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General: Puerto Rico: El pueblo se niega a pagar el déficit de los capitalistas
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De: Matilda (Mensaje original) |
Enviado: 02/11/2009 23:13 |
Puerto Rico: El pueblo se niega a pagar el déficit de los capitalistas
Punto de Vista / inSurGente
(Y.C.).- Desde hace semanas los puertorriqueños reclaman en las calles
la defensa de sus derechos y su repudio a pagar la crisis económica
generada por los ricos. Uno de los detonantes del descontento fue el
anuncio de despedir a 21.000 empleados de la administración pública. En
“Leer más…” una entrevista a militantes de la recién fundada
organización “Movimiento al Socialismo” en la que se refleja la
situación de la decadencia capitalista en este país y las perspectivas
de lucha.
La situación colonial que sufre Puerto
Rico, se vive, no solamente en lo político, territorial y lo económico,
sino también en los comunicacional. Desde hace meses Borinquen
sufre una de las peores crisis económicas en su historia. Desde hace
semanas los puertorriqueños reclaman en las calles la defensa de sus
derechos y su repudio a pagar la crisis económica generada por los
ricos.
Pero de esto poco se sabe en otras naciones latinoamericanas, poco informan las agencias y las grandes cadenas mediáticas.
El
pasado 15 de octubre, Puerto Rico vivió una jornada de huelga general,
convocada por los sindicatos, movimientos sociales y la izquierda. La
jornada tuvo un importantísimo nivel de adhesión y movilización. Uno de
los detonantes del descontento popular fue el anuncio del gobernador
Luis Fortuño de despedir a 21 mil empleados de la administración
pública.
William Pérez Vega y Eva Ayala Reyes, ambos con una
importante trayectoria de lucha en el movimiento sindical del
magisterio, y militantes de la recién fundada organización Movimiento
Al Socialismo (MAS), nos explican lo que está ocurriendo durante estos
días en la hermana Borinquen.
CHG. ¿Cómo se refleja la crisis mundial del capitalismo en este momento en Puerto Rico?
William
y Eva: El capitalismo a nivel mundial atraviesa una etapa muy crítica
que se refleja con mucha fuerza en Puerto Rico, con el agravante de que
somos una colonia del imperio que está a la cabeza de ese mundo
capitalista. Desde antes de tomar posesión el gobierno actual anunció
un déficit de $3,200 millones de dólares, ello creó un clima de
histeria e incertidumbre en el país para justificar sus medidas en
contra de la clase trabajadora y del pueblo.
Uno de los puntales
para el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico ha sido la exención
contributiva a las grandes empresas. La clase capitalista paga menos de
un 2 por ciento de contribuciones mientras el pueblo trabajador paga un
por ciento 10 veces más alto. Hay una serie de empresas prácticamente
exentas de contribuciones que se llevan más de 33 mil millones de
dólares al año. Con la imposición de un 10 por ciento de contribuciones
sobre esa ganancia, se resolvería el alegado déficit.
Sin
embargo, el gobierno de turno anterior y actual, no le impone
contribuciones a esas ganancias y prefieren que la carga de la supuesta
crisis la pague el pueblo y la clase trabajadora. Por eso, cada día hay
más despidos, crece el deterioro y encarecimiento de los servicios,
aumenta el costo de la vida, se deteriora el ambiente y la llamada
calidad de vida de la gran mayoría de los puertorriqueños. Buscando
maximizar sus ganancias, el sector capitalista ha tratado de imponer
una redistribución de la riqueza que tiene el efecto de empobrecer a
sectores cada vez más amplios de la población y a su vez, de enriquecer
a los sectores minoritarios que utilizan todos los medios a su alcance
para imponer sus intereses. Si a esto unimos un gobierno que cree
firmemente en seguir los designios del capitalismo más conservador, el
cuadro es todavía más desolador para la clase trabajadora y sus
diversos sectores.
La crisis del capitalismo adquiere en Puerto
Rico unos ribetes más crudos ante la visión del gobernador Luis Fortuño
y su elite de que el estado debe ser lo más pequeño posible. Desde esa
visión el gobierno le sirve a las grandes empresas y no al pueblo. De
ahí que se esté promoviendo una agresiva política de privatización en
todos los ámbitos de la sociedad.
El sector dominante, incluye a
los bonistas, banqueros, farmacéuticas y otras empresas
multinacionales, así como a los políticos de la más alta jerarquía que
con cada medida del gobierno a su servicio, maximizan ganancias y
beneficios. Según la elite gobernante, el estado debe ofrecer la menor
cantidad de servicios posible, intervenir lo menos posible en las
actividades económicas y permitir que los empresarios actúen por la
libre y sin reglamentación que proteja los intereses del pueblo. Las
leyes y medidas a ponerse en vigor promueven que una porción cada vez
mayor de la riqueza vaya a parar a los bolsillos de la minoría que
compone la clase capitalista en el país. Esto quiere decir que las
grandes mayorías de la población tenemos cada vez menos bienes,
servicios y menos derechos. Por eso decimos que la llamada crisis del
capitalismo en Puerto Rico es creada por el propio capitalismo, uno de
cuyos pilares es que el gran capital no pague contribuciones.
CHG: ¿Cuál
es la situación económica de la isla, en cuánto se calcula el número de
trabajadores que ha quedado sin empleo, qué repercusiones sociales ha
tenido eso?
William y Eva: Desde el año 2000, se han
perdido sobre 40 mil empleos en la manufactura. Si a eso añadimos la
pérdida de empleos en otros sectores, el cuadro es peor. Según informes
del mismo gobierno, al comparar abril de 2008 con abril de 2009, el
empleo disminuyó en 85 mil (Empleo y Desempleo en Puerto Rico, Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, Negociado de Estadísticas, abril de 2009). Sin embargo, la
situación empeora con las medidas de alegada emergencia tomadas por el
gobierno actual. En octubre de este año se despidieron unos 17 mil
empleados públicos. Ya antes, otros miles habían perdido su empleo y se
espera que para ahorrar dinero, la cifra aumente a unos 60 mil despidos
en el sector público.
Recordemos que el gobierno actual tiene la
política de reducir costos para aumentar la riqueza de la clase
capitalista lo que implica entre otras cosas: decenas de miles de
despidos, privatización en todas las áreas del sector público,
eliminación de derechos a los trabajadores y al pueblo, eliminación de
servicios públicos. En el último año se han aprobado la Ley de
Incentivos Industriales, la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7), la ley
para las Alianzas Público Privadas, medidas para desreglamentar la
concesión de permisos y otras que ponen en bandeja de plata los bienes
y recursos del pueblo a la clase capitalista para que sean explotados a
la saciedad. A la vez que se despiden miles de trabajadores y
trabajadoras, se compromete el futuro del país al dejar en manos de
compañías privadas las diversas áreas que hasta ahora habían sido
públicas. La Ley de Alianzas Público Privadas (APP) permite que las
empresas se apropien por los próximos 50 años, con la posibilidad de
extenderlo a 75 años, de áreas públicas esenciales. Es decir, se está
comprometiendo no solo el presente, sino el futuro a más largo plazo
del país al dejarlo precisamente en manos de quienes han creado la
actual crisis.
Esto tiene serias repercusiones sociales. En
primer lugar, se agravan problemas ya existentes como es el desempleo,
problemas de salud, vivienda, nutrición, acceso a la educación a todos
los niveles, costo de vida, participación en las decisiones
fundamentales, entre otros. Se vislumbra un fortalecimiento en la
economía ilegal y en la criminalidad. Otro efecto directo e inmediato
es la pérdida de derechos de parte del pueblo y principalmente de la
clase trabajadora. Ahora mismo, con la Ley 7 de emergencia fiscal, se
han eliminado o congelado derechos como la negociación colectiva para
la mayoría de los empleados públicos, el derecho a un convenio, se
eliminó por los próximos 2 años todo aumento salarial, bonificaciones,
beneficio marginal o compensación adicional, entre otros derechos
laborales. Simultáneamente se concentra en manos del patrono en el
sector público el poder para decidir sobre transacciones de personal,
cesantías, asignación de tareas, subcontrataciones, solución de
conflictos laborales y otros.
Un detalle que no podemos dejar
escapar es que el presente gobierno tiene como parte de su grupo de
asesores y funcionarios, a sectores que promueven un fundamentalismo
extremo. Por eso también están bajo asedio derechos de las comunidades
cuya preferencia u orientación sexual no sigue las normas establecidas
por la sociedad patriarcal (LGTB) y se ha llegado al extremo de
censurar en el sistema educativo público textos escolares de varios
autores reconocidos como José Luis González y el mexicano Carlos
Fuentes. A través del sistema educativo y otras entidades relacionadas
con la cultura se promueve un asalto a la cultura y a la identidad
nacional puertorriqueña. Se desmantela el sistema educativo y el
Instituto de Cultura, se trata de destruir el Colegio de Abogados, a
los sindicatos y a cualquier otra entidad que pueda constituir un foco
de resistencia ante el embate del capital.
CHG: ¿Cuál es
la responsabilidad del gobierno puertorriqueño en la situación de
crisis, cuál es la responsabilidad del “gobierno colonial (federal)
estadounidense”?
William y Eva: El gobierno
puertorriqueño tiene a su cargo tomar las medidas y aprobar legislación
para garantizar que todo lo antes señalado ocurra. Ahora mismo
controlan la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. En el
Tribunal Supremo, por ejemplo, la mayoría de los jueces se identifican
con el partido que administra la colonia actualmente. El gobierno
actual ha colocado en manos privadas las áreas esenciales relacionadas
con las necesidades del pueblo para que ese sector dominante se lucre
de las mismas. Se han dado a la tarea de lograr que el supuesto déficit
de 3 mi 200 millones de dólares, aunque es un déficit de los
capitalistas, lo pague el pueblo.
Un aspecto a recalcar es el
atentado continuo contra los recursos naturales y el patrimonio del
pueblo. La eliminación de controles relacionados con el ambiente y con
la planificación del uso de la tierra y desarrollo urbano, así como el
asedio abusivo para eliminar comunidades completas como es el caso de
Villas del Sol y del Caño Martín Peña, revela el intento de que los
desarrollistas se queden con las mejores tierras para proyectos que les
generen amplias ganancias a costa del bienestar de la población. En
violación a los derechos constitucionales del pueblo, el gobierno
permite que grandes complejos hoteleros y sectores privados se vayan
quedando con las playas, que se supone sean de libre acceso para el
disfrute de todos y todas.
En toda esta situación el gobierno
federal mantiene amplia injerencia. Precisamente para complacer y
satisfacer los intereses de los empresarios en su mayoría
estadounidenses, es que el gobierno toma estas decisiones. Son medidas
para que esos inversionistas se sientan seguros ante la posibilidad de
obtener jugosas ganancias dentro de un clima de supuesta tranquilidad
garantizada por la eliminación de derechos esenciales y por el uso de
las fuerzas represivas tanto estatales como estadounidenses. Un ejemplo
claro es el Departamento de Educación donde cualquier movimiento tiene
que estar regido por las leyes y los intereses del gobierno federal.
Aunque la educación no responda a las necesidades e intereses de los
puertorriqueños, todo se hace para satisfacer los designios que
provienen de los Estados Unidos.
En nuestro país rigen
abiertamente las leyes y disposiciones federales, interviene el FBI y
otras agencias represivas libremente y todo está subordinado a lo que
se decida por las autoridades e intereses predominantes en dicho país.
La administración de la colonia no puede decidir nada sin contar con el
poder colonial en manos del gobierno de Estados Unidos, país que está a
la cabeza del sistema capitalista a nivel internacional.
CHG: ¿Qué acciones ha tomado el pueblo puertorriqueño para protestar por la situación que vive actualmente la isla?
William
y Eva: La gran mayoría del pueblo rechaza las decisiones tomadas e
implantadas por el gobierno. El gobierno actual, que ganó las
elecciones de noviembre del 2008 por 200 mil votos, diez meses después
ha visto reducir el nivel de aceptación a cerca de un 30 por ciento.
Hay mucho temor e incertidumbre. Sin embargo ha comenzado a organizarse
una ola de protestas en todo el país. Diferentes sectores del pueblo
reciben al gobernador con manifestaciones donde éste se presenta. Ha
habido docenas de actos de desobediencia civil y se espera que haya
más. Se han dado protestas frente a empresas u organismos que
representan a los grandes empresarios.
El paro del 15 de octubre
fue precedido por manifestaciones en diversos puntos del país. Hubo
piquetes en muchas escuelas, en centros comerciales o frente a oficinas
gubernamentales. El 15 de octubre, 140 mil personas se movilizaron en
dos concentraciones. Las marchas y actividades cerraron el centro
comercial Plaza las Américas que es el más importante del país y
propiedad del grupo Fonalledas, allegado al gobierno actual. También se
paralizó la llamada Milla de Oro, donde radica el corazón de la
principal actividad bancaria en Puerto Rico. Dichas actividades fueron
convocadas por la Coordinadora Todo Puerto Rico por Puerto Rico y por
el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL). Aunque la
concentración fue en San Juan, fueron cientos de miles más los que
apoyaron el paro no asistiendo a los trabajos y dejando de asistir a
clases en las instituciones educativas. Como parte de tales actos, se
destaca la paralización de una de las tiendas representativas de la
actividad comercial estadounidense como fue el cierre de Walmart en el
pueblo de Caguas que estuvo a cargo del grupo EDUCAMOS y del FASyl,
entre otros grupos.
Luego del paro del 15 de octubre han
continuado las protestas, como fue la que se dio frente a la Convención
de las Alianzas Público Privadas en Fajardo, la que se celebró frente a
la Asociación de Industriales en San Juan y este martes 27 de octubre
cuando se llevó a cabo una protesta nocturna de las mujeres
trabajadoras frente a la Fortaleza, que es donde reside el gobernador
de Puerto Rico. Desde diversos grupos organizados se ha comenzado a
hablar de una huelga general como medio para detener y derrotar la
política puesta en práctica por los intereses que representan al gran
capital en el país. Será la capacidad organizativa y de reacción del
movimiento obrero, del pueblo trabajador y de otras entidades la que
podrá poner en práctica en su momento la huelga general con el objetivo
de detener y revocar las políticas gubernamentales privatizadoras.
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De: Picaro |
Enviado: 03/11/2009 01:02 |
suficiente plantas y opportunidades que le dieron esos Capitolios. No tienen ningun sentido de humildad a los mas potentes y superiores economicamente.
Good LUCk!! |
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