Aporrea/insurgente.-

Cada día aumentan las acciones y jornadas que reclaman la libertad de más de 7 mil presos y presas políticas en cárceles colombianas. Según informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH se debe abrir el debate público para reflexionar sobre la criminalización del ejercicio de la oposición política en Colombia, la existencia de prisioneros y prisioneras políticas y su sometimiento a condiciones degradantes de reclusión, como política de represión y exterminio de la democracia; siendo imperioso continuar con el proceso de organización de acciones que cumplan esta tarea

El miércoles 4 de noviembre se desarrolló un encuentro en el auditorio de la federación de educadores Fecode para exigir la libertad del profesor de la Universidad Nacional UN Miguel Ángel Beltrán y decenas de estudiantes universitarios privados de la libertad en las redadas de la “política de Seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez. A los representantes de sectores académicos y estudiantiles se les señala de colaboración con las organizaciones insurgentes. Voceros de las asociaciones profesorales y estudiantiles rechazan la represión oficial y la califican de campaña de “estigmatización y señalamientos” orquestada por el ejecutivo nacional para tratar de esconder la crisis y la corrupción que sacude a la “Casa de Nari”.

El Profesor Libardo Sarmiento Anzola, defiende las luchas de los jóvenes universitarios y califica de “odio de la administración del presidente Uribe Vélez contra las nuevas generaciones que se levantan por sus derechos” la detención y judicialización de su hijo Luis Eduardo y la compañera sentimental de éste, acusados de pertenecer al frente Antonio Nariño de las Farc, y de haber participado en los atentados contra supermercados, Transmilenio y el hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ocurrido en el 2005.

Lilia Solano, defensora de derechos humanos y profesora de la UN anunció la conformación de la red de organizaciones contra la impunidad y por la libertad y la vida, que realizará una jornada nacional durante los días 9, 10 y 11 de noviembre con encuentros y paneles en el Auditorio Camilo Torres del principal centro de educación superior.

Asegura el CPDH que como se ha desarrollado la “política de seguridad democrática”, para la cual prioritariamente se ha duplicado el presupuesto en detrimento de la inversión social, convirtiendo a Colombia en el segundo país de América Latina -después de Brasil- con mayor pie de fuerza militar, que además para el año 2010 concentrará para la guerra el 14,2% del Presupuesto General de la Nación (fijado en $148,3 billones), mientras tan sólo el 13,9% será destinado para la educación y el 1,7% para vivienda y desarrollo.

“Este incremento en el gasto militar fue aprobado cínicamente pese a que el gobierno -en su afán de mostrar resultados “positivos” de la política de seguridad democrática- ha vulnerado el derecho a la vida de mas de 1.171 personas victimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al ejército nacional, y también el derecho a la libertad de pensamiento crítico aumentando la persecución política y el encarcelamiento contra intelectuales, maestros/as, estudiantes, sindicalistas, defensores/as de derechos humanos, campesinos, lideres sociales y populares, indígenas, afrocolombianos/as, entre otros, utilizando la cárcel como herramienta de represión, donde han depositado mas de 7.200 seres humanos que se reivindican como prisioneros y prisioneras políticas” señala la convocatoria a una jornada permanente por la libertad de los presos y presas políticas.

Las voces de solidaridad con las actividades en pro de la libertad de los presos políticos colombianos se escuchan desde Canadá donde miembros de 30 organizaciones no gubernamentales entre las que destacan iglesias y comités de apoyo brindan su respaldo a la búsqueda de un acuerdo humanitario y por salidas políticas negociadas a la guerra interna.