Toque de queda en Miami. Ni es una broma, ni tampoco es Bangkok. Parcial y juvenil, pero toque de queda en la capital del sol de Florida, donde ya todo parece posible. A partir del 1 de mayo, los menores de 17 años no podrán circular solos por las calles a partir de las 23.00 de domingo a jueves, y a partir de las 24.00, viernes y sábados. Sí podrán hacerlo acompañados por mayores de edad (21 años) o si justifican su salida de casa, por razones de trabajo o deporte, por ejemplo.
Lo sorprendente es que se aplicará una ley en vigor desde 1994, pero que no se ponía en práctica. La polémica está servida. Desde los padres, que lo ven como una estupenda medida para el control de sus hijos, hasta quienes la consideran inconstitucional, al recortar libertades, e incluso racista, pues parece dirigida especialmente a los jóvenes negros.
Cuando se cumplen estos días dos aniversarios emblemáticos para los cubanos, los 30 años del éxodo del Mariel, y los 10 de la devolución a La Habana del niño Elián González, la controversia no ha surgido esta vez de la comunidad mayoritaria del exilio. El promotor ha sido el comisionado afroamericano Richard P. Dunn II, elegido en sustitución de Michelle Spence-Jones, imputada por distintos delitos. Su distrito, con zonas como Liberty City y Overtown, es un Harlem en Miami con su peor cara. Los tiroteos y muertes son moneda habitual, muchos de ellos protagonizados por jóvenes.
Delincuencia juvenil
La violencia y los delitos relacionados con las drogas siguen siendo una plaga en muchos lugares de Miami. En apenas una semana han aparecido cuatro cadáveres flotando en el Cayo Vizcaíno y en distintos canales. La crisis económica ha hecho proliferar los robos en casas aisladas y las escuelas no han escapado a la delincuencia.
Muchos padres han pedido al alcalde, Tomás Regalado, que implante la medida. Lina está encantada: “Me parece estupendo. ¿Qué hacen los jóvenes a esas horas por la calle? Buscándose problemas. Donde tienen que estar es en su casa y durmiendo para ir temprano al día siguiente a la escuela”.
“Tolerancia cero”, anunció la policía. Los agentes que detecten a algún joven circulando por las calles fuera del horario permitido lo llevarán -no lo detendrán, salvo que cometa un delito- a la comisaría correspondiente y avisarán a los padres para que vayan a recogerlo. Si no lo hacen, lo trasladarán hasta su casa y si es reincidente, se empezará a investigar la razón por la cual está en la calle a esas horas. A la cuarta o quinta infracción, no sólo tendrán que pagar 500 dólares, sino también pasar por un programa de familia educativo y correccional.
La ley puede convertirse en un arma de doble filo. Algunos abogados opinan que es inconstitucional, porque atenta contra el derecho a la privacidad y por eso en Tampa y Orlando ya no se aplica. Leyes similares a las de Miami fueron derogadas por el Tribunal Supremo de Florida en 2005. Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) es un ataque a la libertad y le ve un tufo racista, como ha ocurrido históricamente. Su abogado en Miami, John de León, ha declarado que si llegan a notar que se aplica contra las minorías presentará una demanda.
Los padres, además, tienen un problema delicado por la práctica habitual de los niños, inculcada en la escuela, de llamar a los servicios de emergencia y policía cuando tienen un problema. Jorge está preocupado porque los padres no tengan suficiente autoridad para imponer el toque de queda a sus hijos: “¿Dónde está el límite entre la simple disciplina y los castigos o prohibiciones para evitar que los jóvenes salgan a la calle? Porque ellos pueden denunciar a la policía y considerarse un abuso infantil. Tremenda jodedera”.
Antonio señala: “La mayoría de los jóvenes no son malos y van a pagar por una minoría de delincuentes. Lo que tiene que hacer la policía es dedicarse a ellos y ahora van a perder el tiempo con cuatro despistados. Además, el gran problema es la sociedad violenta que hemos creado, las armas de fuego que circulan libremente y las drogas. Esto parece un parche y no va a traer más que problemas sin aportar gran cosa”.
Dunn reconoció que no es la única solución y la calificó como “una medida preventiva para proteger a nuestros jóvenes”.
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