Daniel Luna es uno de los responsables del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de México, que lidera la resistencia en Chiapas contra las multinacionales mineras canadienses que ocupan las tierras indígenas. Luna y dos dirigentes más están amenazados de muerte, dos líderes campesinos ya han sido asesinados y la represión en las comunidades se agrava.
DIAGONAL: ¿Por qué se ha amenazado a los integrantes del FNLS?
DANIEL LUNA: Pretendemos cambiar el capitalismo porque es incapaz revertir la situación de los 80 millones de pobres, en un país de 115 millones de habitantes. Una de nuestras luchas es el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. El Gobierno mexicano ha hecho concesiones mineras a empresas canadienses por valor de un millón de hectáreas en la Sierra Madre de Chiapas. La mayoría son tierras comunales, y en México esos terrenos están protegidos por la Constitución. No se pueden vender, ni afectar, ni embargar y son imprescriptibles. Además, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado mexicano, que lo firmó, a consultar a sus propietarios. Pero no preguntó a los indígenas. Las multinacionales sacan oro, antimonio, zinc… Empezaron con engaños, dijeron que eran de la universidad y querían estudiar los minerales. Pero practican la minería a cielo abierto, la más contaminante, que provoca enfermedades (cáncer, leucemia) y están contaminando los ríos y abriendo carreteras en la selva.
D.: ¿A cuántas comunidades afecta la explotación minera?
D.L.: A muchas, dos son pueblos mayas, el Jakalteco y Muchó, a punto de desaparecer. La riqueza está en el Sur: agua, biodiversidad, minerales, petróleo, gas... Explotaron ya el resto del país. Llegó la hora de privatizar los recursos de Chiapas, desalojar Montes Azules, comunidades zapatistas, los sitios más bellos, para hacer la autopista turística.
D.: ¿Cómo organizan la resistencia contra las multinacionales?
D.L.: Hicimos asambleas con los campesinos y se han organizado para resistir. Pero el Gobierno trata de contenerlos con represión y asesinatos. La táctica es conocida. Primero, ahonda en las divisiones que surgen, porque las multinacionales ofrecen escuelas, trabajo. Se rompe el tejido social. Después inicia una campaña mediática y después la represión.
D.: Chiapas sufre la represión militar por defender sus tierras.
D.L.: Sí. En noviembre de 2008 convocamos una rueda de prensa y, dos días después, entraron en las casas de los compañeros que intervinieron, Yolanda Castro y Jaime González. Se inició la persecución. Se inició la represión. En agosto de 2009 detuvieron al dirigente, Mariano Abarca, en el municipio de Chicomuselo, que luchaba contra la multinacional Black Fire, cuya actividad afecta a la salud de la población. Lo detuvieron y, sin juicio, lo metieron en una prisión de máxima seguridad, a 2.700 kilómetros. Lo liberaron pero tres meses después lo asesinaron. En septiembre incendiaron el centro de mujeres indígenas K’inal Antsetik, en San Cristóbal, donde estudian jóvenes de comunidades antimineras. Más tarde, otro líder campesino, José Hernández, fue detenido por la policía, dos compañeros que trataban de evitarlo fueron asesinados. Mientras, el Gobierno de Chiapas hace públicas las acusaciones ante los medios del país. Acusa al FNLS a un sacerdote, al obispo de Chiapas, Samuel Ruiz (35 años en San Cristóbal y mediador entre zapatistas y Gobierno) y al director del Centro San Bartolomé de preparar un levantamiento armado para 2010. Dicen que tenemos vínculos con el cartel de la droga más peligroso del país y que nos incautaron un gran arsenal. Nos acusan de narcotraficantes por defender a los indígenas. Algunos medios rectificaron. Pero la persecución sigue. Hace dos meses mataron a otro dirigente campesino, el profesor Abelardo Mérida. Otra compañera, Margarita Guzmán, que denunció a la policía por allanamiento, fue secuestrada, le dieron una paliza y la amenazaron con matar a sus hijos.
D.: ¿Esta criminalización se ha generalizado en México?
D.L.: Es una estrategia del Gobierno contra movimientos sociales y grupos de izquierda. Se criminaliza sin pruebas y se justifica la militarización. La justicia no existe. Además, la represión afecta a los periodistas, México es el país más peligroso para el periodismo en Latinoamérica, por delante de Colombia, según la Sociedad Interamericana de Prensa.
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