Huevos lanzados por jóvenes estallaron en el pecho y la espalda del presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, en rechazo al fallo que abre el camino a la reelección de Daniel Ortega.

El ataque alcanzó a Rosales cuando se aprestaba a entrar al canal de televisión 100% Noticias, en el centro de la ciudad, donde el magistrado tenía previsto asistir a un debate con un jurista liberal de la misma Sala, Sergio Cuarezma, sobre la cuestionada sentencia.

Cuarezma se declaró contrario al asalto contra Rosales, diciendo que "obviamente [los magistrados] hicieron algo que es ilegal, pero la ilegalidad, se combate con la ley no con violencia".

El lunes pasado, la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución: "no puede ser candidato presidencial el que ejerciera o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la república en cualquier tiempo del período en que se efectúe la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales".

Tal determinación fue calificada por la oposición como "un golpe contra la institucionalidad".

Según los detractores de Ortega, éste intentó reelegirse mediante una reforma Constitucional; como no obtuvo los 56 votos requeridos, recurrió a la vía judicial donde los magistrados sandinistas son mayoría.

La Corte Suprema la integran 16 jueces pero actualmente funciona con 15 porque uno de ellos murió. Según un acuerdo bipartidista de la década pasada, sandinistas y liberales nombran cada uno ocho miembros del máximo tribunal y se reparten cargos en organismos públicos.

La sentencia fue protestada por Cuarezma y dos magistrados liberales más que alegan no fueron citados para discutirla.

La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amchan) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), criticaron la sentencia.

Y un documento firmado por líderes de los diferentes partidos partidos y cuatro diputados independientes, la "rechaza y desconoce" por "inconstitucional".

Estas organizaciones integraron una comisión "para definir y coordinar" estrategias "para evitar la consolidación de la dictadura de Ortega" y denunciar el caso "jurídica e internacionalmente".

El diputado del MRS, Juan Enrique Sáenz, dijo que los temores de la oposición se fundamentan en el antecedente que dejaron las elecciones municipales de noviembre, cuando la oposición denunció fraude a gran escala para que el partido gobernante ganara la mayoría de alcaldías.

Ortega "se robará las elecciones de 2011 como hizo con las municipales de noviembre", dijo Sáenz. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, manifestó que los empresarios observan un nuevo elemento de inestabilidad política. "Se pone en riesgo la generación de empleo y la estabilidad de la población y por interés político-partidario, estamos sacrificando al país", dijo.

Pero Ortega dijo que la sentencia "es inapelable" y llamó a los opositores a que se preparen para las elecciones presidenciales de 2011.

El obispo de Juan Abelardo Mata, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua dijo que "ahora más que nunca, es urgente la unidad de la oposición".