El sistema judicial hasta 1998.- En 1969 se creó el Consejo de la Judicatura, el cual estaba integrado por representantes de los tres poderes públicos, que asumió las tareas antes desempeñadas por el Ministerio de Justicia, relacionadas con la administración de los tribunales: designación, evaluación, vigilancia y disciplina de los jueces y provisión de cargos y manejo del presupuesto para los tribunales. La Corte Suprema de Justicia tenía principalmente funciones jurisdiccionales.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran designados por el Poder Legislativo y los del Consejo de la Judicatura lo eran por la CSJ y por los otros poderes del Estado. En la práctica, eran los partidos políticos quienes hacían las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de la Judicatura y de los jueces. Para optar al cargo de juez era importante el apoyo de las redes clientelares que funcionaban a la sombra de los partidos. La lealtad política se apreciaba por encima de la eficiencia en el manejo de casos, la calidad de las decisiones, la honestidad o el profesionalismo que requería el cargo de juez.

La ley establecía que los jueces ingresaban por concursos públicos de oposición, lo cual garantizaría el buen conocimiento del derecho y que se escogería a los mejores para jueces. En los hechos, esos concursos no se realizaron y se consolidó la práctica de designar jueces suplentes o provisorios. Sólo esporádicamente se realizaron concursos. Por lo que, durante la mayor parte de su período, la mayoría de los jueces eran provisorios, lo cual podía facilitar su remoción del cargo. En 1997, sólo 40% de los jueces eran titulares, muy pocos habían ingresado por concurso de oposición.

Al Poder Judicial se lo percibía corrupto.- Se consideraba a los jueces como poco preparados y a la justicia como ineficiente e inaccesible para la mayoría de la población. Igualmente se consideraba que no garantizaba los derechos humanos de los ciudadanos. La percepción del mal funcionamiento del sistema judicial generó que en la década de los 90 la necesidad de reformarlo sustancialmente apareciera como una tarea urgente.

La reforma judicial de los 90.- A inicios de la década de los 90 el descontento por el funcionamiento del sistema judicial era un problema político importante. La élite política prestó entonces atención al tema. Se renovó la Corte Suprema de Justicia, saliendo de ella los magistrados más afectados por los escándalos de corrupción. Se designaron magistrados más independientes y con mayor prestigio profesional. Se buscó el apoyo del Banco Mundial para la reforma y, simultáneamente, se tomaron varias iniciativas legislativas importantes, como fueron la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, y la Ley de Carrera Judicial.

De la misma forma, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 recogió buena parte de las aspiraciones de reforma judicial que estaban planteadas en su momento. Es por ello que se establece un compromiso del Estado para garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

El proceso constituyente de 1999.- El proceso constituyente fue la ocasión para derribar los obstáculos que impedían los cambios en el sistema judicial, pero afectó la escasa y relativa estabilidad que habían alcanzado los jueces. El 18 de agosto de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente declaró al Poder Judicial en emergencia y reorganización. Para ello designó a la Comisión de Emergencia Judicial que debía evaluar el funcionamiento y desempeño de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, elaborar el plan de evaluación de los jueces y organizar el proceso de selección de los jueces mediante concursos públicos de oposición.

La Comisión de Emergencia Judicial, trabajando conjuntamente con el Inspector General de Tribunales, suspendió y sometió a proceso a más de 340 jueces, cifra equivalente a un tercio del total de los jueces de la época. Muchos de ellos fueron luego destituidos y muy pocos reincorporados. Un buen número de jueces, no sometidos a procesos, solicitó la jubilación o renunció.

Después de promulgada la Constitución, los cambios en el sistema de justicia han continuado. Se han invertido mayores recursos, cambiado la organización de los tribunales. Hay un importante aumento del número de jueces respecto a la década de 1990, así como una organización de los tribunales, en cuanto a la materia y a su jerarquía, más estructurada que en el pasado.

Una mirada retrospectiva a lo realizado en estos diez años en el área judicial impresiona por el sustancial cambio normativo, por las cuantiosas inversiones que se han hecho, por los cambios tecnológicos y por el incremento del número de jueces y del personal calificado. Ahora bien, conviene preguntarse si todo esto ha contribuido a acercar al Estado venezolano al modelo de “Estado de Derecho y de justicia” dispuesto en el texto constitucional. Creemos que, tanto la aguda crisis y la polarización política del país como los cambios sustanciales que el sistema judicial ha vivido, no han hecho a los jueces más independientes. Al contrario, se han hecho más visibles las presiones políticas a las cuales están sometidos.

Venezuela hizo un esfuerzo muy grande de reforma institucional al final de la década de los 90 y, para acelerar el proceso, confió en un líder que prometió refundar la República y terminó llevándonos por el camino del autoritarismo. Los resultados no pueden ser más frustrantes: no es sólo el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la violencia criminal, sino una inmensa distancia del Estado de Derecho y de justicia expresado en la Constitución.

Justamente, a pesar de las declaraciones constitucionales y las cuantiosas inversiones en el sistema judicial, no hay duda de que Venezuela está más distante del Estado de Derecho y, por ende, de justicia que en 1998. Es a la incompatibilidad entre el proyecto político autoritario y la idea de Estado de Derecho que se debe esa distancia. No es el sistema judicial como tal el responsable directo de la situación, aunque no cabe duda que algunos jueces y magistrados “supremos” han hecho posible esa distancia.

Todavía hay esperanzas, un cambio en el régimen político actual y la recuperación de un proyecto social afín a una democracia moderna, que asuma con seriedad la tarea de comportarse conforme a la Constitución y la Ley, y dar plena vigencia y respeto a los derechos y garantías constitucionales; podrá saciar el eco del dolor popular, es decir, el hambre y sed de justicia que desde tiempo inmemorial padecemos los venezolanos. justiciapitz@hotmail.com

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