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Gustavo de Arístegui. EFE
Cuba y Venezuela han sido los dos temas -o las dos caras de una misma moneda; no en balde, Fidel Castro habló de “Venecuba, una única nación” en una visita de Hugo Chávez a la isla en 2005- que han centrado la sesión parlamentaria de control al Gobierno. Primero, el rifirrafe entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el principal líder de la oposición, Mariano Rajoy. Luego, el encontronazo entre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el portavoz popular de Exteriores, Gustavo de Arístegui.
Respecto a Cuba, Rajoy ha retado a Zapatero a invitar a una representación de disidentes cubanos a la Fiesta Nacional a la embajada española en Cuba. También le ha pedido que respalde gestiones necesarias para que la Cruz Roja pueda atender en las cárceles cubanas a los presos políticos. Por último, le ha instado a defender la Posición Común de la UE, política que tanto el ministro Moratinos como el PSOE abogan por su modificación.
La segunda espina de la política exterior española, Venezuela, no le ha deparado mejor suerte a Zapatero; ni a su ministro de Exteriores. El PP, ha insistido Rajoy, quiere que Moratinos comparezca ante el Congreso para dar explicaciones, ya no sólo por las acusaciones que vierte el auto de Velasco como las declaraciones del titular de Exteriores de Venezuela. Los populares también exigen que el embajador venezolano en España se explique.
Zapatero se ha centrado en defender la política de su Gobierno hacia Cuba. Y ha alabado el cuestionado éxito de su gabinete de Exteriores en la lucha contra ETA a nivel internacional. Concluyó: “Puede pedir lo que lo que quiera. Pero antes de pedir, hay que compartir y escuchar”.
Ahora bien, ha sido la interpelación de Arístegui la que más ha enervado los humos de la bancada socialista. Especialmente, del ministro Moratinos. El diputado del PP ha acusado al ministro de poner la asesoría jurídica del Ministerio de Exteriores al servicio del Gobierno de Venezuela. Tal acusación parte del hecho de que el Ministerio se ha demorado una semana en enviar el auto de Velasco a Venezuela.
En declaraciones posteriores a FACTUAL, Arístegui decía: “El Gobierno no puede cuestionar el auto de un juez. Ese no es el procedimiento. Es un buzón. Pero el Gobierno no sólo decide ignorar el auto; sino que decide cuestionarlo. El auto judicial está pidiendo la extradición de esos presuntos etarras. El Gobierno es quien tiene que pedirlo. Y el Gobierno tiene que cumplir el auto del juez. Es un auto de procesamiento. Es cumplir el auto, no cuestionarlo. Y Moratinos lo cuestionó en Granada”.
Arístegui ve con escepticismo el comunicado conjunto que firmaron España y Venezuela: “El que haya firmado un comunicado conjunto no quiere decir que [Venezuela] coopere. Venezuela puede decir que coopera, pero lo que tiene que preguntar el Gobierno español es por qué la DISI [la policía política venezolana] ha entrenado a presuntos terroristas de ETA. Y lo que dije en la pregunta [a Moratinos] fue: si no lo sabía, grave; y si lo sabía, y no ha hecho nada, mucho peor”.
Uno de los argumentos que ha esgrimido Moratinos para defender su gestión es la defensa de los intereses españoles en el país sudamericano. El ministro, visiblemente azorado en su contrarréplica, ha alegado que hay una colonia de 150.000 españoles cuyos intereses hay que defender. Amén de los intereses de las empresas españolas que operan allí.
Estas explicaciones no han contentado a Arístegui: “Imagínate”, ha comentado el diputado a este periódico, “portugueses e italianos -que hay muchos en Venezuela y con pasaporte- y también hay muchísimos intereses económicos de Italia y Portugal… ¿Tú crees, de verdad, que si hubiera una banda terrorista activa en Italia, y hubiera estado cooperando con Venezuela y las FARC, tú crees que Italia habría reaccionado tan tibiamente como España? No te cuento Francia o Alemania”.
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