En un comunicado, la organización señaló que Jorge Molano "es uno de los abogados que representan a las familias de 11 personas que fueron objeto de desaparición forzada a manos del Ejército en 1985, durante un asalto al Palacio de Justicia, que había sido tomado por el grupo guerrillero M-19". El Ejército ha declarado que el caso debería ser juzgado por el sistema de justicia militar, pero éste se ha mantenido en el sistema civil, y se espera una resolución judicial pronto, precisó AI.

"Como consecuencia de su trabajo como abogado de Derechos Humanos, Jorge Molano se ha convertido en blanco de amenazas, y tanto él como su familia se encuentran en grave situación de riesgo", advirtió Amnistía. El pasado 1 de diciembre, según la organización, dos hombres intentaron entrar en su apartamento, situado en Bogotá. Además, se cree que su teléfono ha sido intervenido. El elevado número de amenazas que ha recibido ha hecho que el Ministerio del Interior de Colombia le incluya en su programa de protección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió recientemente al Estado colombiano, en cabeza de su Gobierno, que se le informe cuáles han sido las acciones tendientes a garantizar la seguridad del abogado defensor de derechos humanos, Jorge Molano, luego de la medida cautelar que el fue concedida hace varios meses.

En una comunicación dirigida a la Corporación Sembrar, de la que hace parte el jurista, se hizo la advertencia acerca de la solicitud expresa que se le hizo a las autoridades, en ese sentido, más aún después de las denuncias que hizo Molano, referentes al recrudecimiento de una persecución en contra de él y su compañera permanente, que amenaza sus vidas.

Precisamente, dijo Molano, las amenazas se incrementaron luego de que asumiera la representación de la parte civil en los procesos que se adelantan en contra de militares, presuntamente responsables de la desaparición forzada de varios civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, una lucha que fue liderada por el abogado Eduardo Umaña Mendoza durante varios años, hasta que fue asesinado en 1998.

La persecución también había sido latente y coincidente con la apertura de otros casos, como el de la masacre de San José de Apartidó, en la que se alega la responsabilidad del ex comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército, Rito Alejo del Río.