Los derechos humanos en el continente americano 

Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.

·  Estados Unidos 

Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo.10

Además, «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez».11

AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA » y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder.12

AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq».13

AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009.14

La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».15

Según AI, «decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica».16

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI17

AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior».18

Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo».19

Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009.20

·  Brasil 

La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%».21

La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado».22

En Brasil, «las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación.23

Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009.24

Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas.25

·  Canadá 

Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».26

La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».27

El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación».28

 

Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo.29

Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser.30

·  Colombia 

En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla.31

AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio».32

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».33

El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe del Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces».34

En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI.35

Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación».36

·  México 

En México, más de 6.500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».37

AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron».38

Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada».39