“La productora considerará de buena fe los aportes efectuados por el personal del Sistema Nacional de Medios y acogerá sus sugerencias con respecto al contenido de cada uno de los capítulos y su realización”, dice el punto 2 del contrato, que no hace ningún esfuerzo en disfrazar las órdenes o actos de censura previa. Las sugerencias, está dicho, son para ser cumplidas.

El programa “6,7,8” se emite por Canal 7 todas las noches (menos los sábados) y se caracteriza por su crítica sistemática a quienes no piensen como el gobierno de Cristina Kirchner y una denigración permanente al periodismo, al que se coloca en el supuesto arco opositor. Los ataques contra los periodistas de Clarín , son motivo de risas y comentarios jocosos, ya que los coloca como simple escribas de órdenes destinadas a transmitir “mala onda” contra el Gobierno. Claro, es el Gobierno quien elige el contenido del programa.

La Radio y Televisión Argentina (RTA), que agrupa a todo el sistema mediático oficial, hasta ahora fue conducido por el cineasta Tristán Bauer. Fue él quien firmó los contratos con la productora (en total, cuatro), que establecen los pagos -por más de 11 millones de pesos al año- y el control de contenidos. En el punto 2 de todos los documentos está la cláusula de la “supervisión”, que establece que la RTA está “autorizada a examinar las grabaciones, las ediciones, cualquier grabación de sonido, pistas de sonido, imágenes y… y cualquier otro material.” Hasta ahí, cierta lógica de los medios, que tienen derecho a decidir qué se publica y qué no. Pero éste contrato va mucho más allá. Establece que Bauer designa a una persona de su confianza, una especie de delegado o comisario político, al que la productora le debe permitir y “garantizar el acceso a todas las locaciones y estudios de post-producción”. También puede “asistir a las principales reuniones de producción”. ¿Hay más? Sí. La productora está obligada por contrato a informarle al canal quiénes serán sus invitados y a cambiarlos si al canal no les agrada .

La censura ya se hizo visible, al menos una vez, en julio de 2009, cuando el programa tuvo una repentina interrupción, justo cuando los panelistas hablaban sobre las sospechas sobre el patrimonio de los Kirchner. De pronto, la señal cambió a un partido de voley.

A pesar de tener bajo rating (apenas ha superado alguna vez los tres puntos de audiencia), el ciclo se destaca entre todos los del canal, un canal público que debe garantizar más que ningún otro la diversidad de opiniones. El eje del ciclo son pequeños videoclips editados y conversaciones amables entre los panelistas fijos y los invitados (esos que debe aprobar el canal), sin consultar jamás a las voces a las que se critica. Como show televisivo, no resulta casual que haya sido Jorge Rial, el zar del chisme, quien difundió los contratos la última semana. Ni las autoridades de Canal 7 ni la productora desmintieron la información. Los periodistas del ciclo, algunos de ellos de trayectoria, probablemente no puedan hacerlo .

La productora de Gvirtz, Pensado para la Televisión , ganó fama y reconocimiento en el mundo de la tele gracias a sus programas humorísticos TVR y Duro de Domar . Éste último se transmitió en el canal América 2, luego en Canal 13 y ahora en Canal 9 . Con los contratos con el canal del Estado a la vista, resulta gigante la anécdota de la salida de Gvirtz de América 2, hace ya casi tres años.

Es que fue escandalosa.

Gvirtz se fue del canal a los gritos, denunciando censura porque las autoridades se habían negado a pasar un programa al que había sido invitado Mario Pontaquarto, confeso en el escándalo de las coimas del Senado de la Nación en tiempos de la Alianza. Ocho años después, Gvirtz ya no denuncia censura; ahora la acepta “de buena fe”. Lo dice su contrato.

Otro punto de interés en los contratos, son los costos que tiene el programa para el Estado. El ciclo se inició como una propuesta de 13 programas, pero luego se fue extendiendo en el tiempo y en la cantidad de salidas al aire. También los costos, que aumentaron a un ritmo vertiginoso. Para los primeros programas, se le pagó a la productora 20 mil pesos por cada emisión. En otro contrato, ya para el ciclo de este año, se decidió pagar mucho más: 760 mil pesos más IVA por mes (a 30 mil pesos por programa), además de 50 mil pesos por cada uno de los programas emitidos los domingos. Esto significa que, de mantenerse durante todo el año, la productora cobrará 11.520.000 pesos del Estado.

¿Está justificada esa plata? De acuerdo al contrato, la productora debe hacerse cargo del sueldo del conductor Luciano Galende (ex periodista de Canal 13 ) y los columnistas Orlando Barone (ex Clarín y La Nación ), Sandra Russo (ex Radio Mitre y Página12 ), Carla Czudnowsky (ex Telefé y Canal 13 ), Cabito Masa Alcántara y Carlos Barragán (con un largo paso por Radio Mitre) . La primera conductora del ciclo, María Julia Oliván, lo abandonó acusando la “radicalización” del programa.

La productora, sigue el contrato, también debe cubrir el costo de la edición de los videos que dan cuerpo al programa, más los sueldos de asistentes y editores.

Nada dice sobre quién debe pagar a los reidores que alientan las bromas del piso durante los programas. El canal, por su parte, aporta el estudio de grabación, el decorado y los costos de cámaras y salida al aire. Comparten, el canal y la productora, los ingresos que reciben por la publicidad no tradicional, conocida como PNT. Y por supuesto, también la “buena fe”, esa que los asocia, esa que deben aceptar los columnistas, a su pesar y el de todos.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)