La invasión estadounidense a Panamá hace dos décadas bajo el nombre de Causa Justa, representó para la población pérdidas humanas y materiales cuya magnitud hoy se desconoce a pesar de los reclamos de la sociedad.

El pretexto de sacar del poder al gobierno del general Manuel Antonio Noriega y preservar la vida de los norteamericanos en el país significó, según expertos, un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. Muchos panameños creen que la verdadera causa de la intervención fue que éste se había convertido en un “estorbo” para los planes políticos estadounidenses.

Los estudios muestran que la administración del entonces presidente George H. W. Bush desplegó para la agresión unos 26 mil efectivos de unidades elite, entre ellas la 82 División aerotransportada.

Otros 12 mil hombres se encontraban dislocados en la extensa red de bases que disponía Washington en territorio panameño, a fin de enfrentar a las Fuerzas de Defensa y los llamados Batallones de la Dignidad.

Como complemento, Panamá sirvió de laboratorio para el empleo de armamentos sofisticados del tipo del bombardero “invisible” Stealth F-117, helicópteros del tipo Blackhawk, Apache y Cobra, además de misiles, cañones de fuego rápido y blindados.

Una evaluación realizada luego de los acontecimientos de diciembre de 1989 situó en unas 300 las víctimas fatales. Sin embargo, entidades sociales panameñas aseguran que fueron más de 4.000.

La mal llamada operación Causa Justa, con una elevada cuota de víctimas civiles, evidenció que las acciones tuvieron un objetivo más amplio que el de actuar contra Noriega. Varios analistas sospechan que las verdaderas motivaciones de Estados Unidos eran distintas a las proclamadas.

El popular barrio de El Chorrillo fue prácticamente destruido por los ataques estadounidenses, con un estimado de cuatro mil viviendas dañadas.

De acuerdo con el profesor Marco A. Gandasegui, la invasión de Panamá fue manipulada para que apareciera como una gran victoria de la Casa Blanca sobre un peligroso enemigo. Incluso, la analista Jane Cramer -citada por Gandasegui- consideró que esa acción se concibió y ejecutó por razones de política interna en Estados Unidos.

Por su parte, el Partido Alternativa Popular afirmó que a dos décadas del genocidio, “se ha caído la máscara de supuesta liberación con que los medios de comunicación al servicio del imperialismo han querido cubrir la salvaje y cruenta agresión militar”.

¿Declaraciones tras dos décadas de la invasión?

En declaraciones a AFP el ex asesor del gobierno panameño Julio Berríos y actual abogado de Noriega, expresó que “Estados Unidos quería utilizar a Panamá como plataforma para esa lucha contra los sandinistas, y como Noriega se negó, allí suscribió su sentencia para ser derrocado”.

Por su parte, el ex diplomático Julio Yao, declaró que Noriega, “a pesar de colaborar con Estados Unidos en muchas cosas, era muy independiente y decidió rebelarse un día de 1986 en Japón, cuando denunció la política de guerra que Estados Unidos tenía en Centroamérica”.

“Estados Unidos podría haber eliminado o secuestrado a Noriega”, pero la invasión permitió a Bush padre “estar las 24 horas del día en la televisión para demostrar que él era un hombre fuerte y decidido, que era capaz de tomar decisiones”, dijo el académico Marco Gandásegui . “Y de paso Estados Unidos se presentaba al mundo como la primera potencia tras la caída del Muro de Berlín”, ocurrida pocas semanas antes, agregó.

Organizaciones sociales reclaman retomar la verdad sobre la invasión estadounidense a Panamá

Los llamados de organizaciones sociales para retomar la verdad sobre la invasión estadounidense a Panamá cobran hoy fuerza en el escenario nacional, al conmemorarse dos décadas de ese nefasto acontecimiento.

El Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) convocó a una concentración para el próximo 20 de diciembre ante la antigua sede diplomática de Washington en la capital panameña, con el objetivo de mantener viva la memoria de la agresión que dejó un importante saldo de víctimas fatales y pérdidas materiales al país.

Hasta el momento, nadie ha asumido la responsabilidad por los hechos que representaron además una violación a los derechos internacionales y humanos. En el contexto actual, la atención se concentra además en la decisión del gobierno de instalar 11 bases aeronavales en diversos puntos del país.

En una iniciativa lanzada bajo el argumento de combatir el narcotráfico, surgen las dudas sobre la posible presencia militar de otros países en las citadas instalaciones, lo cual resulta incongruente con el perfil constitucional del país.

Al informar sobre el proyecto, las autoridades ratificaron que las estaciones serán operadas por efectivos procedentes de los servicios Aeronaval y de Fronteras, así como de la Policía Nacional.

(Con información de Prensa Latina y AFP)