Un simple análisis de la realidad agrícola cubana de las últimas cinco décadas confirma que la gestión estatal ha sido un fracaso total, con el gran impacto social consiguiente, al ser la agricultura la columna vertebral de la economía nacional.
El Estado cubano mantiene una política de regulación constante de la actividad agropecuaria, desde su organización, cultivo y mercado. Si bien los expertos destacan algunas causas posibles que conspiran contra el desarrollo de una agricultura sostenible y a la vez rentable, hay factores --como el mercado-- que hacen del caso cubano uno sui generis, muy diferente al de otros en América Latina, donde la actividad del sector está fundamentalmente en manos de pequeños agricultores.
Mi experiencia en un proyecto de desarrollo agrícola en una comunidad rural en Masaya, Nicaragua, sirve para entender la problemática de los pequeños productores agrícolas de América Latina: a la hora de la comercialización, se imponen las reglas del mercado. Los pequeños productores nada pueden hacer contra eso, ya que su comunidad no tiene poder de compra y los mercados están saturados o en balance con la oferta y la demanda.
De otro lado, estos pequeños agricultores no llevan el control de los costos, sólo toman en cuenta los ingresos, sin cuantificar el valor de la fuerza de trabajo. Esto es así porque, en la gran mayoría de los casos, se trata de una mano de obra familiar y eso hace que se la menosprecie --incluso que se la ignore-- y no se la cuantifique. Esto lleva a serios errores, como, por ejemplo, a que mientras el ingreso sea superior a los insumos invertidos se le considere a la diferencia, falsamente, como ganancia. La agricultura familiar se basa en ese criterio y ahí está su talón de Aquiles.
En Cuba, una demanda enormemente insatisfecha permite una sobrevaloración de los productos agropecuarios, lo que hace que la agricultura sea vista como una actividad sumamente rentable, sin tener en cuenta las verdaderas limitaciones que tiene la actividad agrícola y cayendo en el falso concepto de que Tierra + Trabajo + Capital asegura el éxito de una verdadera economía agrícola.
Las limitaciones políticas que la isla lleva viviendo durante 50 años no deben conducir a implementar las mismas políticas agrarias --radicalmente fallidas, pero que en una primera etapa pueden parecer tentadoras o aperturistas-- que ha venido desarrollando el campesinado latinoamericano hasta la fecha. Si bien la crisis de la agricultura en Cuba se debe en gran medida a un control estatal que no permite que las fuerzas productivas se desarrollen, no es el único factor y una simple liberación de ese control estaría muy lejos de garantizar un desarrollo saludable y exitoso.
En las condiciones actuales, se requiere que los organismos de cooperación internacional actúen en coordinación con una verdadera sociedad civil, con las instituciones científicas y académicas del país y con el campesinado, organizado bajo sus propias normas y condiciones. Decir otra cosa sería engañar al pueblo y facilitar que la nomenklatura --los viejos dirigentes comunistas que controlan todos los cargos clave y tienen el know how-- se apodere del país bajo el pretexto del libre mercado.
Es por eso que el programa de los municipios en el exilio es tan importante. Aunque nadie hable de eso, el gran problema de la oposición cubana es cómo hacer funcionar el país una vez que caiga el régimen actual. Y, sin embargo, nadie discute que la oposición tiene miles de cuadros dirigentes en todo el país.
Si el Gobierno cubano abandonara su política de intromisión y control de los planes de producción agrícola y liberara el mercado y la adquisición de insumos, pudiera en cierta medida estimular la producción y equilibrar un tanto los precios, pero no sería razón alguna para considerar que los pequeños productores se pudieran enriquecer.
La falta de disponibilidad de tierra ha sido una de las causas más recurrentes a las que se les atribuye la pobreza rural. No por gusto Raúl Castro, después de 50 años de fracaso, insiste en la distribución de tierras. Sin embargo, vemos en la tabla de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba que el sector privado tiene el 34.19 por ciento de la tierra agrícola no cultivada. Aunque en el sector estatal es peor, con el 54.85 por ciento de las tierras no cultivadas, tiene el 18.62 totalmente ociosa, mientras que el sector privado tiene el 5.5 por ciento.
Por eso, las propuestas del gobierno cubano no se justifican. Conforman una estrategia política que se ha estado extrapolando para América Latina --donde, por cierto, lo que más sobra son tierras-- como una supuesta solución al desarrollo agrícola.
Algunos promotores del desarrollo rural, como el ingeniero Polan Lacki, un ex funcionario de la FAO, aseguran que la insuficiencia de recursos materiales y financieros de los pequeños agricultores, aunque real, está muy lejos de ser la principal causa de su pobreza. Muchos de ellos tienen acceso a los recursos necesarios para incrementar los ingresos familiares y aún así no logran salir de la pobreza; y un hecho muy frecuente que corrobora esta tesis es que siguen siendo pobres aún cuando los sucesivos gobiernos les proporcionan los recursos materiales y financieros que supuestamente les hacían falta para poder desarrollarse.
Si este es el panorama latinoamericano, donde los gobiernos prestan alguna ayuda, qué será del campesinado cubano, donde ninguna institución los defiende. El surgimiento de los municipios de oposición, donde cada uno lleva un comisionado de agricultura, podría ser un buen camino para exigir primero y trazar después una adecuada política agraria en Cuba.
El verdadero problema de la agricultura en Cuba es la falta de libertad, incluida la libertad económica. Según el Indice de la libertad económica 2009, Cuba ocupa el lugar 177, sólo por debajo de Zimbabwe y Corea del Norte. •
http://www.miamiherald.com/1321/v-fullstory/story/1299019.html