña es una problema de restablecimiento de la democracia, para lo cual considera que la OEA es la “única” organización de su tipo que tiene mecanismos para su manejo.
Declaración
Al final de la jornada, la OEA presentó a la prensa una "declaración" del presidente del Consejo Permanente y el secretario general asegurando que "se mantienen atentos a la evolución de la crisis política en ese país".
En la declaración se pide "respeto a la situación de la Embajada de Brasil, exigen el respeto de la inviolabilidad de esa misión diplomática y de las inmunidades y privilegios de sus funcionarios, de acuerdo con el derecho internacional".
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El embajador Pedro Oyarce y el secretario Insulza "deploraron" el rechazo sufrido por su delegación en Honduras.
Los puntos de la declaración coinciden con el texto que se había sometido a consideración del Consejo.
Malo pero bueno
Durante un receso en los contactos diplomáticos del lunes, el secretario Insulza reconoció a la prensa que la vuelta de Zelaya a Honduras “aumentó la tensión”, pero afirmó que al mismo tiempo abrió un camino para negociar la salida a la crisis.
“Hay un camino de ruptura, reconozcámoslo, no es una buena situación, pero espero que esa situación se rompa bajo la base de que las partes busquen una negociación”, afirmó Insulza, quien aceptó que esa última alternativa estaba en punto muerto.
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Más temprano, el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, había dicho en la reunión del Consejo Permanente que el regreso de Zelaya había sido una movida “irresponsable”.
Pero para Insulza, la tensión es buena y aseguró que “esta situación no va a durar así dos meses más”, afirmando que el gobierno interino cederá a la presión internacional y al hecho de que ninguna otra nación lo ha reconocido.
Decreto "draconiano"
También desde Washington, el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exigió al gobierno interino de Honduras “derogar de inmediato” el decreto de emergencia y eliminar las trabas a la libertad de prensa.
Dos medios considerados como favorables al depuesto presidente Manuel Zelaya, la emisora Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur, fueron ocupados en la mañana del lunes por fuerzas de seguridad y ordenaron el cese de sus transmisiones.
La medida de excepción dictada por el gobierno hondureño prohíbe la incitación a la violencia, la ofensa a los funcionarios públicos o la crítica a las decisiones que adopte el gobierno y autoriza el uso de la fuerza pública para lograr su acatamiento.
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“El decreto que acaba de aprobar Micheletti es un decreto draconiano y que limita el disenso” aseguró a BBC Mundo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
“Es cuestión de mirar el decreto que ha aprobado Michelleti. Yo diría que es de la época de Pinochet o de los decretos que rigen en Cuba; es decir, propio de una sociedad bajo el régimen de un gobierno autoritario donde se prohíbe una expresión crítica”.
Vivanco dijo esperar que la nueva dinámica en la que ha entrado la crisis hondureña “termine de eliminar esa ilusión de que todo esto se arregla comprando tiempo, dilatando el proceso, resistiendo la presión internacional y dejando que las elecciones laven todo este proceso ilegítimo de rompimiento del orden constitucional”.