Campesinos que huyen del conflicto armado en Colombia siguen llegando a Venezuela, en "goteo", uno a uno, sumándose a la legión que en los últimos siete años ha solicitado el estatuto de refugiado y una cédula (carné) de identidad que ayude a rehacer la vida en el país que los recibe.

Por Humberto Márquez - IPS

Un problema es que "hasta aquí llega la mano de los que pelean en Colombia", dijo a IPS Laura (nombre ficticio), quien vende golosinas en un paraje entre Guasdualito y El Nula, poblaciones del extremo sudoeste venezolano, a unos 650 kilómetros de Caracas.

En Vichada, departamento del oriente colombiano cerca del río Orinoco, en un área que en 2005 controlaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Laura y el padre de su tercera hija, ahora de cinco años, manejaban un restaurantillo cuando irrumpieron en la zona fuerzas paramilitares de derecha.

"Un bando no acepta que uno tenga nexos con el otro. Esa vez hubo como 15 muertos, yo me vine a Venezuela con mis tres hijos, mi compañero huyó y se unió a las FARC (las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Nos separamos. Ahora él quiere llevarse la niña a Colombia, yo no acepto y entonces me amenaza de muerte, y me llama desde un teléfono de Venezuela", asegura Laura.

Algunas veces, cuando ha salido a vender dulces, mensajeros de la guerrilla y de los paramilitares ultraderechistas han interceptado a Laura. "No se sabe de dónde puede salir la bala que lo mate a uno", dice acongojada. Quiere dejar la frontera, ir a Portuguesa, 250 kilómetros al norte, cerca de unos parientes instalados allí hace años.

Pero no puede desplazarse. Cuando la entrevistó IPS, su solicitud y la de sus hijas menores habían sido rechazadas. En cambio, su hijo de 18 años, quien quiere estudiar en la universidad, consiguió el estatus de refugiado. Ella piensa apelar.

Desde que en 2001 se dictó una ley sobre refugiados, Venezuela había reconocido hasta septiembre a 1.327 personas con ese estatus, con el que se consigue una cédula de identidad como extranjero transeúnte, informó Ricardo Rincón, presidente de la Comisión Nacional de Refugiados, organismo dependiente de la cancillería.

Hay unas 14.000 solicitudes pendientes de estudio y en los primeros nueve meses de este año se agregaron 2.351. La Comisión resuelve unos 40 casos por mes y entre enero y septiembre reconoció a 183 refugiados y rechazó a 221.

La oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en Venezuela hay más de 200.000 desplazados colombianos que calificarían como solicitantes de refugio. En las tórridas llanuras del sudoeste, la zona de Guasdualito y El Nula, debe haber más de 20.000.

En dos décadas, el conflicto armado interno colombiano ha obligado al desplazamiento forzoso de sus hogares de unas tres millones de personas.

"Acnur y la Comisión acogen a quienes en verdad califican como refugiados, pero no podemos aceptar en nuestro territorio a personas que estén evadiendo a la justicia o que puedan crear problemas", ha señalado Rincón.

La responsable de la Comisión en Guasdualito-El Nula, Angélica Barrera, explicó a IPS que el despacho trata de sustanciar los expedientes con explicaciones detalladas que aporten los solicitantes, pero ningún caso se resuelve en la zona. Las decisiones se toman en Caracas, después de investigaciones adicionales que hace el gobierno.

Manuel se toma el proceso con calma. Llegó hace dos años al área de El Nula. "Criaba un ganadito en Arauca (nordeste colombiano), llegaron los de las FARC, se comieron todas las reses, todas. Después querían que fuera uno de ellos, con uniforme, fusil, y yo no quise. Entonces me dieron 12 horas para que abandonara la zona", relató a IPS.

Al llegar a Venezuela se empleó como ordeñador. Unos meses después trajo a su mujer y a sus tres hijos. "Todavía pequeños, no van a la escuela. Quiero acomodar los papeles para que ellos estudien sin problemas. Aquí podemos comer y vivir. Trabajo una finca con siembras de plátano y yuca (mandioca). Los soldados y los guardias no me molestan, al pasar ven mis ropas y botas, soy un hombre de trabajo", aseveró.

Distinto es el caso de Pedro, de 57 años y divorciado, quien llega en motocicleta a las puertas de la escuela de El Nula donde funcionarios de la Comisión, de Acnur y del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) atienden a solicitantes de refugio. Son jornadas extras, para acercarse a los solicitantes y facilitarles acudir a los trámites.

"¡Cédula o pasaporte! Le piden a uno en las alcabalas (puestos de control). No tengo una cosa ni otra. Cédula no consigo porque lo que tengo es un papel como solicitante de refugio, y el consulado no me da otro pasaporte porque me pide una cuenta bancaria y ¿cómo la obtengo en Colombia si me vine huyendo?", contó Pedro a IPS.

El suyo es el caso de un pequeño propietario. Tenía finca, reses, vehículo y cuenta bancaria en Colombia. La zona entre Arauca y Casanare, donde vivía, fue tomada por las Águilas Negras, mutación de las ultraderechistas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. "Según sus cuentas, todos allí éramos guerrilleros, y tuvimos que huir", relató.

Llegó a la zona de El Nula y empezó a hacer lo que sabía: organizar un establecimiento rural, criar ganado, comerciarlo, sembrar, vender productos. Consiguió una casa, dinero para sostener una cuenta solvente, una motocicleta.

"Pero nada de eso está a mi nombre. Todo a nombre de amigos, paisanos o venezolanos, confiando en su buena fe. Ni siquiera tengo licencia para conducir la moto, porque para obtenerla necesito cédula. Y si algún día me tengo que ir, por ejemplo si hay más líos entre Colombia y Venezuela, entonces volveré a perderlo todo", deploró.

En los controles del ejército, guardia nacional o policiales "a veces me detienen, reclaman los papeles de la moto, piden una colaboración en dinero para dejarme pasar", contó Santiago, un venezolano que vive del comercio al menudeo. "Si eso le hacen a él que es venezolano con papeles, imagínese a nosotros", remarcó Pedro.

La zona rural de El Nula, cruzada de ríos, es rica para la agricultura, ganadería y explotación forestal. Su núcleo urbano es un aglomerado de unos cientos de casas y comercios sobre unas pocas calles que rápidamente desaparecen entre potreros. No hay cloacas, la electricidad falla, no hay parques u otros sitios se esparcimiento familiar.

Hace un par de años padeció, como Guasdualito, por frecuentes homicidios atribuidos a la pugna entre contendientes colombianos. De vez en cuando aparece algún caso sospechoso. También han actuado las "Fuerzas Bolivarianas de Liberación", que se reivindican como guerrilla de venezolanos partidarios del presidente Hugo Chávez.

"En la zona tenemos casos de jóvenes que por inmadurez, falta de expectativas y ofertas engañosas son reclutados por las organizaciones armadas colombianas", dijo a IPS un activista comunitario que se identifica como José Luis. "La violencia de esos grupos los impresiona, porque es efectiva, resuelve las cosas de un día para otro".

Con los colombianos que llegan "la conducta de la gente en general es de acogida, muy tolerante, sin expresiones de xenofobia, al contrario, los ven como gente de trabajo. Las quejas que recibimos tienen que ver con trámites o autoridades, no con los vecinos", dijo a IPS el abogado Juan Andrés Quintero, del SJR.

"Además, durante años, quizá por generaciones, se han tejido lazos familiares, de trato y comercio a través de los ríos fronterizos, y una cultura compartida por el trabajo de la tierra y hasta por lo que comen y la música que escuchan", agregó Quintero.

Es la cara positiva del refugio. También la existencia de una ley que posibilita su protección formal y participación en programas sociales, como acceder a microcréditos del estatal Banco del Pueblo en compañía de venezolanos o comprar en los mercados de alimentos que subsidia el gobierno.

También está la compañía permanente de organizaciones especializadas, como Acnur, las organizaciones católicas Cáritas y SJR, y últimamente se ha sumado la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados.