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| Para Alfredo Cristiani, presidente del COENA, derogar la Ley de Amnistía implicaría reformas a los Acuerdos de Paz. Foto Diario Co Latino/Rodrigo Sura. |
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino
Alfredo Cristiani, ex presidente de la República y actual presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), considera que derogar la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, luego de la guerra civil, implicaría abrir heridas y sobre todo, «reformar los Acuerdos de Paz».
Cristiani reaccionó así ayer, ante los cuestionamientos sobre la necesidad de derogar la normativa que benefició a militares y ex combatientes de la guerrilla, después de finalizado el conflicto de más de doce años en el país y que dejó más de 70 mil salvadoreños muertos.
«(La Ley de Amnistía) forma parte de los Acuerdos de Paz, creo que en su momento dio una buena misión, fue un tema de unanimidad... y no veo la razón de por qué reformar los Acuerdos de Paz, si es parte integral de esto... en mi opinión, la buena marcha, después de los acuerdos es el rol que jugó la Ley de Amnistía o esta Ley de reconciliación», puntualizó Cristiani.
En los últimos años, organismos como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y la misma Procuraduría de Derechos Humanos han venido insistiendo en la necesidad de derogar esta Ley de Amnistía, que según estos organismos, vino a promover la impunidad frente a «graves» violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Y en particular, porque el Informe de la Comisión de la Verdad determinó que estas violaciones, en más del 70%, fueron cometidas por elementos de la Fuerza Armada.
Por su parte, Rodolfo Parker, secretario general y diputado del PDC, aseguró que pedir la derogación de la Ley de Amnistía, tal y como lo ha dicho la PDDH, no es favorable en estos momentos, pues se debe ver al futuro y «no estar removiendo el pasado». Estos temas, comentó, deben ser superados por el bien del país, y así evitar mayores consecuencias.
Medardo González, coordinador del grupo parlamentario del FMLN, aseguró que ellos, como ex combatientes, estarían dispuestos a pedir perdón en un acto público por las violaciones cometidas a los derechos humanos, aunque recordó que cada 16 de enero, fecha en que se conmemora el aniversario de la firma de los Acuerdos, “lo hacemos”.
«En el FMLN mantuvimos la posición de que la legislación salvadoreña da espacios para que cualquier proceso se pueda llevar adelante, dejando una puerta a la investigación», expresó González.
Y respalda la revisión de la Ley, aunque no con el afán “vengativo”, sino por justicia, dice, pues muchas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos creen que con la aprobación de la Ley se promovió la impunidad que hasta ahora impera en sonados casos de violaciones a los derechos de la población.
Francisco Merino, diputado del PCN y ex Vicepresidente de la República, durante la administración de Cristiani, si ve positivo que se analicen los temas del pasado, para no olvidar los hechos que tanto daño hicieron a la nación.
Ana Guadalupe Martínez, ex comandante de la guerrilla y actual diputada del PDC, no comparte que se revise la Ley de Amnistía, por considerar que ello motivaría viejas rivalidades.
“Quienes lo han solicitado están en su derecho de hacerlo, pero los salvadoreños que trabajamos por construir la paz en El Salvador, tenemos el derecho de reconstruir la paz y reconciliándonos, para eso se estableció la comisión de la verdad, y planteó el tema de la reconciliación, que no iban a ser vinculantes los resultados de la comisión en el sistema judicial”, precisó.
Martínez afirmó que “a estas alturas, a los salvadoreños nos conviene seguir viendo hacia adelante, porque hay dos amnistías, la que le permitió al FMLN convertirse en partido político… y la amnistía general del 93´. Creo que esas dos amnistías han permitido que el FMLN sea gobierno y que los salvadoreños estemos en un proceso de reconciliación lento… creo que hay que cerrar un capítulo y no abrir heridas”, expresó.
Caso Jesuitas
El conflicto armado finalizó durante la administración de Cristiani con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, pero también se dieron graves hechos como el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de estos en la UCA el 16 de noviembre de 1989, en medio de la ofensiva de la ex guerrilla salvadoreña.
20 años después, Cristiani considera que El Salvador hizo “los esfuerzos necesarios” para lograr esclarecer el múltiple crimen, aunque no comparte que tribunales extranjeros impulsen investigaciones a partir a actores ajenos y no familiares directos de las víctimas.
De acuerdo a Cristiani, el proceso judicial que se está impulsando en estos momentos en tribunales de España, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña ha comenzado a intercambiar información, en la que dan a varios militares involucrados en las investigaciones, no son promovidas ni por la Compañía de Jesús o familiares de los sacerdotes jesuitas.
“Esto está siendo promovido por una institución que nada tiene que ver con los padres jesuitas ni con la familia, y es de Estados Unidos, utiliza a una ONG de derechos humanos de España… ¿qué interés tendrán?”, precisó Cristiani.
Las investigaciones, reiteró Cristiani, se dieron en un ambiente hostil, en medio de la guerra civil. “Se hizo lo posible... y las investigaciones, no es que se agoten, se hizo el esfuerzo por llegar al fondo, de echo, ha sido una de las primeras oportunidades en la que se llevaba a un proceso judicial a oficiales a oficiales de alto rango de la Fuerza Armada, no fue una investigación en vano…”, señaló.
Ahora Cristiani, no ve viable una investigación, a pesar de la gravedad del caso.
“Si los familiares ni la Compañía de Jesús no ven la necesidad de seguir investigando, algo debe de decir eso”, precisó.
Mientras que Merino sí considera que la Asamblea Legislativa no entorpecerá las investigaciones que promuevan tribunales extranjeros.
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