Según fuentes de toda credibilidad en Bogotá, el presidente Álvaro Uribe pretende rematar sus últimos días de gobierno siendo parte central de una campaña mediática internacional. Ya está entregando a varias Comisiones Rogatorias Internacionales, en Europa y América Latina, supuestas “pruebas” para que se investigue a colombianos y nacionales por presuntos nexos con “banda terrorista”, o sea con las guerrillas colombianas, con fines de extradición.

Pero esto sólo sería parte de una estrategia, pues el objetivo central es “demostrar” que las actividades políticas y de solidaridad de estas personas tienen la complicidad de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Los hilos se están manejando desde Washington, con el pleno apoyo del gobierno de Madrid.

Se prepara otra masiva campaña de desprestigio contra los gobiernos de Caracas y La Habana. Ya vimos el morboso escándalo organizado contra Cuba por la muerte de un delincuente común, convertido en “disidente político”. Y vemos que en España se insiste en que las FARC y ETA están unidas con la complacencia del gobierno del presidente Chávez.

Por tanto no debe de extrañar que, en unos días o pocas semanas, los medios de prensa empiecen a publicar artículos en primera página sobre esas vinculaciones, basándose en informaciones entregadas por fuentes “fidedignas”. Desde ahora es muy fácil saber lo que contendrán.

Se dirá que las “pruebas” provienen de los computadores del jefe guerrillero asesinado, Raúl Reyes. Eso sí, se omitirá que hasta el mismo ex Cónsul de Francia en Bogotá, ex agente de la Dirección General de la Seguridad Exterior francesa, DGSE, y enviado de su gobierno para negociar la liberación de Ingrid Betancourt, Noel Saez, las trató de falsas en su libro “L’Emissaire”.

Los grandes medios ignorarán que el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz, de la unidad judicial antiterrorista de Colombia, DIJIN, y encargado de hacer el informe sobre los computadores, dijo, sobre la gravedad del juramento, que no existían correos electrónicos en las tales computadoras, precisando: “Lo que Reyes almacenaba eran archivos Word y Microsoft”. Y, como sabemos, su contenido es elemental para manipular o muy simple de inventar.

Otras “pruebas” provendrán de confesiones de supuestos desmovilizados de las FARC o del ELN. No se darán sus nombres, y de seguro que ni durante los juicios, si a ello se llegara. Claro, con el pretexto de su “seguridad”. Práctica que fue muy normal en los lejanos tiempos de la Inquisición, en las no muy lejanas dictaduras, en los “juicios” realizados contra los presos de la base estadounidense de Guantánamo, y normal en Colombia. (*)

Los artículos a grandes títulos, o abriendo emisiones radiales o de TV, también dirán que los servicios de seguridad colombianos obtuvieron tales y tales pruebas “fehacientes”, después de años de “minuciosa” investigación.

Es lo que está por venir dentro de pocos días.

Está por verse qué otros gobiernos, además del español, se prestarán para encausar a los residentes colombianos, o a sus propios ciudadanos, y amenazarlos con entregarlos a las temibles autoridades colombianas. Ojalá no se “olvide” que esas “pruebas” están siendo entregadas por un Gobierno del que sobran evidencias concretas, objetivas y exhaustivas sobre su relación directa con el narcotráfico y el paramilitarismo, además de ser responsable de muchos crímenes de lesa humanidad, y ser uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo.

Esperemos que los intereses económicos y la presión de Washington no estén por encima de la ética judicial y la conciencia humana y política. Y que esos señalamientos no se utilicen contra las soberanías y la dignidad de Venezuela y Cuba.

Periodista y escritor, colaborador de Le Monde Diplomatique.

(*) Leer en Rebelión: “Cómo se criminaliza a los defensores de los derechos humanos”, 28/03/2010

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