El traspaso de poderes de Fidel Castro a su hermano Raúl, en julio de 2006, desató en Cuba una esperanza de cambio, alentada por el propio régimen.

Tres años después, la realidad no puede ser más sombría: el aparato de represión castrista no sólo no ha sido desarticulado, sino que funciona a todo vapor. Así lo ha constatado Human Rights Watch (HRW), que ha presentado un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

Al menos 40 disidentes han sido encarcelados en esta etapa, en la que los arrestos arbitrarios, las farsas judiciales y los malos tratos siguen a la orden del día. La organización exige una “presión efectiva” para forzar la liberación de los presos políticos y critica la estrategia de acercamiento al régimen cubano impulsada por el Gobierno español.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, es contundente: “Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano”. Las 123 páginas del informe, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba, dan cuenta de un patrón sistemático de abusos no solo contra los opositores, sino contra cualquier cubano que pretenda ejercer los derechos más elementales.

Para ello el régimen recurre a una batería de leyes y de figuras (desobediencia, insubordinación, desacato) que penalizan cualquier forma de disenso. El Gobierno, constata HRW, siente especial predilección por la “más orwelliana” de estas medidas: la ley de peligrosidad, que permite, incluso, castigar a los ciudadanos antes de que hayan cometido un delito, por el mero hecho de que resultan sospechosos. “Esta disposición es netamente política y define como peligrosa a cualquier conducta contraria a las normas socialistas”, señala el informe.

Con semejante laxitud, la lista de víctimas es muy variada. Distribuir ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos le ha costado al habanero Jorge Barrera una condena de diez años; Ramón Velásquez, que emprendió una caminata a favor de los derechos humanos, fue condenado a tres años de prisión. No es necesario promover la apertura democrática en Cuba, como hacían Alexander Santos o Juan Luis Rodríguez Desdín, para dar con los huesos en la cárcel después de juicios sumarios: basta con estar desempleado (a los disidentes se echa del trabajo y luego se les encarcela por no tener empleo) o, simplemente, con buscarse algún ingreso al margen del Estado para intentar sobrevivir (el sueldo medio en Cuba no llega a los 15 euros al mes).

Human Rights Watch ha acreditado el encarcelamiento de al menos 40 personas por motivos de conciencia, pero asegura que hay muchos más que no han podido documentar. En prisión siguen también 53 de los 75 disidentes -periodistas y activistas humanitarios- detenidos en la llamada Primavera Negra de 2003. Los presos de conciencia superan los 200.

El organismo destaca las “condiciones inhumanas” de las cárceles cubanas, marcadas por el hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición y las enfermedades. Pero además, los presos políticos se enfrentan a malos tratos que “pueden alcanzar el nivel para ser considerados torturas”. Además de las palizas, son sistemáticas la reclusión en celdas de aislamiento, la prohibición de visitas familiares y la desatención deliberada de los problemas de salud. En tres casos, por lo menos, los prisioneros políticos han sido encerrados en celdas ocupadas por enfermos de tuberculosis.

Para elaborar el informe, los investigadores de HRW mantuvieron más de 60 entrevistas clandestinas sobre el terreno -el Gobierno no autoriza las misiones de observación internacional-, y también vía telefónica desde Nueva York. El trabajo se ha realizado a lo largo del último año.

Además del encarcelamiento, el régimen de Raúl Castro recurre a lo que los disidentes llaman “represión de baja intensidad”: desde multas a detenciones breves, actos de repudio – agresiones por parte de turbas- o amenazas tanto a los opositores como a sus familiares o vecinos, que convierten la vida cotidiana en un infierno de aislamiento y de temor.

Ante este panorama, HRW pide a la comunidad internacional que ejerza “una presión efectiva” que, actualmente, brilla por su ausencia. De entrada, recomienda a EE UU que levante un embargo comercial que ha resultado “contraproducente” y se ha convertido en el mejor pretexto del régimen para reprimir a su población. El varapalo se extiende a los Gobiernos latinoamericanos, cuyo silencio (cuando no el apoyo abierto, como en el caso de Venezuela, Bolivia o Ecuador) perpetúa el clima de impunidad y represión.

El Gobierno español es también objetivo de la crítica de la organización humanitaria, por su pretensión de desmantelar la llamada la Posición Común de la UE, que condiciona la cooperación con Cuba al respeto a los derechos humanos. “Poner fin a la ‘posición común’ de la UE equivaldría a consentir la represión”, asegura el informe. Por el contrario, HRW insta a trazar una estrategia internacional coordinada, para forzar la liberación de todos los presos políticos. Esa coalición multilateral debería tomar en consideración sanciones “lo suficientemente graves como para que tengan un impacto real en el Gobierno cubano”.