Los colombianos llevan casi dos años esperando que los responsables de los llamados 'falsos positivos' de Soacha sean castigados. Y nada. El proceso anda lento y lleno de dificultades. Lo de Soacha no es el único. Investigaciones de decenas de posibles ejecuciones extrajudiciales de civiles en diferentes regiones del país fueron trasladadas a la justicia ordinaria por jueces penales militares. Algunas de estas acciones judiciales habían comenzado aun antes de que estallara el escándalo de Soacha, en octubre de 2008.

Muchos de estos casos siguen sin esclarecerse en la justicia ordinaria y los responsables están libres. Varios de los episodios más preocupantes ocurrieron en Urabá.

SEMANA investigó y consiguió decenas de fotografías, grabaciones, informes forenses y declaraciones de testigos directos que dejan en evidencia la existencia de decenas de casos de posibles ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2008, aún desconocidas por el país. Son tan solo una muestra del horror que se trata de esconder en la impunidad.


 Estos dos menores de edad fueron presentados como muertos en combate en Urabá.


La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía no ha podido identificar a varios de los muertos.

Gran parte de lo que hoy se revela se debe a la labor de un juez penal militar llamado Alexánder Cortés.

En marzo de 2007, Cortés llegó a Carepa para hacerse cargo del Juzgado 94 Penal Militar. Aunque aún faltaban varios meses para que el escándalo de los 'falsos positivos' fuera de conocimiento nacional, Cortés descubrió que algo irregular estaba ocurriendo con las bajas en combate que reportaban las diferentes unidades de la brigada 17. Sin dudarlo, y cumpliendo las normas, empezó a trasladar los casos sospechosos a la justicia ordinaria. A pesar de la animadversión de los militares, envió decenas de casos a la Fiscalía para que los investigara, y empezó a desempolvar otros cuantos de posibles ejecuciones extrajudiciales anteriores a 2006 que estaban archivados en el juzgado.

En junio de 2009 fue trasladado a otra brigada en Boyacá y a principios de 2010 Cortés fue destituido. El juez penal militar, con documentos en mano, se defiende e insiste que fue declarado insubsistente injustamente (ver entrevista "Capitán nunca juzgará a coronel").


Las investigaciones por estas muertes fueron trasladadas por la Justicia Penal Militar a la Fiscalía.

En el corazón de las tinieblas

Los casos investigados por Cortés en Urabá son espeluznantes. El 5 de septiembre de 2007, un comunicado de la Séptima División había reportado exitosas operaciones contra la guerrilla: "Efectivos del Batallón Voltígeros, Unidad orgánica de la Décima Séptima Brigada, en zonas rurales del municipio de Carepa, sostuvieron enfrentamiento armado con integrantes de la quinta cuadrilla de las Farc, durante los contactos que tuvieron lugar en la vereda Pedragoza el Reposo, y en el sitio conocido como El Palmar, la tropa dio muerte en combate a dos de los delincuentes, lográndose incautar armas largas", afirmaba el parte militar.

Pero, al investigar, Cortés encontró el caso cuestionable. Según las fotos, uno de los presuntos guerrilleros dado de baja, Jesús Alfonso Bedoya, se enfrentó a las tropas del Ejército armado con una vieja pistola. Más extraño aún es que el presunto integrante del frente quinto de las Farc sufría de insuficiencia renal y, según el hospital de Carepa, de anemia falsiforme. Las personas con esta enfermedad hereditaria sufren dolores lumbares y dificultades para moverse, y tienden a cansarse muy fácilmente.

De hecho, pocos días antes de aparecer muerto había estado hospitalizado, como lo demostraron las investigaciones posteriores. Y la noche anterior a su deceso había tenido fiebre alta.


Los dedos Cinco de los seis muertos reportados por el Ejército como bajas tenían puestos los dedos de forma artificial sobre el gatillo de los fusiles. Las pruebas forenses de absorción atómica demostraron que ninguno disparó.

Al caso de Carepa le siguió otro pavoroso. Ocurrió el 4 de abril de 2008. Ese día la Séptima División del Ejército emitió un comunicado en el cual daba cuenta de los resultados de operaciones militares desarrolladas por varios batallones adscritos. "La mayor ofensiva de las tropas se presentó en zona rural de la vereda La India en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, cuando tropas adscritas a la Décima Séptima Brigada, en desarrollo de operaciones de control militar de área activo, neutralizaron en combates durante las últimas horas, seis presuntos integrantes de las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, Bacrim", dice uno de los apartes del comunicado. La noticia sobre esa acción permanece hasta hoy como un "exitoso operativo militar".

Sin embargo, desde el momento mismo de esos hechos fue evidente para el juez Cortés, que realizó la inspección en el lugar de los supuestos combates, que se podía tratar de un 'falso positivo'. Entre los muertos había menores de edad, y saltaban a la vista graves irregularidades. Los cuerpos de casi todos los muertos estaban en posiciones anormales para hombres que supuestamente habían estado en combates. La ropa que tenían muchos de los muertos les quedaba grande. La mayoría estaban con botas nuevas. Algunos tenían granadas colgadas en los pantalones, algo realmente peligroso ya que por la forma en la que supuestamente las llevaban estas podrían estallar en cualquier momento. Uno de los menores de edad incluso tenía puestas las botas al revés.

Los cuerpos aparecieron en un campo abierto sobre una carretera. No es un lugar habitual para el tránsito de guerrilleros fuertemente armados y menos para un combate. Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate (ver imágenes).

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que investiga el caso, aún no ha podido identificar a las seis personas muertas. En parte, según explicó la Fiscalía a SEMANA, debido a que varios eran menores de edad y por eso no se ha podido judicializar a ninguna persona por los hechos.

'Falsos positivos' a la carta

Dos meses después, el 10 de junio de 2008, ocurrió otro hecho que gracias a las investigaciones del juez penal Cortés se ha develado que puede ser otro 'falso positivo'. SEMANA conoció una conversación grabada que da cuenta de cómo algunos militares de la brigada 17 planeaban estos crímenes.

En una de estas conversaciones, el capitán Duván Hernández, del batallón Voltígeros de la brigada 17, llama a su superior, un coronel, quien lo primero que le pregunta es: "¿Cuántos muertos van?". El capitán le responde que hasta ahora va uno "con todo" y le dice a su superior que hubo combates. El coronel le enfatiza que hay que decir que son miembros de las Farc. Tras esa comunicación, el capitán comenzó a hacer llamadas desesperadas a distintas personas, presumiblemente paramilitares de la región. En una de las comunicaciones el oficial llama a un paramilitar para contarle que tiene una baja pero que hay un "inconveniente" y es que el muerto está desarmado y necesita plantarle un arma.

El paramilitar le ofrece una pistola, y el oficial le pide un fusil. Tras varias llamadas, el hombre le consigue al oficial un arma para que la ponga al lado del muerto (ver recuadro Grabaciones. Así se planeó un 'falso positivo'). Funcionó. Al día siguiente de las llamadas, el Ejército expidió un comunicado con los resultados operacionales de la Séptima División, en el que afirmaba que: "La ofensiva castrense dejó como resultado la muerte en combate de un guerrillero de la quinta cuadrilla de las Farc, en hechos ocurridos en la vereda Remigio del municipio de Chigorodó, Antioquia, cuando tropas del Batallón 'Voltígeros' realizaban operaciones de registro y control de área; en la acción militar fue decomisado un fusil y una granada".

Entre agosto de 2008 y abril de 2009 se registraron en total 17 casos sospechosos de ser 'falsos positivos' por parte de miembros de la brigada 17. Durante ese período el comandante de esa brigada era el brigadier general Jorge Rodríguez, que tan solo estuvo al frente de esa unidad nueve meses, y luego fue trasladado al cargo de jefe de Derechos Humanos del Ejército.

Los anteriores episodios son tan solo tres muestras de casos de 'falsos positivos' que el país no conocía.

Cuando se descubrió la macabra práctica y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, empezó a tomar correctivos, muchos jueces penales encontraron un respaldo y empezaron a trasladar a la justicia ordinaria centenares de casos sobre ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía inició las investigaciones.

Así, a lo largo de más de un año, casos como los de Soacha y Ocaña, en Norte de Santander, que son los más conocidos por la opinión pública, comenzaron a avanzar. La directora de la justicia penal militar, Luz Marina Gil, valientemente lideró el proceso de las investigaciones por 'falsos positivos'. Ella renunció a mediados del año pasado. "Fue como frenar en seco y volver al pasado. Las amenazas y presiones para no trasladar los casos a la justicia ordinaria empezaron a aumentar. Las directivas que se habían trazado para enviar los casos a la (justicia) ordinaria en 2008 prácticamente se reversaron. La situación se volvió insostenible, no solo por las amenazas, sino porque aquellos que insistíamos en dar traslados de los casos, en el mejor de los casos, sencillamente los declaraban insubsistentes sin ninguna razón, y los botaron por la puerta de atrás. Esos casos quedaron en nada", dijo a SEMANA una fuente conocedora del tema, quien pidió mantener su nombre en el anonimato.

Esta posición, sin embargo, contrasta con la versión de la actual dirección de justicia penal militar del Ministerio de Defensa. Hay un incremento sustancial en el presupuesto, que demuestra el compromiso de proveerles herramientas a los jueces para sus investigaciones. Dicen que hay un seguimiento extremadamente cuidadoso de los casos sensibles de derechos humanos y que no ha habido un despido injustificado y masivo de jueces.

Es preocupante que casos tan perturbadores como lo que ocurrió en Urabá en estos años sigan en la impunidad.

Fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a SEMANA que el problema no es la justicia penal militar sino de la falta de resultados de la Fiscalía. Este tire y afloje entre las dos justicias pone a tambalear los avances del Ejército en materia de derechos humanos y legitimidad, ingrediente indispensable para proteger efectivamente a la población civil y desvertebrar a la guerrilla.