Meta, Colombia. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de La Cantina –poblado de la región de La Macarena, departamento de Meta– Jhonny Hurtado fue uno de los informantes de la misión británica Justice for Colombia, la ONG que dio la voz de alerta internacional sobre la existencia de lo que puede ser la mayor fosa común de la que se tenga noticia hasta ahora. Fue asesinado el 15 de marzo.

Norma Irene Pérez, campesina y madre de cuatro niños, asistió y testificó en la audiencia pública organizada en La Macarena el 22 de julio pasado, en presencia de seis eurodiputados y varios legisladores colombianos. El siete de agosto fue secuestrada en la vereda La Unión. Su cuerpo acribillado fue encontrado una semana más tarde.

El 25 de julio, tres días después de la audiencia y ya en los últimos instantes de mandato, Álvaro Uribe realizó una gira fuera de programa a la base militar de La Macarena, situada en lo alto de lo que fue por años un tiradero de cadáveres para el ejército. Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días, a alimentar calumnias contra el ejército de la patria. Muy bueno tener eso documentado, para enfrentarlos, dijo en uno de sus últimos discursos desde su investidura presidencial. El ahora comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la investigación sobre el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, en Gaza, prometió a oficiales y soldados que aun sin ser presidente seguirán contando conmigo para defenderlos en cualquier sitio del mundo, con toda determinación.

Con todo el respaldo de Uribe

Cada uno interpretó el mensaje a su manera. Un pelotón de soldados de una brigada móvil lo tomó como licencia para matar. Refiere el penalista Edinson Cuéllar, del Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, que lleva el caso de La Macarena ante la justicia colombiana y ante la Corte Penal Interamericana: Tres días después del viaje de Uribe, en una vereda (caserío) llamado La Siberia, soldados de la Brigada Móvil 12 dispararon ráfagas de ametralladora contra un peladito de apenas nueve años, Óscar Inocencio Oviedo. Dijeron que estaba en un lugar no permitido.

A pesar de estos sangrientos antecedentes, la denuncia penal se sigue abriendo paso. La Fiscalía de la Nación aseguró el terreno anexo del cementerio para preservar los indicios. Y en agosto de 2009 la directora Nacional de Investigaciones Especiales Alexandra Valencia presentó el expediente a la Comisión Nacional de Búsqueda (dependiente de la procuraduría) para que proceda a los peritajes que permitan identificar los aproximadamente dos mil cuerpos que ahí se encuentran.

Su carta cimbró las estructuras encargadas de preservar la impunidad sobre hechos como este porque fue la primera vez que en medios oficiales se admitía tal número de cuerpos NN en esas fosas. Por supuesto la funcionaria fue despedida de manera fulminante.

Ahora estamos pidiendo la creación de una Comisión Investigadora específicamente para La Macarena con presencia internacional y de la sociedad civil. Pero esto apenas es el punto de partida. Nos vamos directamente a la Corte Penal Interamericana, explica Cuéllar.

Vencer el miedo

Los defensores de derechos humanos en las ciudades colombianas suelen pertrecharse detrás de puertas blindadas. Sus abogados y dirigentes se mueven en vehículos a prueba de balas. Quienes se relacionan en el entorno de los derechos en Colombia no suelen contestar llamadas de números que no reconocen.

Según cifras del Programa Protección a Defensores de Derechos Humanos entre 2002 y 2009 más de mil activistas fueron víctimas de todo tipo de agresiones: asesinato, amenaza, atentados, detenciones arbitrarias, torturas y penalización.

A pesar de todo, la memoria pugna por hacerse un lugar en la historia. Los observatorios, las audiencias y las misiones internacionales se multiplican para documentar los crímenes de guerra y hechos de violencia cuya responsabilidad cae mayoritariamente en el ejército y las policías y las bandas paramilitares protegidas por el propio gobierno. A contracorriente de la versión oficial, las investigaciones demuestran que no son las FARC las principales generadoras de violencia y violaciones.

La resistencia ha logrado vencer el miedo. Denuncias como la del caso de La Macarena no ocupan grandes titulares en la prensa corporativa pero abundan las vías de difusión alternativas, como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP, una instancia jesuita; el portal Verdad Abierta, que documenta el fenómeno paramilitar, Movimiento de Víctimas contra los Crímenes de Estado, Colombia Nunca Más, Nuevo Arco Iris, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras.

Pero es sobretodo el trabajo de acompañamiento y denuncia de las organizaciones de base lo que ha permitido jalar la hebra de los casos emblemáticos de la violencia en Colombia. En el caso de La Macarena son los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y los representantes del Colectivo Fals Borda, en las antiguas zonas del despeje en Caquetá y Meta, los que, a fuerza de vivir en los caseríos selváticos y representar legalmente a las víctimas desde hace ocho años, literalmente se juegan la vida por sacar esto a la luz pública.

Explica en entrevista Edinson Cuéllar: “Empezamos a trabajar en la región que abarcó el despeje (desmilitarización para facilitar el proceso fallido de diálogo con las FARC de San Vicente del Caguán) justo en el momento en el que se rompió la negociación y se ordenó la ofensiva militar para recuperar territorios en seis municipios del Meta y Caquetá. Con los sucesivos Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y ahora el Plan de Consolidación Integral, que le llaman, la guerra se puso muy tenaz. El comité del Bajo Ariari y nosotros representamos a las víctimas sobre todo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales.

Fuimos testigos de cómo la guerra empezó a rebasar los límites de la contrainsurgencia y a golpear a la población civil. Antes decíamos que si queríamos encontrar dónde había enfrentamientos había que buscar el pollo asado, porque eso es con lo que premiaban a cada soldado cuando había una acción exitosa. Pero luego no fue el pollo asado nada más. Con las recompensas monetarias el problema de los falsos positivos se extendió, haciendo verdaderos estragos.