Los amos de la Sociedad Interamericana de Prensa
Yaifred Ron
Normalmente, los grupos mediáticos
hablan de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) como si fuera un
organismo consultivo válido, una organización internacional como la
ONU, la OEA o una ONG de derechos humanos que defiende la «libertad de
prensa». Nada de eso. La SIP es un cartel de los grandes dueños de
medios de comunicación del continente, un conglomerado de empresarios
mediáticos que nació en el marco de la 2ª Guerra Mundial y se moldeó al
calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de
intereses oligopólicos, alianza con los poderes imperiales y atentados
contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
La acción de la SIP, en ese
sentido, está debidamente documentada y se ha basado en el empleo de
esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido
repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región
latinoamericana. En estas páginas reunimos algunos ejemplos, estudiados
por periodistas latinoamericanos, de cómo este grupo de propietarios de
los medios ha implementado una tradición de presión contra gobiernos
democráticos, con resultados nefastos.
Presentamos aquí los orígenes de la
organización empresarial y su vinculación temprana con la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de desarrollo
de propaganda negra por parte de la SIP contra los gobiernos que han
promovido la libertad y progreso de sus pueblos, en contraste con el
silencio y la complicidad mostrados con regímenes dictatoriales de la
región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de
periodistas.
En la última parte, intentamos
exponer las manipulaciones que han permitido a la SIP no sólo continuar
usurpando la representación del periodismo en la región, sino también
abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones sociales y no
sólo a un puñado de poderosos propietarios de los medios. Para ello,
hemos contado con la guía de dignos periodistas latinoamericanos que
han luchado por rasgar las máscaras del poder mediático y han
denunciado las perversiones de la actuación de la SIP, que han colocado
a la gran prensa a espaldas de los pueblos.
Esperamos que este sea un aporte,
entre muchos otros, al desarrollo de la necesaria conciencia crítica en
contra de las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la
prensa.
La SIP y el panamericanismo imperial
El germen de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) hay que buscarlo en el concepto del
panamericanismo. Pero no en el panamericanismo bolivariano del Congreso
Anfictiónico de Panamá, sino en el panamericanismo imperial.
En la primera conferencia
panamericana, celebrada en Estados Unidos (EEUU), en 1889, se moldeó un
aparataje orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la
intención, según sus creadores, de incentivar la comunicación y la
colaboración entre los países, en condiciones de igualdad. Sin embargo,
estas reuniones respondían en realidad a la preocupación de Estados
Unidos por delinear las manifestaciones de control imperial, en
vinculación con las oligarquías locales.
Este panamericanismo, de hecho, es
entendido como una continuación de la famosa Doctrina Monroe de 1823,
impuesta bajo el lema «América para los americanos», a través de la
cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a ninguna potencia no
americana intervenir en el continente.
Bajo tal signo ideológico, fueron
celebradas estas conferencias en distintos países de la región y en
1923, en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, se
planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la prensa.
Esa primera conferencia sobre la
prensa se realizó finalmente en Washington, tres años después, y aun
cuando los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar que se
trataba de un congreso de periodistas, era esencialmente una reunión de
empresarios. Así lo resalta el investigador Juan Gargurevich, en su
libro A golpe de titular. CIA y periodismo en América Latina,
cuando afirma que aquella era la primera vez que se reunían tantos
propietarios de periódicos de América Latina. No está de más recordar
que los temas tratados por las diferentes mesas (de la conferencia) no
incluyeron los problemas de los periodistas mismos. A los
norteamericanos les interesaban los dueños, no los empleados, escribe
Gargurevich.
Luego de esta conferencia inicial,
se continúan efectuando reuniones en varios países, sin concretarse la
creación de la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene
lugar la conferencia que funda la SIP.
En ese momento gobierna en Cuba el
famoso tirano Fulgencio Batista. El planeta estaba estremecido por la
Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética hacían
sociedad para derrotar el fascismo. Este clima histórico, permeado por
la existencia de un frente antifascista, permite que al fundarse la SIP
se incluyan entre sus miembros, aunque de manera minoritaria, algunas
publicaciones progresistas y de izquierda, entre ellas el órgano de
prensa del Partido Comunista cubano, el diario Noticias de Hoy, fundado
en 1938.
Desde esa primera reunión de la
SIP, las voces minoritarias progresistas intentan impulsar la unidad de
los trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de
denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina por las
grandes agencias de noticias, que actúan como reproductoras del mensaje
imperial.
Sin embargo, la historia cambia al
finalizar la guerra. Ya en 1947 ha comenzado la Guerra Fría que
enfrenta a los antiguos aliados -EEUU y Unión Soviética- se perfila el
maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la Agencia Central
de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que
el periodista cubano Ernesto Vera llama el golpe CIA-SIP [1].
Este golpe, que se consumó en el
año 1950, fue promovido un año antes en Quito, en el V Congreso
Interamericano de Prensa, por la delegación estadounidense, integrada
por tres personajes claves: un representante del Departamento de
Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y
Jules Dubois. El trío era encabezado aparentemente por Wallace, pero en
realidad el personaje central, como se demostraría luego, fue siempre
Dubois, quien coordinó durante 15 años después la labor de la CIA-SIP
en América Latina.
Este trío plantea en Quito que la
próxima reunión de la SIP tenga lugar en Estados Unidos, ya que los
anteriores encuentros habían tenido como sede capitales
latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y Quito. Un grupo
de latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero
Checa, se levantó contra la idea de escoger a Estados Unidos como país
sede, asegurando que la discriminación racial y política en ese país no
permitía que existieran las garantías necesarias para celebrar allí un
Congreso.
La delegación norteamericana, luego
de aceptar que la discriminación en su país era bochornosa, se
comprometió a brindar las seguridades para la participación de todos
los delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la
propuesta se impuso y se aprobó que la reunión del año siguiente se
realizara en Nueva York.
Al regresar a Estados Unidos,
Wallace entregó un informe al Departamento de Estado, titulado
Background of previous Interamerican Press Meeting, en el cual queda al
descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace resaltaba que en la
reunión de Quito habían alcanzado el éxito en los dos objetivos
planteados por la delegación norteamericana: trabajar por una nueva
constitución de la organización original y procurar que la próxima
reunión se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios privados
de las publicaciones de Estados Unidos:
«Tuvimos éxito en ambos propósitos
sin tener que provocar la creación cismática de otra organización y
dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados Unidos
había tenido que provocarla por no poder controlar la organización»,
explicaba Wallace a sus jefes, en el informe citado por Gargurevich. De
esta manera, había comenzado a gestarse el secuestro de la organización.
Las historias del tesorero
Según la historia oficial de la
SIP, 1950 fue el año más importante para la organización. Fue
precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal
y como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas
publicaciones progresistas que inicialmente habían sido incluidas en la
Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los objetivos que la CIA
conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.
Pese a las garantías ofrecidas en
Quito, los representantes de los órganos de prensa progresistas no
fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de
Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo
la acusación de ser comunistas. Cuando se quejaron ante los
organizadores, Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido
negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse al gobierno.
Hubo incluso quienes llegaron hasta
el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las
autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue
el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de Hoy,
pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez
consecutiva, y por esta misma condición viajaba con pasaporte especial.
En una narración sobre este suceso,
titulada «Crónica de una New York entrevista», Rodríguez cuenta cómo
fue retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su ideología,
considerado inadmisible en Estados Unidos, ignorado por la comisión
organizadora del congreso y depositado por el FBI en una aerolínea
venezolana que lo devolvería a Cuba. En esa crónica, Rodríguez
describía con detalles las razones por las cuales a los gestores de la
nueva SIP no les interesaba su presencia:
«¿Por qué se me excluyó del Congreso?»
»Se sabía muy bien que yo iba a New
York a denunciar todos los casos de violación de la libertad de prensa
en América. Los organizadores norteamericanos, obrando al dictado de
Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a
aquellos gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament.
Para mí Videla es igual a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es
menos culpable que Prío.» En segundo término se temía -y hacían bien en
temerlo- que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar contra
la vergonzosa intromisión del embajador de Estados Unidos en México,
Mr. Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió
dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.
»Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta escritores mexicanos.
»Por último no se quería que yo
pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito: la libertad de
prensa en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa
norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas.
Estas son las conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de
expertos nombrada por la Universidad de Chicago, y pagada por el
ultraconservador Henry R. Luce, de la revista Time, y por la
Enciclopedia Británica. Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom
Wallace -que presidió el Congreso de New York- me contestó airado que
quienes tal cosa decían eran un manojo de tontos. De esa manera
calificaba nada menos que a Robert Hutchins, canciller de la
Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish, subsecretario de Estado;
al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur
M. Schlesinger, de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis.
Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los
investigadores universitarios son tontos; sin embargo, aunque sabemos
que en el Senado de Estados Unidos hay una buena dosis de tontos, no
son tantos como para formar mayoría. Y fue la mayoría la que en el
informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son
verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.
»Para impedir que se plantearan
estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además, los
organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar -y
dieron- un golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo
ilegal. Establecieron -arbitrariamente- el voto por publicaciones dando
una artificial mayoría norteamericana. Arrebataron a Cuba la sede
permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han destruido, en
resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad
independiente, transformándola en un simple aparato político al
servicio de los objetivos internacionales de Estados Unidos. Para hacer
esto les estorbaba la presencia de algunos delegados. Yo les resultaba
especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).»
En efecto, antes de la conferencia
del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un
voto dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de
órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el
esquema un país, un voto y sustituirlo por cada publicación, un voto.
En un intento por maquillar este
golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese año, las
conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del
gobierno del país anfitrión, con lo cual las delegaciones se limitaban
a sentarse y a votar por países, y los miembros no siempre eran
periodistas. De acuerdo con el lenguaje oficial, fue entonces, para
evitar estos patrocinios y hacerse independientes, cuando se tomó la
decisión de modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en
términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con
la mayoría [2]. Es de suponer que estos 424 votos componen el pequeño
grupo de editores y directores de periódicos estadounidenses que se
habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los historiadores
oficiales de la patronal.
Por eso Vera, en una entrevista
ofrecida recientemente insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días,
hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de los
recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: «Por
eso digo que hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay
una mentira organizada, porque hay una estrategia imperialista y no hay
una verdad organizada porque no tenemos todavía una estrategia
antiimperialista. Eso funciona milimétricamente».
Voces dignas contra la SIP
El golpe CIA-SIP generó malestar en
Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los
periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la
organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores
de la región -marcadamente proestadounidenses- y guiada por intereses
imperialistas y empresariales, pero no periodísticos.
Este malestar incubado en América
Latina se puso de manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en
1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país anfitrión,
Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y
suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los
propietarios de los medios se habían abrogado la función de determinar
donde había o no libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a
ello, además de la sociedad, son los periodistas.
Tras manifestarse en contra de este
secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento
de una organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones de
periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo
usurpadas por los dueños de los grandes medios [3].
En su libro Breve historia de la
SIP [4], el periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se
alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano
Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa
ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de estatutos aprobado en
Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización,
«dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente
patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los
vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos
que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que
un periodista».
Otero Silva denunció además como
tendencioso un informe de la SIP en el cual, mientras se le dedicaba 80
o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos
cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un
piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas.
En ese mismo informe, continuaba
Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio Somoza como un
ángel tutelar de la libertad de pensamiento y se colocaban como
arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los
dictadores bolivianos. Mientras tanto, daba vergüenza ver en aquella
asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas
Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y
que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de
pensar, afirmaba indignado el escritor venezolano.
En este libro de Selser, citado por
el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia
contra la SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser,
en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz
Duret (1909-1959), director de El Universal, renunció a la organización
cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como
corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con
esta acción, para Lanz Duret, la SIP iría a depender, a todos los
efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo
así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la
recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una
sede anual móvil, distinto de la norteamericana.
Más recientemente, en el año 2000,
una posición similar tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La
República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su renuncia
a la organización empresarial al enterarse de que el antiguo director
de prensa de la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo
Arbilla, había sido nombrado presidente de la SIP.
La carta de renuncia a la SIP,
firmada por el director de La República, Federico Fasano Mertens, y
fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de
Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales
objetivos declarados defender la libertad de prensa, constituía un
insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos. «Su
designación al frente del organismo que pretende velar por la libertad
de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo
antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar,
formal y públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el
impostor continúe a su frente», concluía la misiva.
Mis amigos, los dictadores
Como dice el periodista cubano
Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas manifestaciones.
Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y
sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los
silencios de la SIP son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren
sus alianzas con regímenes dictatoriales.
En el año 2005, este denunciado ex
presidente de la SIP, Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del
entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de «manejar la
publicidad de manera selectiva» y «tratar con desconsideración» a los
medios de comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de
Arbilla y recordó además al subdirector del diario argentino La Nación,
Claudio Escribano, su complacencia con las atrocidades cometidas en
Argentina durante la dictadura militar en ese país.
Esta vinculación de los dueños de
la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido
suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones, para
demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa
de las libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y
oligárquicos.
En el caso Arbilla, éste había sido
jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay, que torturó y
asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La
República, Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan
María Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el
mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el
respaldo militar, e incluso después de instaurada plenamente la
dictadura.
Así, el diario recuerda que Arbilla
fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que
prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de
información que "directa o indirectamente mencione o se refiera a lo
dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales
al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden
públicos"; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173
medios de comunicación -14 de estas clausuras fueron definitivas- y se
intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización
sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector
del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados
decenas de periodistas.
Un personaje parecido, el
dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente
chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de
prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas
nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador de República
Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Otro ejemplo de la actuación de la
SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año
1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo
de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista
peruano de Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación
de la gran prensa. Mientras tanto, la brutal represión y el
amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran
prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Los golpes de la SIP
En paralelo a su relación con
gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran prensa
americana registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos
constitucionalmente constituidos, en consonancia con los intereses
imperialistas en la región. En este sentido, Gargurevich destaca la
temprana conformación de un eje CIA, SIP y agencias de noticias, como
parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un
poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina
[5].
Quizás el caso más emblemático de
acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de
propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile,
derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas
y la CIA, a partir de la implementación de una fuerte guerra
psicológica.
El periodista chileno Hernán Uribe
asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no hubo un período
en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso
cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional,
como en el período presidencial de Allende. El propio presidente
Allende, en 1970, declaró a la agencia Prensa Latina que su gobierno
estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero también
propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas
tuvieran acceso a la opinión.
«Actualmente, esos derechos están
consagrados formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece
restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente
desde el punto de vista financiero», señalaba Allende, según un
recuento hecho por el también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras,
obviamente, no podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando
Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los medios en
los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de
información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses
populares.
Guiados por la CIA, los medios
opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían
responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y
mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se
dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de
persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían
la dictadura pinochetista. De allí que Allende reclamara, el 12 de
febrero de 1973: «Nos hemos visto obligados a señalar la falta de
autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en
la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No
sólo la aceptamos, sino que la reclamamos».
Uribe resalta también que fue la
CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados
de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho
corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este
marco, el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien
fungía como vicepresidente de la SIP, recibió los dólares suficientes
para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular
durante un día, alegando amenazas, «con el objetivo de armar un
escándalo desinformativo que clamara `por el cierre' de El Mercurio».
De acuerdo con el periodista
chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba que se
agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en
realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el
productor monopólico de ese elemento era una empresa privada.
En la investigación realizada por
Gargurevich, se demuestra que esta campaña de desestabilización en el
Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de la
Unidad Popular, tanto interna como externamente. Ese «frente externo»
estaba conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran
redactadas por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y
publicadas por los afiliados sipianos.
La SIP
llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972,
reunión a la cual Allende no se negó, a pesar de la oposición de
diversos sectores chilenos, conocedores de las intenciones de la
organización. Aquella reunión en la que de nuevo se «defendía la
libertad de prensa» tuvo, por supuesto, una amplia repercusión
mediática.
El trabajo de la SIP y sus
asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo
Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la
CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro La CIA en Uruguay
del historiador Roberto García [6].
La investigación histórica hecha
por García prueba que las prioridades propagandísticas establecidas por
la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa
de derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban
editoriales sobre la «infiltración comunista» elaborados por la CIA,
incluso con errores de traducción del inglés y descaradamente
destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.
Las pruebas se encuentran en
documentos como «CIA, Guatemala General Plan of Action» (Doc. Nº
135875, 12 November 1953), que establece los contenidos esenciales del
plan de desinformación continental contra Arbenz; y «CIA, Hemisphere
Support of PBsuccess» (Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla
los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.
Toda esta operación estaba coronada
por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación de la libertad de
prensa en Guatemala. En su publicación oficial Press of the Americas
(Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones
en una conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del
Comité de Libertad de Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz
alertara que la prensa estaba fomentando una intervención extranjera en
su país.
De la misma manera, Gargurevich
establece en su investigación los paralelismos entre la operación
puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que
logró la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las
elecciones de octubre de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había
sido señalado por Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo -con
todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra Fría-, tras
establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no
alineados, elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar
que su país se encaminaba hacia un socialismo democrático.
En este caso, el papel que jugó El
Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979 fue
acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir una conducta
no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue
ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.
Es conocida también la vinculación
CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada
en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los
gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que
tomen medidas que puedan afectar a los intereses de las oligarquías
locales y de Estados Unidos.
Tema anterior
Primer 