Puzzle jurídico cubano.
Amparada en la defensa de la soberanía nacional, la policía política en Cuba está utilizando métodos de contención contra la disidencia interna que no son dictados por tribunales, ni se contempla su ejecución de tal manera en la Constitución o el Código Penal.
La reclusión domiciliaria, los arrestos y la prohibición de salir o entrar a provincias determinadas son parte de la represión de baja intensidad que se practica al silencio y al compás de una política de ordeno y mando. Con las oficinas de Atención de quejas a la ciudadanía y las fiscalías militares a sus pies, la llamada Seguridad del Estado aplica el torniquete de una jurisprudencia improvisada que aplasta a los más débiles.
Ex-presos políticos como Abel López Pérez y Anderlay Guerra Blanco de Guantánamo, han recibido de boca de oficiales de la Contrainteligencia la prohibición de salir del primer y segundo anillo respectivamente, de la ciudad. ¿Lo dictó un juez? ¿Está en la carta de libertad? ¿Es una disposición especial dictada sólo para inconformes sociales? Nadie lo sabe.
Dos amigos juristas de la oficialidad que estudiaron conmigo en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba dicen que sí, que es un acto violatorio pero “los poderes se pliegan a la manu militari”. Hasta ahora le he preguntado a muchos disidentes a lo largo de toda la isla si alguna vez les han presentado una orden detención firmada por un juez y me han dicho que no. Jamás. Igual sucede con el extendido margen de la Citación oficial, que se aplica verbalmente o en un papelito cualquiera que no figurará en ningún archivo. Si el citado por el oficial se niega, entonces queda automáticamente detenido, pero su nombre nunca aparecerá en el libro de registro del cuartel policial como un detenido. A los ojos de las estadísticas que pudieran servir para un recuento esa persona nunca estuvo allí. Así de enrevesado está el sistema jurídico cubano.
Las fiscalías militares en provincia reciben de mala gana las denuncias contra sus colegas, y más cuando son por parte de opositores pacíficos. Las oficinas de “Atención a la población” tienen un endiablado mecanismo de recepción de la denuncia, notificación de la investigación y resultados de la misma, que hace desistir de la queja al más optimista.
Ante tal desamparo jurídico son pocos los que se atreven a jugar ese ajedrez diabólico donde la Policía Política hace de un Dios supremo para mover fichas blancas y negras a la vez.
Así de muerta queda la letra de la Carta Magna
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