Moratinos tiende la mano a Raúl Castro, que cobija a etarras. /Efe

No son los 300 guerreros espartanos de Leónidas en el Paso de las Termópilas, pero sí los 100 gudaris etarras de Fidel Castro en Cuba. No están en la isla por turismo ni se han exiliado en busca de una nueva vida tras haber renunciado a la lucha armada. Su nivel económico es superior al del sufrido pueblo cubano y no se reprimen a hablar en euskera cuando pasean por las calles de La Habana. Tienen hilo directo con los generales de la organización en Francia y hasta no hace mucho financiaban a la banda con los beneficios de sus pequeñas empresas. La mayoría reside en los distritos habaneros más pudientes y mantiene unas excelentes relaciones con los servicios secretos del régimen castrista. Incluso, los agentes del G-2, el espionaje cubano, disponen de una vivienda en el Vedado, uno de los barrios más selectos de la capital, para mantener sus encuentros con los etarras. Esa es la cruda realidad de la colonia de ETA en la isla caribeña aunque el Gobierno cubano lo niega. La policía española y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) disponen de pruebas para corroborarlo. Y el presidente Rodríguez Zapatero posee información de  primera mano: el agregado del Ministerio del Interior en La Habana es amigo suyo. El comisario Vicente Cuesta Macho es un leonés que durante la anterior legislatura se encargó de la seguridad de La Moncloa.

Los hechos son tozudos

Los hechos son tozudos: un centenar de terroristas de ETA vive en Cuba bajo el manto protector de las autoridades castristas. El Gobierno cubano, como ha sucedido con Venezuela, esgrime un doble lenguaje desde hace años: reconoce ante España la presencia de 40 terroristas de la banda, a los que afirma tener bajo control, pero silencia la presencia de otros 60 activistas. El Ministerio del Interior español dispone de información parcial del primer grupo pero carece de datos de los 60 restantes que residen en tierras cubanas de manera clandestina, al menos para nuestras Fuerzas de Seguridad. El CNI se ha quejado al Gobierno de que la escasa información que les proporciona el G-2 les  llega de manera sesgada e incompleta. Los servicios secretos castristas conocen las identidades y los domicilios de los etarras y mantienen un rígido control sobre sus movimientos, pero se resisten a facilitar todos esos datos a Madrid. La colonia etarra se reparte en La Habana (en los barrios Miramar, Vedado y alto de Siboney), Vista Alegre, Santiago de Cuba y Matanzas, donde explotaban una granja cerca de la playa.

Las alarmas se han disparado esta semana tras la detención en Francia de José Lorenzo Ayestarán Legorburu cuando preparaba un atentado y tras conocerse las investigaciones del juez Eloy Velasco sobre las conexiones entre las FARC colombiana y los dirigentes etarras José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta.  Los dos últimos, con numerosos delitos de sangre a sus espaldas, residen en Cuba, mientras Ayestarán, aunque estaba afincado en Venezuela, también se desplazaba a menudo a la isla caribeña.

El “temible” G-2, según palabras de un agente del CNI, sólo despierta terror entre los ciudadanos cubanos. Pero con respecto a los intereses de España mantiene un doble juego: “Los miembros de ETA disponen de plena libertad. Oficialmente aseguran que todo está controlado pero sólo nos dan migajas. Ocultan el número de etarras en la isla y  su libertad de movimiento. Viajan y regresan de Venezuela con total impunidad cuando quieren y se mantienen en contacto con la dirección de la banda en Francia. Ese no es el acuerdo al que llegó con Castro el ex presidente Felipe González. Etarras en Cuba, sí. Pero controlados, sin poder abandonar el país y con toda la información a nuestra disposición. Hace 25 años nos pasó lo mismo con Argelia cuando Txomin (Domingo Iturbe) organizó una colonia clandestina al sur de Medea, a espaldas de España, pero los argelinos reaccionaron con lealtad”.

Según las mismas fuentes de la inteligencia española, los dirigentes etarras mantienen hilo directo con los servicios secretos cubanos con quienes se entrevistan periódicamente, como suelen hacer con otros colaboradores o protegidos. El CNI no descarta que algunos militantes de ETA realicen para el G-2 labores de información especialmente en Venezuela y países centroamericanos.

Moratinos no protesta

Desde hace meses el Ministerio del Interior mantiene un pulso con Asuntos Exteriores para que haga llegar sus  quejas a las autoridades castristas, pero el ministro Miguel Ángel Moratinos se resiste a plantear una confrontación por vía diplomática. Finalmente, el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba, ante los silencios del Palacio de Santa Cruz, ha decidido enviar a La Habana una delegación policial de alto nivel para tratar el tema de los etarras clandestinos. El conflicto es muy similar al surgido con Venezuela: la policía venía denunciado la presencia de etarras convictos en tierras venezolanas bajo la protección del régimen chavista, pero Asuntos Exteriores se resistía a cursar la reclamación por vía diplomática.

Las relaciones en materia de seguridad y terrorismo entre España y Cuba no pasan por sus mejores momentos. Las autoridades cubanas expulsaron en mayo pasado a tres agentes del CNI por unas supuestas  actividades secretas en La Habana. La versión oficial era que habían establecido contactos con altos cargos cubanos a espaldas del Gobierno de Castro. Paralelamente, el diario El Mundo publicó que el CNI había enviado a La Habana, también en mayo de 2009, un equipo de expertos antiterroristas para realizar in situ una valoración sobre la colonia etarra. Pero, como se suele acuñar en el argot policial, los agentes españoles también fueron “mordidos” nada más instalarse en La Habana por integrantes del G2 y fueron expulsados sin tiempo para desarrollar su investigación. Tras la salida de Cuba, la reacción de Moratinos, que llegó a entrevistarse con su homónimo cubano en Praga para afrontar el incidente, fue calificada por el CNI de “gran tibieza”.

El CNI ha entregado recientemente al presidente Rodríguez Zapatero un informe en el que le detalla las actividades de la numerosa colonia etarra en Cuba. Para los servicios secretos españoles la diáspora de ETA realiza misiones de logística en contacto con la dirección en Francia y dan refugio a los militantes quemados de la banda. Años atrás los exiliados etarras además contribuían a su financiación por medio de su actividad económica en la Isla. Sin embargo, los informes de los expertos antiterroristas señalan que los etarras viven en la actualidad en una cierta penuria económica. Además mantienen que unos 20 terroristas están contratados por empresas vascas que operan en la isla.

Entre los 60 etarras clandestinos se halla un histórico de la banda, Miguel Apalategi,  Apala, a quien, entre otras acciones, se le atribuye el asesinato en 1976 del dirigente de los polimilis Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. El magistrado Fernando Andreu, que instruye una causa en la Audiencia Nacional sobre la desaparición del dirigente histórico de ETA, ha oficiado recientemente a la Policía un escrito para dar con su paradero.

El ex presidente del Gobierno Felipe González llegó a un acuerdo con Fidel Castro en 1984 para que media docena de etarras fueran deportados desde Francia a la isla, vía Panamá, y fijaran allí su residencia bajo el control de la policía cubana una vez que renunciaran a toda actividad terrorista. La mayoría era militantes históricos procedentes de ETA PM-VIII Asamblea y sus familiares que habían sido expulsados de Francia.

En el documental El Comandante, realizado por el director norteamericano Oliver Stone, Fidel Castro afirma que ETA sólo dispone en Cuba de media docena de miembros y que están en la isla por razones humanitarias y apartados de toda actividad terrorista.

Pero ese compromiso político fue roto por el Gobierno castrista que optó por amparar a peligrosos miembros de  la banda terrorista con historiales sangrientos. La Unidad Central de Información Exterior de la Policía (UCIE), en sendos informes elaborados en 1998 y 2004, comunicó a sus superiores del peligro de Cuba en la logística de ETA. Para la UCIE era prioritario intensificar los contactos con Cuba y Venezuela para terminar con aquellos santuarios. Con Nicaragua y México sí lograron una estrecha colaboración. Los expertos antiterroristas se quejaban de que la colonia etarra en Cuba se había multiplicado por cinco y utilizaba la isla como plataforma para financiar a la banda.

El desaparecido Cesid avisó en otro dossier remitido al Gobierno de la presencia en Cuba del terrorista José Ángel Urtiaga sobre quien pesaba una orden internacional de busca y captura y una petición de extradición. Urtiaga era el responsable del colectivo etarra y controlaba una serie de sociedades que servían para apoyar económicamente a la dirección de la banda. Vivía en Miramar y era tratado por los cubanos como un hombre de negocios. Ahora Urtiaga reaparece en el auto del juez Velasco como uno de los integrantes del comando etarra que instruyó a las FARC colombiana.

La comunidad etarra en Cuba llegó a montar todo un entramado societario para apoyar económicamente a la dirección en Francia. La Audiencia Nacional desmanteló en 2002 una trama financiera en torno a la sociedad Gadusmar que se dedicaba a la importación y exportación de pescado. La sociedad con oficinas en el puerto vizcaíno de Bermeo canalizaba los fondos a través de otras empresas en Panamá, Venezuela y Cabo Verde. Algunos de los socios eran militantes históricos de ETA como Carlos Ibarguren, Nervios, durante tiempo jefe del aparato financiero de la banda, Agustín Azkárate y Abrisqueta Corta. Este último figuraba en el registro mercantil cubano como representante de la sociedad vasca Ugao, con sede en Vergara.

La detención de Ayestarán

La Audiencia Nacional dispone de numerosa documentación que verifica las actividades de la banda en Cuba. En el sumario 35/2 del juez Garzón contra la dirección de HB por su colaboración con XAKI, la plataforma de apoyo financiero a ETA, aparecen un sin fin de referencias a la implicación de Cuba en el entramado etarra. La policía intervino al batasuno Gorka Martínez una carta dirigida a José Angel Urtiaga Martínez, con residencia entonces en La Habana, con el siguiente texto: “Haz llegar a nuestro amigo Renán esta breve carta que le envío… Hay ciertos detalles que, por seguridad, no son necesarios exponer”.

Cuando mencionaba a Renán se refería a Renán Montero, un alto responsable del Ministerio del Interior cubano que formó el servicio de contraespionaje nicaragüense en el Gobierno sandinista. El etarra Apala, con residencia en Cuba, fue su jefe de seguridad. En la misiva, el remitente utilizaba un lenguaje críptico, según él, por medidas de seguridad.

Según las investigaciones policiales, ETA siempre ha dispuesto de un aparato internacional para dar cobertura y refugio a los miembros de la banda que huyen a Suramérica. También se ha encargado de facilitarles ayuda para impedir las extradiciones, como sucedió con Ayestarán en Venezuela, o de llevarles dinero o documentación falsa.

La policía española, desde que en 1998 entregó a sus superiores del Ministerio del Interior los primeros informes sobre la presencia incontrolada de etarras en Cuba, se encuentra de manera periódica con pruebas que demuestran las actividades delictivas de la colonia etarra. Los expertos de la lucha antiterrorista han detectado desde hace años, a través de pinchazos telefónicos y del estudio de los documentos intervenidos a los comandos, que los etarras exiliados en Cuba y Venezuela siguen manteniendo una comunicación fluida con la dirección afincada en Francia. La detención de Ayestarán en Normandía hace unos días demuestra que el colectivo etarra en Venezuela y Cuba sigue activo. Desparecidos los santuarios de México y Nicaragua por la colaboración de los Gobiernos de esos países el eje del mal americano de ETA se sitúa entre Caracas y La Habana. La lucha antiterrorista posee datos que manifiestan plena libertad de movimiento de los etarras entre estos dos países. La presencia en Venezuela de más de 50.000 trabajadores cubanos, que origina un tráfico importante de inmigrantes, facilita asimismo el tránsito de etarras de un país a otro.

La colonia etarra en Cuba siempre ha sido la más hermética de América. Ha puesto en práctica un exhaustivo sistema de filtrado para admitir a sus miembros. Se ha dado la circunstancia de que alguno de sus militantes ha acabado en Venezuela después de ser rechazado por el colectivo cubano.

A raíz de la expulsión de los tres agentes del CNI en mayo pasado, el ministro Moratinos se refirió a ese incidente como algo intrascendente y avaló las “excelentes relaciones” entre España y Cuba, a la que calificó como “país amigo”. El titular de Asuntos Exteriores consideró que aquello era “una retirada temporal”. Pero la realidad es muy distinta: España un año después sigue sin completar la delegación del CNI en La Habana, que ha llegado a disfrutar en algunas épocas hasta de una decena de agentes. Miembros de los servicios secretos  responden a Moratinos de que esa “amistad” debería manifestarse en una colaboración transparente en la lucha antiterrorista. Sobre todo, en un exhaustivo control policial sobre los 100 gudaris de Fidel.