A finales de 2009, la organización Human Rights Watch (HRW), con razón social en Nueva York, publicó un informe titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba. Basándose en el testimonio de ex presos, el informe condenaba de manera sistemática al gobierno cubano, calificándolo de tiránico y acusándolo de utilizar “su maquinaria represiva, leyes draconianas y juicios arbitrarios para encarcelar a decenas de personas que osaron ejercer sus libertades fundamentales”.

El grupo afirma que entrevistó a 40 prisioneros políticos y que analizó las leyes extraordinarias que permiten que los cubanos puedan ser encarcelados simplemente por expresar opiniones críticas de su sistema socialista.

A primera vista, se nos podría perdonar por pensar que Cuba es uno de los peores violadores de los derechos humanos en las Américas. Sin embargo, la más somera reflexión podría llevar a cuestionar tales declaraciones procedentes de los EE.UU., un país con miles de prisioneros mantenidos en una red internacional de cárceles secretas, muchos de ellos sometidos a regímenes de tortura. 

¿Es creíble este informe crítico sobre Cuba? ¿A quién representa Human Rights Watch?

La respuesta a la última pregunta es un poco más difícil que en el caso de otras organizaciones como la National Endowment for Democracy (NED), establecida por el gobierno de los EE.UU., o incluso Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en Francia y financiada directamente por el Departamento de Estado usamericano en algunas de sus campañas contra Cuba. A la manera de los “periodistas empotrados” que viajan con las tropas de EE.UU. en todo el mundo, la NED y RSF pueden ser considerados “vigilantes empotrados” que contribuyen a legitimar o deslegitimar determinados gobiernos en función de la política de EE.UU.

Human Rights Watch, sin embargo, no está financiada por el gobierno de los EE.UU., si bien obtiene la mayor parte de sus fondos de una serie de fundaciones usamericanas a su vez financiadas por muchas de las mayores corporaciones de este país. Estas fundaciones, privadas y adineradas, suelen vincular sus contribuciones a proyectos específicos. Así, por ejemplo, los informes de HRW sobre Oriente Próximo a menudo se basan en informes de fundaciones pro israelíes y reciben financiación de las mismas. Otros grupos piden un enfoque sobre los derechos de la mujer o el VIH/SIDA. Más del 90% de los 100 millones de dólares del presupuesto de HRW para 2009 estuvo “limitado” de esta manera. En otras palabras, HRW ofrece una selección de asuntos privatizada y realizada en EE.UU. que sirve a los intereses de los ricos.

La coordinación de todos estos intereses se ilustra con toda claridad por medio del nuevo presidente de HRW, James F. Hoge, Jr., editor y periodista, redactor jefe de la publicación Foreign Affairs, de 1992 a 2009, y miembro prominente del patrocinador de la misma, el Council on Foreign Relations (CFR), ubicado en Nueva York. El CFR, considerado como el más influyente think tank de la política exterior de los EE.UU., incluye gran parte de la elite empresarial usamericana (entre otros los bancos y los medios de comunicación), así como líderes pasados y presentes de los dos grandes partidos. Ex secretarios de Estado como Henry Kissinger y Condoleezza Rice, y el actual secretario de Defensa Robert Gates, son miembros del CFR. Su lista de miembros es realmente un Quién es quién de las elites usamericanas.

El consejo directivo de HRW está igualmente dominado por la elite corporativa de EE.UU., como la banca y los grandes medios de comunicación, y algunos académicos, aunque no por funcionarios del gobierno. El consejo directivo incluye al ex ministro de Asuntos Exteriores mexicano Jorge Castañeda (académico que una vez fue marxista reconvertido en político de derecha), mientras que el abogado de origen chileno José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de HRW.

Vivanco ha sido objeto de una gran controversia en América Latina a causa de sus ataques contra Venezuela y Cuba. Si HRW a veces parecía actuar con cierta independencia de la política exterior de EE.UU., por ejemplo cuando apoyó la “guerra contra el terrorismo” pero criticó las operaciones de este país en Iraq, éste no ha sido el caso en América Latina, donde el grupo ha seguido al pie de la letra la línea de Washington.

De todos los informes de Human Rights Watch sobre América Latina de los últimos años, los únicos gobiernos a los que se les ha hecho estas críticas sistemáticas son los de Venezuela y Cuba. Otros informes, sobre Brasil, Honduras y México, han tratado de cuestiones mucho más concretas, como la violencia de la policía, los derechos de los transexuales o la justicia militar. Cuando se trata de Colombia, HRW ha publicado informes sobre el uso de minas terrestres y sobre las “mafias paramilitares”. Este último informe de hecho recoge que Colombia tiene un más alto nivel de violencia “que casi ningún otro país en el hemisferio occidental.” En realidad, Colombia está por delante de cualquier otro país latinoamericano en número de asesinatos de sindicalistas, periodistas, abogados y personas corrientes. Los militares colombianos y sus aliados de las milicias de extrema derecha han sido responsables de la mayor parte de estas masacres y sin embargo HRW culpa a la guerrilla de izquierda y a las milicias de derecha por igual, sin implicar al régimen de Álvaro Uribe, el mayor receptor ayuda usamericana en América Latina.

Parcialidad en los informes

Por otra parte, el informe del grupo de diciembre de 2008 sobre Venezuela, titulado Una década de Chávez, tuvo una motivación política clara. Según Vivanco, fue escrito “porque queríamos demostrar al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie”. Dicho informe fue duramente criticado por más de un centenar de académicos por no cumplir “ni siquiera los estándares mínimos en materia de calidad académica, imparcialidad, exactitud o credibilidad.” Más que un informe detallado sobre los derechos humanos era un intento de desacreditar a un gobierno, principalmente sobre la base de las acusaciones de “discriminación política” en el empleo y el poder judicial. La evidencia era escasa y el enfoque en absoluto sistemático. HRW rechazó estas críticas.

El reciente informe sobre Cuba (Un nuevo Castro, la misma Cuba) es un intento de poner en la picota todo un sistema social basándose en algunas anécdotas. Al igual que desde hace algunos años, EE.UU. ha centrado su enfoque sobre derechos humanos en Cuba las pocas docenas de personas detenidas y encarceladas por lo que HRW considera que es simplemente la defensa de sus derechos básicos. El gobierno cubano dice que la mayoría de estas personas aceptaban dinero proveniente de los programas de EE.UU. para derrocar el sistema social cubano. HRW ignora el derecho de Cuba a protegerse de los programas intervencionistas de Washington.

Con respecto a los 40 ex presos que afirma haber entrevistado en Cuba, HRW llama la atención sobre lo que denomina una ley:

“… que permite al Estado encarcelar a personas antes de que hayan cometido un delito, bajo la sospecha de que pudieran cometer un delito en el futuro… Esta disposición de “peligrosidad” [se refiere] a cualquier conducta que contradiga las normas socialistas. Es la más orwelliana de las leyes de Cuba y refleja la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano.”

Otras leyes se han utilizado, afirma, para:

“… tipificar como delito el ejercicio de libertades fundamentales, en particular leyes que penalizan el desacato, la insubordinación, y las acciones contra la independencia del Estado. En efecto, el artículo 62 de la Constitución cubana prohibe el ejercicio de cualquier derecho básico que sea contrario a “los fines del Estado socialista”.

HRW también afirma que en enero de 2009 algunos jóvenes de la zona oriental de Cuba fueron acusados de “peligrosidad” simplemente por estar desempleados. Se decía que uno de ellos había sido encarcelado durante dos años, sólo por estar desempleado. HRW señala que Cuba vincula algunas detenciones a “una política usamericana destinada a derrocar al gobierno de Castro... Sin embargo, en las decenas de casos que Human Rights Watch examinó para la elaboración de este informe, esta afirmación no se sostiene. 

Examen de algunos de los aspectos jurídicos y prácticos de estas afirmaciones.

En primer lugar, el artículo 62 de la Constitución cubana dice textualmente que “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.” (1) Eso no es lo mismo que “prohibir el ejercicio de cualquier derecho básico que vaya en contra de 'los fines del Estado socialista’. La disidencia no es lo mismo que atacar el orden constitucional.

Legalmente, hay ciertamente el principio de “peligrosidad social” en la legislación cubana, pero se trata de un concepto que tipifica las infracciones penales y de otro tipo. Por ejemplo, la peligrosidad social puede agravar un “acto” que sea un delito en virtud de la legislación laboral (Ley 176). Por el contrario, en el Código Penal (art. 14) la ausencia de “peligrosidad social” puede mitigar la pena por un delito. El “estado peligroso”, definido por el Código Penal (art. 72) tipifica también una serie de conductas antisociales, como la embriaguez.

En otras palabras, el enfoque de Human Rights Watch sobre “peligrosidad” es un montaje. No hay delito sustantivo de “peligrosidad”. Es un calificativo a la conducta real. Asimismo, el hecho de estar desempleado en Cuba no constituye ningún tipo de delito; es sencillamente absurdo.

Los “disidentes”

Sin embargo, en el caso de los famosos “disidentes” –entre los que se incluyen muchos de los calificados de periodistas independientes y defensores de derechos humanos, financiados por el Departamento de Estado de EE.UU. y los programas de USAID para promover una “transición” en Cuba— la posesión de grandes cantidades de dinero, en una situación de desempleo, puede constituir una prueba de delito.

Por ejemplo, el “disidente” Oscar Espinosa Chepe estaba en paro desde hacía diez años en el momento de su detención en marzo de 2003; sin embargo, tenía más de 7.000 dólares escondidos en el forro de su traje. Ese dinero podía haber estado en el banco junto con sus otros ahorros, pero lo había conseguido recientemente de un grupo vinculado a Estados Unidos. Del mismo modo, Raúl Rivero, Héctor Palacios, Osvaldo Alfonso Valdés y otros fueron acusados porque había pruebas (entre otras, recibos) de que habían recibido dinero de los programas de EE.UU. destinados a derrocar la Constitución cubana. El informe de HRW hace caso omiso de esta evidencia.

Los mismos grupos de Miami que enviaron el dinero a estos cubanos (aunque la mayor parte del dinero del gobierno usamericano se queda en Miami, lo que provoca conflictos dentro de estos grupos) eran los que habían organizado los atentados de los hoteles turísticos en Cuba en la década de 1990. No es sorprendente que las autoridades cubanas sean intolerantes ante este terrorismo. Las detenciones de marzo de 2003 fueron provocadas por los temores de Cuba de que el régimen de Bush pudiera organizar una invasión al estilo de Iraq haciendo uso de estos agentes pagados.

Tras el informe sobre el Nuevo Castro, HRW mantuvo su campaña en favor de los “disidentes” financiados por Estados Unidos. En enero de 2010 ha exigido que el gobierno cubano “ponga fin de inmediato al hostigamiento del invidente y defensor de los derechos humanos Juan Carlos González Leiva, líder del Consejo de Relatores de Derechos Humanos”. González Leiva encabeza el capítulo de Camagüey de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, un organismo que ha sido financiado por Washington a través de Miami por lo menos durante diez años.

Una parte de la ayuda usamericana a los agentes cubanos pasa por alto a los cubanos de Miami. El gobierno de EE.UU. apoya directamente a los “periodistas independientes”, sobre los que tanto Reporteros Sin Fronteras (RSF) como Human Rights Watch manifiestan su santa indignación. La Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (la embajada usamericana de facto) imprime directamente la Revista de Cuba de la Marquez Sterling Journalist Society, mientras que la revista El Disidente se edita en Puerto Rico pero se distribuye a través de la citada Sección de Intereses.

Esta información se publica con cierto detalle en Cuba, pero es apenas mencionada por HRW, o en cualquier otro informe EE.UU. Dado que el “consenso usamericano” ha descalificado de manera efectiva el sistema cubano en su totalidad, no es preciso tener en cuenta este pequeño detalle. Sin embargo, no puede haber ninguna duda de que los países independientes tienen derecho a la autodefensa ante la subversión y el terrorismo usamericanos. 

HRW no condena el bloqueo de EE.UU.

HRW afirma que los 50 años de bloqueo económico de los EE.UU. sobre Cuba han sido un fracaso, sin embargo, a diferencia de los 187 países que votaron en la ONU en contra del bloqueo en 2009, este grupo con sede en Nueva York no lo condena como una violación de los Derechos Humanos.

Por el contrario, HRW afirma que Cuba utiliza el bloqueo como un pretexto para la represión. Propone un nuevo programa contra Cuba en el que Europa y América Latina se unan a Washington para exigir “la liberación incondicional de todos los presos políticos”, incluyendo “los 53 disidentes aún en prisión desde la oleada represiva de 2003.” Si estas demandas no logran su fin, entonces estos países, incluido EE.UU., “deben ser capaces de elegir individualmente si procede o no imponer sus propias restricciones sobre Cuba.” De hecho, EE.UU. es el único país que impone tales sanciones contra Cuba.

Este tipo de intervención con el pretexto de los derechos humanos es coherente con la política exterior de EE.UU. en América Latina. La eliminación de regímenes independientes molestos ha sido una práctica ad nauseam durante todo el siglo americano y fue siempre apoyada por la elite corporativa de EE.UU. Las campañas de deslegitimación siempre han precedido el “cambio de régimen”, por ejemplo, en Guatemala y Chile. Human Rights Watch, al parecer, no ve un abuso de los derechos humanos en dichas intervenciones.

Compartiendo mesa con agentes de la CIA

José Miguel Vivanco ha formado parte de paneles con Caleb McCarry, designado por el gobierno de Bush como “administrador de la transición hacia una Cuba libre”, sin decir una sola palabra acerca del terrible abuso de los derechos humanos implícito en el hecho de que un país pretenda organizar la “transición política” de otro. En este aspecto, HRW tiene que hacer sus deberes en lo relativo al artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2), que establece: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.”

Vivanco también ha hablado en paneles en los que formaban parte ex agentes de la CIA como Frank Calzón y Carlos Montaner, personas que han organizado personalmente ataques terroristas contra Cuba. En ningún momento se sentó para condenarlos por estos ataques, sino más bien estuvo de acuerdo con ellos sobre el apoyo a los disidentes respaldados por Estados Unidos. Así de flexibles son sus posiciones.

Como recompensa por sus servicios, en junio de 2009 Vivanco recibió un premio del National Endowment for Democracy por su trabajo titulado “La democracia en Cuba”, con lo que quedó claro su vínculo con el gobierno de EE.UU.

Las campañas de propaganda de EE.UU. contra Cuba no han disminuido en medio siglo, y HRW es sólo uno de los colaboradores más recientes. Respondiendo a las quejas de EE.UU. sobre los “derechos humanos y la libertad”, un hastiado diplomático cubano respondió “Por supuesto, EE.UU. tiene una larga historia en esta materia, con los Batista, Somoza, Trujillo, Duvalier, Pinochet, Videla”, en referencia al respaldo de Estados Unidos a los dictadores de Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Chile y Argentina.

Todos los presos con quienes habló Human Rights Watch habían sido liberados. Uno se pregunta qué hubiera dicho en su informe HRW de haber descubierto una prisión secreta cubana donde cientos de personas estuvieran detenidas sin cargos, fueran torturadas y ubicadas fuera del alcance de cualquier sistema jurídico.

En el caso de estos prisioneros –retenidos por los militares de EE.UU. en la Cuba ocupada, en Guantánamo— HRW escribió (en enero de 2010) que el presidente Barack Obama debe “renovar su compromiso” para cerrar la prisión. No hay condena del “abusivo” régimen de Washington por esta maquinaria represiva. Pero, ¿por qué deberíamos esperar tal sinceridad y la autocrítica de la elite de EE.UU.?

La lección que nos enseña el informe de derechos humanos de Human Rights Watch sobre Cuba es que nada nos tiene que enseñar sobre la pequeña isla del Caribe –ya sea en sus debilidades o fortaleza– una sedicente organización de derechos humanos que representa a la elite corporativa y de política exterior usamericana.

N.B. Algunos detalles de los cargos contra los “disidentes” arrestados en marzo de 2003 se publicaron en su momento por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) y permanecen en línea. Para más detalles véase el libro, publicado en 2003, Los disidentes, de los periodistas cubanos Luis Báez y Rosa Miriam Elizalde. El periodista franco-canadiense Jean-Guy Allard, el académico francés Salim Lamrani y la periodista usamericana Diana Barahona han escrito numerosos artículos sobre la financiación por Estados Unidos de estas organizaciones (en su mayoría con sede en Miami, pero también con sede en París: Reporteros sin Fronteras) que colaboran con el gobierno de EE.UU. contra Cuba. Los financiadores de HRW aparecen en los informes anuales de esta organización, y la financiación vinculada figura a menudo en sus informes del país.

Tim Anderson es profesor de economía política en la Universidad de Sydney (Australia).

S. Seguí es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.

Fuente: http://mrzine.monthlyreview.org/2010/anderson160210.html