Un trabajador cubano dormita sobre una carretilla... Otro, sentado en un pedrusco, se limpia las uñas con un alambre. Sólo un tercero da unos golpes de cincel en un murete, tampoco demasiados. La escena es de ayer mismo, y esta brigada estatal que trabaja a las afueras de La Habana es representativa de lo que sucede en todo el país; en la Cuba socialista uno puede comer en una cafetería de 10 mesas atendida por 20 empleados, hay empresas con tantos inspectores y vigilantes como obreros y la plantilla nacional de dirigentes supera las 380.000 personas, casi un 9% de los trabajadores estatales.

Raúl Castro lo admitió hace tiempo: los salarios no alcanzan. Obviamente, ganar el equivalente a 15 euros al mes no estimula la productividad, pero el problema de las plantillas infladas no es menos grave. El 4 de abril, el presidente cubano reconoció que en el sector estatal sobran un millón de puestos de trabajo. Una barbaridad; esto representa uno de cada cuatro cubanos que trabaja para el Estado.

Si durante medio siglo el pleno empleo ficticio fue un emblema de la revolución, como la educación y la salud, hoy lastra la economía y entrampa la salida de la crisis. Con 11,2 millones de habitantes y una fuerza laboral de 4,9 millones de personas -de las que más de cuatro millones trabajan en el sector estatal-, Cuba se encuentra en una encrucijada. Un millón de trabajadores sobrantes es un grave problema político, pero hacer esta reconversión es de necesidad imperiosa, advierten los economistas.

El Gobierno ha adelantado que las soluciones del pasado no son una opción. Antes, a los trabajadores cesantes se les enviaba a casa con una prolongada garantía salarial o se les ofrecía la posibilidad de estudiar, cobrando el sueldo completo. Eso se acabó.

Salvador Mesa, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el sindicato único, afirmó que la "reubicación" se hará "con orden" y que "nadie quedará abandonado". El país, dijo, "no dispondrá de fórmulas mágicas, los puestos de trabajo tenemos que crearlos en los municipios, como en la agricultura y la construcción". Precisamente, este es uno de los problemas. "Mucha gente no quiere reconvertirse de oficinista en campesino o albañil. ¿Qué van a hacer?", expone un sociólogo.

"Si se quiere desinflar esas plantillas en las que casi todo el aire lo ha puesto la política paternalista del Estado, habrá que permitir que los que pierdan sus improductivos puestos laborales puedan hacer cualquier actividad que no sea delictiva", opinó recientemente el escritor Guillermo Rodríguez Rivera. "Hacerlos abandonar sus empleos para echarles encima el mar de prohibiciones que existen para realizar cualquier trabajo, mandaría directamente a esa masa a delinquir", afirmó, en un artículo publicado en la página web de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

La salida, según la mayoría de los analistas, es de cajón: el Gobierno debe extender la iniciativa privada y fomentar cooperativas y pymes en los sectores que el Estado es incapaz de administrar con eficiencia. Para Rivera, las "nuevas empresas empezarían a ser una alternativa laboral, a cuyos empleos podrían aspirar muchos cubanos".

Mordido por la realidad, el Gobierno realiza algunos tímidos experimentos en esta línea. En varios municipios de La Habana se ha entregado la gestión de las peluquerías a los trabajadores, que han de pagar un impuesto mensual de unos 34 euros al mes. También, a modo de experiencia piloto, se ha permitido a un pequeño grupo de taxistas que exploten por cuenta propia el vehículo del Estado a cambio de un impuesto, ocupándose ellos del mantenimiento.

"El reordenamiento laboral" de un millón de trabajadores es un reto descomunal, y "lo hecho hasta ahora es irrisorio", asegura un economista. Además, dice, está "la desconfianza".

"El primer objetivo es el resurgir de estas formas de producción y no crearle obstáculos que más bien parecen pretender su fracaso", afirma Rivera, que pide "confiar en la probada diligencia del cubano para llevar adelante una empresa que de veras le importe". Han pasado cuatro décadas desde que, en 1968, Fidel Castro acabó por decreto con la mayoría de los negocios privados. Ahora, en este 51º Primero de Mayo de la Revolución, son vistos por muchos como la salvación.