La ley de Memoria Histórica arrasa en Cuba. Un año después de entrar en vigor la llamada ley de nietos, cerca de 52.000 cubanos con abuelos españoles han presentado expedientes ante el Consulado de España en La Habana para reclamar la ciudadanía. Hasta la fecha, 23.256 casos han sido aprobados, 2.001 se han denegado y el resto está en trámites. Cerca de 190.000 cubanos han solicitado turnos para presentar sus documentos. Un récord absoluto.

Cuba es, de lejos, el país latinoamericano en el que la ley de nietos ha tenido más impacto. Y también donde más abiertamente se muestran sus contradicciones: en los últimos meses, un centenar de cubanos han presentado recursos en España por considerar inconstitucional una norma que discrimina a las abuelas españolas casadas con extranjeros, que no tienen derecho a transmitir a sus nietos la ciudadanía.

La traductora cubana Ivón Otero es una de las perjudicadas. Tiene 37 años y es nieta de Graciana Díez, una de las decenas de miles de emigradas que llegó a La Habana en los años veinte e hizo familia en la isla. Por ser mujer y haber contraído matrimonio con un cubano, su abuela perdió la nacionalidad -en aplicación del Código Civil de 1889- y ahora ella no puede beneficiarse de la ley de nietos.

"Estoy indignada", dice. "Me siento impotente y discriminada doblemente por ser mujer. Lo peor es que la injusticia procede de España, un país del primer mundo que hasta tiene un ministerio de Igualdad".

Ivón recibió en septiembre una comunicación del Consulado denegándole su solicitud de acogerse a la Ley de Memoria Histórica, que permite a los nietos de exiliados y emigrantes acceder a la nacionalidad aunque sus padres hayan nacido fuera de España.

"Si en vez de ser mujer fuera hombre, no habría problema", denuncia, consciente de que su caso es una bomba: miles de cubanos con abuelas españolas se encuentran en la misma situación. "Mire usted la barbaridad: si era el abuelo el que se casaba con una cubana, no perdía la ciudadanía... ¡Por Dios! ¡Están aplicando una ley del siglo XIX!".

De momento, Ivón y 110 cubanos más han interpuesto recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) por considerar que la aplicación de la normativa viola la constitución de 1978 y discrimina a sus abuelas por razón de su sexo. En el caso de Ivón la situación es especialmente sangrante: Graciana está en perfecto estado de salud y desde hace años recibe una ayuda monetaria del Gobierno español por ser oriunda de León. A sus 86 años, está totalmente lúcida: "Se lo digo todos los días a mis nietas: que sean bien malas con los varones, porque la discriminación sigue: aquí, en España y en todos lados".

Abuela y nieta pretenden desenredar la madeja de esta quiebra legal: según el Código Civil de 1889, la mujer española que se casaba con un extranjero perdía automáticamente la nacionalidad para asumir la del marido. La legislación se suavizó en 1954, pero siguió marginando a la mujer hasta 1975. En su recurso, Ivón plantea que la norma viola el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley, y también el noveno, que garantiza "la irretroactividad" de las "disposiciones restrictivas de los derechos individuales".

Hace meses, la DGRN subsanó parcialmente la injusticia al establecer que las abuelas que perdieron la nacionalidad "por matrimonio durante su exilio en el extranjero" sí pueden trasmitir a sus nietos la ciudadanía. Sin embargo, la trampa persiste. En Cuba, menos del 5% de los expedientes corresponden a descendientes de exiliados. El 95% de las solicitudes son de nietos de sencillos emigrantes, como Ivón.

"Voy a pelear hasta el final, aunque sólo sea para que se conozca esta injusticia", advierte. Lo mismo afirman los siete hijos y más de veinte nietos de Francisca Colom Maura, la abuela Paca, oriunda de las islas Baleares y fallecida hace años. El recurso planteado alrededor de su caso es de una lógica demoledora.

"Por razones obvias aquí todo el mundo quiere ser español, y la gente no se va a rendir", asegura Ivón. Las estadísticas hablan por sí mismas. La ley establece un plazo de dos años para presentar las solicitudes y da la posibilidad de una prórroga de un año más: Cuba, con 11 millones de habitantes, ha recibido 52.000 expedientes en el primer año, alrededor de un 30% más que Argentina, con una población de 40 millones de habitantes. Si en Argentina la media de turnos diarios es de 221, el Consulado en La Habana ofrece 425 turnos al día -aunque la tasa de incomparecencia a las citas es del 30%.

"De seguir así, podrían tramitarse unos 100.000 casos y otros 50.000 con la prórroga, lo que arrojaría un total de 150.000 nuevos españoles al final del proceso", asegura una fuente consular. Esto equivaldría al 1,5% de la población cubana.

Todo dependerá de la rapidez con que los registros cubanos faciliten los documentos requeridos. El ritmo hasta ahora es lento, sobre todo en las oficinas de Inmigración, que han de aportar documentos básicos como la certificación que hace constar que el abuelo no había perdido la ciudadanía española cuando nació su hijo. El promedio de tiempo para obtener este tipo de papeles puede superar los ocho meses.

No es un secreto que las autoridades ven con recelo lo que está ocurriendo. De hecho, no hay militantes comunistas entre los candidatos a adquirir la ciudadanía española. Sin embargo, parece difícil detener un proceso en que decenas de miles de cubanos están echando el resto, incluidos los que como Ivón tienen la partida difícil debido a una ley desfasada. Disponer de un pasaporte español en la isla representa la posibilidad de viajar, y viajar la posibilidad de progresar o de empezar una nueva vida. Y con eso no se juega.

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