Los documentos publicados por Wikileks no han hecho sino comenzar a levantar ampollas. En nuestro país, dos nombres ya han salido a la palestra: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Supuestamente, ambos ayudaron a Estados Unidos a archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses, de acuerdo a la información filtrada por la web Wikileaks.
EEUU maniobró en la Audiencia Nacional a través de su Embajada en Madrid, llegando a "utilizar" a fiscales y altos cargos españoles para interferir en las investigaciones abiertas por el 'caso Couso', los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo, según informa el diario 'El País'.
En los documentos diplomáticos filtrados por el portal Wikileaks figuran cientos de telegramas enviados por las embajadas de Estados Unidos y el Departamento de Estado durante los dos últimos años y que revelan parte de los problemas que heredó Barack Obama para ubicar a los presos de la cárcel de Guantánamo. El Gobierno de EE.UU. llegó a ofrecer cantidades de dinero a otros países para que accedieran a ello. Entre ellos, Washington llegó a ofrecer al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hasta 85.000 dólares por cada preso que acogiera en España. Finalmente, España aceptó a tres presos de Guantánamo, un palestino, un yemení y un afgano.