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General: Puerto Rico: El pueblo se niega a pagar el déficit de los capitalistas
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Respuesta  Mensaje 1 de 2 en el tema 
De: Matilda  (Mensaje original) Enviado: 02/11/2009 23:13
Puerto Rico: El pueblo se niega a pagar el déficit de los capitalistas


Punto de Vista / inSurGente (Y.C.).- Desde hace semanas los puertorriqueños reclaman en las calles la defensa de sus derechos y su repudio a pagar la crisis económica generada por los ricos. Uno de los detonantes del descontento fue el anuncio de despedir a 21.000 empleados de la administración pública. En “Leer más…” una entrevista a militantes de la recién fundada organización “Movimiento al Socialismo” en la que se refleja la situación de la decadencia capitalista en este país y las perspectivas de lucha.


La situación colonial que sufre Puerto Rico, se vive, no solamente en lo político, territorial y lo económico, sino también en los comunicacional.
Desde hace meses Borinquen sufre una de las peores crisis económicas en su historia. Desde hace semanas los puertorriqueños reclaman en las calles la defensa de sus derechos y su repudio a pagar la crisis económica generada por los ricos.

Pero de esto poco se sabe en otras naciones latinoamericanas, poco informan las agencias y las grandes cadenas mediáticas.

El pasado 15 de octubre, Puerto Rico vivió una jornada de huelga general, convocada por los sindicatos, movimientos sociales y la izquierda. La jornada tuvo un importantísimo nivel de adhesión y movilización. Uno de los detonantes del descontento popular fue el anuncio del gobernador Luis Fortuño de despedir a 21 mil empleados de la administración pública.

William Pérez Vega y Eva Ayala Reyes, ambos con una importante trayectoria de lucha en el movimiento sindical del magisterio, y militantes de la recién fundada organización Movimiento Al Socialismo (MAS), nos explican lo que está ocurriendo durante estos días en la hermana Borinquen.

CHG. ¿Cómo se refleja la crisis mundial del capitalismo en este momento en Puerto Rico?

William y Eva: El capitalismo a nivel mundial atraviesa una etapa muy crítica que se refleja con mucha fuerza en Puerto Rico, con el agravante de que somos una colonia del imperio que está a la cabeza de ese mundo capitalista. Desde antes de tomar posesión el gobierno actual anunció un déficit de $3,200 millones de dólares, ello creó un clima de histeria e incertidumbre en el país para justificar sus medidas en contra de la clase trabajadora y del pueblo.

Uno de los puntales para el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico ha sido la exención contributiva a las grandes empresas. La clase capitalista paga menos de un 2 por ciento de contribuciones mientras el pueblo trabajador paga un por ciento 10 veces más alto. Hay una serie de empresas prácticamente exentas de contribuciones que se llevan más de 33 mil millones de dólares al año. Con la imposición de un 10 por ciento de contribuciones sobre esa ganancia, se resolvería el alegado déficit.

Sin embargo, el gobierno de turno anterior y actual, no le impone contribuciones a esas ganancias y prefieren que la carga de la supuesta crisis la pague el pueblo y la clase trabajadora. Por eso, cada día hay más despidos, crece el deterioro y encarecimiento de los servicios, aumenta el costo de la vida, se deteriora el ambiente y la llamada calidad de vida de la gran mayoría de los puertorriqueños. Buscando maximizar sus ganancias, el sector capitalista ha tratado de imponer una redistribución de la riqueza que tiene el efecto de empobrecer a sectores cada vez más amplios de la población y a su vez, de enriquecer a los sectores minoritarios que utilizan todos los medios a su alcance para imponer sus intereses. Si a esto unimos un gobierno que cree firmemente en seguir los designios del capitalismo más conservador, el cuadro es todavía más desolador para la clase trabajadora y sus diversos sectores.

La crisis del capitalismo adquiere en Puerto Rico unos ribetes más crudos ante la visión del gobernador Luis Fortuño y su elite de que el estado debe ser lo más pequeño posible. Desde esa visión el gobierno le sirve a las grandes empresas y no al pueblo. De ahí que se esté promoviendo una agresiva política de privatización en todos los ámbitos de la sociedad.

El sector dominante, incluye a los bonistas, banqueros, farmacéuticas y otras empresas multinacionales, así como a los políticos de la más alta jerarquía que con cada medida del gobierno a su servicio, maximizan ganancias y beneficios. Según la elite gobernante, el estado debe ofrecer la menor cantidad de servicios posible, intervenir lo menos posible en las actividades económicas y permitir que los empresarios actúen por la libre y sin reglamentación que proteja los intereses del pueblo. Las leyes y medidas a ponerse en vigor promueven que una porción cada vez mayor de la riqueza vaya a parar a los bolsillos de la minoría que compone la clase capitalista en el país. Esto quiere decir que las grandes mayorías de la población tenemos cada vez menos bienes, servicios y menos derechos. Por eso decimos que la llamada crisis del capitalismo en Puerto Rico es creada por el propio capitalismo, uno de cuyos pilares es que el gran capital no pague contribuciones.

CHG: ¿Cuál es la situación económica de la isla, en cuánto se calcula el número de trabajadores que ha quedado sin empleo, qué repercusiones sociales ha tenido eso?

William y Eva: Desde el año 2000, se han perdido sobre 40 mil empleos en la manufactura. Si a eso añadimos la pérdida de empleos en otros sectores, el cuadro es peor. Según informes del mismo gobierno, al comparar abril de 2008 con abril de 2009, el empleo disminuyó en 85 mil (Empleo y Desempleo en Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Negociado de Estadísticas, abril de 2009). Sin embargo, la situación empeora con las medidas de alegada emergencia tomadas por el gobierno actual. En octubre de este año se despidieron unos 17 mil empleados públicos. Ya antes, otros miles habían perdido su empleo y se espera que para ahorrar dinero, la cifra aumente a unos 60 mil despidos en el sector público.

Recordemos que el gobierno actual tiene la política de reducir costos para aumentar la riqueza de la clase capitalista lo que implica entre otras cosas: decenas de miles de despidos, privatización en todas las áreas del sector público, eliminación de derechos a los trabajadores y al pueblo, eliminación de servicios públicos. En el último año se han aprobado la Ley de Incentivos Industriales, la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7), la ley para las Alianzas Público Privadas, medidas para desreglamentar la concesión de permisos y otras que ponen en bandeja de plata los bienes y recursos del pueblo a la clase capitalista para que sean explotados a la saciedad. A la vez que se despiden miles de trabajadores y trabajadoras, se compromete el futuro del país al dejar en manos de compañías privadas las diversas áreas que hasta ahora habían sido públicas. La Ley de Alianzas Público Privadas (APP) permite que las empresas se apropien por los próximos 50 años, con la posibilidad de extenderlo a 75 años, de áreas públicas esenciales. Es decir, se está comprometiendo no solo el presente, sino el futuro a más largo plazo del país al dejarlo precisamente en manos de quienes han creado la actual crisis.

Esto tiene serias repercusiones sociales. En primer lugar, se agravan problemas ya existentes como es el desempleo, problemas de salud, vivienda, nutrición, acceso a la educación a todos los niveles, costo de vida, participación en las decisiones fundamentales, entre otros. Se vislumbra un fortalecimiento en la economía ilegal y en la criminalidad. Otro efecto directo e inmediato es la pérdida de derechos de parte del pueblo y principalmente de la clase trabajadora. Ahora mismo, con la Ley 7 de emergencia fiscal, se han eliminado o congelado derechos como la negociación colectiva para la mayoría de los empleados públicos, el derecho a un convenio, se eliminó por los próximos 2 años todo aumento salarial, bonificaciones, beneficio marginal o compensación adicional, entre otros derechos laborales. Simultáneamente se concentra en manos del patrono en el sector público el poder para decidir sobre transacciones de personal, cesantías, asignación de tareas, subcontrataciones, solución de conflictos laborales y otros.

Un detalle que no podemos dejar escapar es que el presente gobierno tiene como parte de su grupo de asesores y funcionarios, a sectores que promueven un fundamentalismo extremo. Por eso también están bajo asedio derechos de las comunidades cuya preferencia u orientación sexual no sigue las normas establecidas por la sociedad patriarcal (LGTB) y se ha llegado al extremo de censurar en el sistema educativo público textos escolares de varios autores reconocidos como José Luis González y el mexicano Carlos Fuentes. A través del sistema educativo y otras entidades relacionadas con la cultura se promueve un asalto a la cultura y a la identidad nacional puertorriqueña. Se desmantela el sistema educativo y el Instituto de Cultura, se trata de destruir el Colegio de Abogados, a los sindicatos y a cualquier otra entidad que pueda constituir un foco de resistencia ante el embate del capital.

CHG: ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno puertorriqueño en la situación de crisis, cuál es la responsabilidad del “gobierno colonial (federal) estadounidense”?

William y Eva: El gobierno puertorriqueño tiene a su cargo tomar las medidas y aprobar legislación para garantizar que todo lo antes señalado ocurra. Ahora mismo controlan la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, la mayoría de los jueces se identifican con el partido que administra la colonia actualmente. El gobierno actual ha colocado en manos privadas las áreas esenciales relacionadas con las necesidades del pueblo para que ese sector dominante se lucre de las mismas. Se han dado a la tarea de lograr que el supuesto déficit de 3 mi 200 millones de dólares, aunque es un déficit de los capitalistas, lo pague el pueblo.

Un aspecto a recalcar es el atentado continuo contra los recursos naturales y el patrimonio del pueblo. La eliminación de controles relacionados con el ambiente y con la planificación del uso de la tierra y desarrollo urbano, así como el asedio abusivo para eliminar comunidades completas como es el caso de Villas del Sol y del Caño Martín Peña, revela el intento de que los desarrollistas se queden con las mejores tierras para proyectos que les generen amplias ganancias a costa del bienestar de la población. En violación a los derechos constitucionales del pueblo, el gobierno permite que grandes complejos hoteleros y sectores privados se vayan quedando con las playas, que se supone sean de libre acceso para el disfrute de todos y todas.

En toda esta situación el gobierno federal mantiene amplia injerencia. Precisamente para complacer y satisfacer los intereses de los empresarios en su mayoría estadounidenses, es que el gobierno toma estas decisiones. Son medidas para que esos inversionistas se sientan seguros ante la posibilidad de obtener jugosas ganancias dentro de un clima de supuesta tranquilidad garantizada por la eliminación de derechos esenciales y por el uso de las fuerzas represivas tanto estatales como estadounidenses. Un ejemplo claro es el Departamento de Educación donde cualquier movimiento tiene que estar regido por las leyes y los intereses del gobierno federal. Aunque la educación no responda a las necesidades e intereses de los puertorriqueños, todo se hace para satisfacer los designios que provienen de los Estados Unidos.

En nuestro país rigen abiertamente las leyes y disposiciones federales, interviene el FBI y otras agencias represivas libremente y todo está subordinado a lo que se decida por las autoridades e intereses predominantes en dicho país. La administración de la colonia no puede decidir nada sin contar con el poder colonial en manos del gobierno de Estados Unidos, país que está a la cabeza del sistema capitalista a nivel internacional.

CHG: ¿Qué acciones ha tomado el pueblo puertorriqueño para protestar por la situación que vive actualmente la isla?

William y Eva: La gran mayoría del pueblo rechaza las decisiones tomadas e implantadas por el gobierno. El gobierno actual, que ganó las elecciones de noviembre del 2008 por 200 mil votos, diez meses después ha visto reducir el nivel de aceptación a cerca de un 30 por ciento. Hay mucho temor e incertidumbre. Sin embargo ha comenzado a organizarse una ola de protestas en todo el país. Diferentes sectores del pueblo reciben al gobernador con manifestaciones donde éste se presenta. Ha habido docenas de actos de desobediencia civil y se espera que haya más. Se han dado protestas frente a empresas u organismos que representan a los grandes empresarios.

El paro del 15 de octubre fue precedido por manifestaciones en diversos puntos del país. Hubo piquetes en muchas escuelas, en centros comerciales o frente a oficinas gubernamentales. El 15 de octubre, 140 mil personas se movilizaron en dos concentraciones. Las marchas y actividades cerraron el centro comercial Plaza las Américas que es el más importante del país y propiedad del grupo Fonalledas, allegado al gobierno actual. También se paralizó la llamada Milla de Oro, donde radica el corazón de la principal actividad bancaria en Puerto Rico. Dichas actividades fueron convocadas por la Coordinadora Todo Puerto Rico por Puerto Rico y por el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL). Aunque la concentración fue en San Juan, fueron cientos de miles más los que apoyaron el paro no asistiendo a los trabajos y dejando de asistir a clases en las instituciones educativas. Como parte de tales actos, se destaca la paralización de una de las tiendas representativas de la actividad comercial estadounidense como fue el cierre de Walmart en el pueblo de Caguas que estuvo a cargo del grupo EDUCAMOS y del FASyl, entre otros grupos.

Luego del paro del 15 de octubre han continuado las protestas, como fue la que se dio frente a la Convención de las Alianzas Público Privadas en Fajardo, la que se celebró frente a la Asociación de Industriales en San Juan y este martes 27 de octubre cuando se llevó a cabo una protesta nocturna de las mujeres trabajadoras frente a la Fortaleza, que es donde reside el gobernador de Puerto Rico. Desde diversos grupos organizados se ha comenzado a hablar de una huelga general como medio para detener y derrotar la política puesta en práctica por los intereses que representan al gran capital en el país. Será la capacidad organizativa y de reacción del movimiento obrero, del pueblo trabajador y de otras entidades la que podrá poner en práctica en su momento la huelga general con el objetivo de detener y revocar las políticas gubernamentales privatizadoras.


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Respuesta  Mensaje 2 de 2 en el tema 
De: Picaro Enviado: 03/11/2009 01:02
suficiente plantas y opportunidades que le dieron esos Capitolios. No tienen ningun sentido de humildad a los mas potentes y superiores economicamente.
 
 
Good LUCk!!


 
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